Hoy me voy a meter con gran número de conciudadanos. Me parece que esto no se puede llamar murmuración, ¿no?
Leo en la penúltima página de Expansión el resultado de una encuesta entre sus lectores (no dice cuántos contestaron). La pregunta: «¿Deben trabajar los familiares de miembros del Gobierno en empresas privadas?». Mi buen amigo Ricardo Jiménez, coautor de un libro sobre cómo deben escribir los abogados, habría dado un bote, si hubiese leído la pregunta. Porque, entiendo yo, «deben» significa «tienen el deber o la obligación de». Y, claramente, esto no es lo que preguntan. Pero vamos a nuestro tema.
El 88,1% contestan que no. De ahí el título de este post: parece que sospechan que los familiares de los miembros del Gobierno harán sus trapicheos, tendrán negocios poco claros, usarán información privilegiada,… En fin, serán malos profesionales, o directivos, o empleados, o lo que sea. Y no diré yo que esto no pueda ocurrir. Pero me preocupa que una sociedad tome la sospecha como punto de partida. No es bueno. En todo caso, ¿por qué nos atribuimos el derecho a negar a otra persona el desempeño de un empleo o cargo legítimo? ¿Por meras sospechas?
O quizás la pregunta está mal planteada, y debería decir algo así como «¿Cree usted que las empresas privadas [o públicas: ¿no? ¿O acaso la información privilegiada no enriquece a los gestores de los asuntos públicos lo mismo que a los privados?] deben tomar precauciones a la hora de contratar a personas relacionadas con los miembros del Gobierno; que esas personas deben tomar algunas medidas para evitar que su conducta incurra en casos de corrupción, tráfico de influencias, información privilegiada, etc.; y que aquellos miembros del Gobierno deberían también tomar medidas para que esas conductas no se produzcan?
Pero, claro, al final de esa pregunta el lector se sentiría mareado y, probablemente, no contestaría a la encuesta, que es lo que el periódico quiere. Y, al final, el principio de «piensa mal y acertarás» se impone.
Estoy de acuerdo en que la pregunta se podría haber formulado de otra manera (como habitualmente es el caso y según qué se pretenda, en cuyo caso la pregunta estaría sesgada…). De todos modos, en el caso conreto del marido de la Sra. de Cospedal, no resulta lo más apropiado fichar a alguien tan próximo al actual Gobierno en un momento de reforma eléctrica donde REE ya ha sido penalizada por los mercados, en vistas de las medidas de la reforma que le van a afectar.
Es por ello, mi querido profesor, que cuidar de una buena reputación tiene, a la larga, su premio. La ciudadanía está harta de tanta prevaricación, imputados, cohechos impropios y milongas que solo nos llevan a utilizar la máxima «Vuestra Reputación os precede». En éste caso, la reputación sectorial.
Personalmente, he de reconoceer, que me cuesta mucho distinguir el político recto e íntegro del corrupto. No sé, será asunto de la edad, digo yo.
Está claro que resulta injusto ese enfoque de ‘piensa mal …’. Pero, al menos en este caso, concurrían otros hechos que hacían -si no sospechoso- si un poco chocante. El marido de la señora Cospedal forma ya parte de un buen número de consejos de administración; ¿a qué añadir otro, bien sustancioso por cierto, cuando era del todo previsible la notoriedad que de los medios iban a dar al nombramiento con el consiguiente barullo nacional?
Siguiendo con el argumento, ¿por qué se acepta como práctica común el uso de las empresas con participación del Estado como retiros dorados para los dinosaurios de la política? El caso Salgado es clamoroso. Habiendo -como hay- una legislación de incompatibilidades, ¿por qué no atenerse a ella, en vez de mirar para otro lado … Hoy por tí, mañana por mí?
Se hace un flaco favor al prestigio de la política como actividad y a las instituciones. Alguien -¿por qué no este Gobierno?- debería empezar recorrer el camino hacia la regeneración.