Archivo del Autor: Joan Fontrodona

Pero, vamos a ver, ¿somos o no somos diferentes?

Una reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la prohibición de usar el pañuelo islámico en el puesto de trabajo no constituye una discriminación directa contra quien pretende llevarlo. La condición que pone el TJUE es que exista una norma interna en la empresa que favorezca una política de neutralidad, vetando el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso, y que además esta política de neutralidad se aplique de forma congruente y sistemática.

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Es esperable que un tribunal de justicia se apoye en argumentos legales: si existe una norma previa nadie puede sentirse discriminado, porque ya estaba avisado. Pero, desde el punto de vista moral, no es suficiente con que exista una norma; en todo caso se traslada el problema, porque entonces habría que preguntarse si esa norma es moralmente aceptable o no. ¿Es ético redactar una norma que imponga la neutralidad respecto a signos religiosos, políticos o filosóficos?

De entrada, un primer punto a debatir sería la oportunidad de que estos tres aspectos se equiparen. No hablamos de lo mismo cuando nos referimos a creencias religiosas que cuando se trata de planteamientos filosóficos u opiniones políticas. El fenómeno religioso es mucho más íntimo a la naturaleza humana que los otros aspectos. Un análisis de antropología cultural nos permitiría concluir que lo religioso está en todas las culturas, porque es inherente a la naturaleza humana la creencia en algo superior a lo que se presta cierta reverencia. Despojar al ser humano de la dimensión religiosa es despojarlo de algo que le resulta muy íntimo. Es curioso que hoy en día alguien pueda ir al parlamento con una camiseta con alusiones políticas (hay algunos que no saben vestir de otra forma) y que en cambio se prohíba cualquier señal de identidad religiosa. ¿Alguien puede explicarme la lógica?

En segundo lugar, pretender una neutralidad de todas las personas que forman un colectivo, y, más aun –como dice el TJUE-, que esa neutralidad sea congruente y sistemática, es imposible. Somos necesariamente distintos, y estas diferencias van a comparecer, queramos o no. ¿Hasta donde llega esta neutralidad? Primero, se pretende que no manifestemos exteriormente nuestras diferencias; luego, quizás se nos querrá imponer la neutralidad en nuestras conductas, y aun en nuestras opiniones. No se trata de negar las diferencias, se trata de que sepamos convivir respetando las diferencias. Es también curioso que en nuestra sociedad, donde precisamente se exalta la diversidad hasta el punto de inventarnos más diversidad de la que naturalmente existe –no sólo se la protege como derecho, sino que se fomenta su expresión y se persigue a quienes la niegan-, en cambio, cuando llegamos el hecho religioso, lo que se pretende es silenciarlo, neutralizarlo. ¿Alguien puede explicarme la lógica?

declaracion universal dd hhPretender conseguir la igualdad a base de uniformizarnos, de negar las diferencias -a base de volvernos a todos iguales- no deja de ser una opción empobrecedora en lo social, negadora de la libertad individual. propia de planteamientos colectivistas para quienes los individuos sólo se explican en función del todo. ¿Dónde queda en este planteamiento la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice explícitamente que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (..) así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”? Puede ser útil recordar que este derecho se engloba dentro de los llamados “derechos de primera generación”, que protegen los derechos civiles y políticos –derechos de libertades- que, en el momento de la redacción y aprobación de la De
claración, fueron aceptados a regañadientes por el bloque de países comunistas.

El derecho a la libertad religiosa no debería ser conculcado por una norma de empresa que pretende precisamente negar –neutralizar- este derecho. Lo que estaría mal entonces no sería la manifestación pública de las creencias religiosas, sino la norma que pretende limitarla. Lo único que justificaría limitar este derecho sería si entrase en conflicto con otro derecho del mismo rango. Por ejemplo, si el derecho a expresar mis creencias religiosas entrase en conflicto con un tema de seguridad ciudadana: una cosa es llevar el velo y otra el “burka”, donde no sabemos quien está detrás. Pero, mientras no haya un conflicto de derechos de esta envergadura, hay que estar a favor de la libertad. No se trata de uniformizarnos -¿recuerdan el famoso anuncio de 1984 de Apple?-, de negar lo que nos diferencia. Una igualdad que se basa en negar las diferencias –y en último término las libertades- es la igualdad de los regímenes totalitarios que tanto dolor ha causado en la historia de la humanidad.

O sea ¿que ahora resulta que alguien puede ir por calle enseñando la raya del trasero y no puede ir con la cabeza cubierta?, ¿ahora resulta que si me atiende una señorita con un escote que le llega hasta el ombligo eso es neutral, y si me atiende con el velo islámico es ofensivo?, ¿ahora resulta que manifestar en público mis tendencias sexuales es un avance social, pero manifestar mis creencias religiosas es delictivo? Pero, ¿qué me estás contando?

La ética de los negocios inclusivos

He estado dos días participando en la Conferencia Internacional sobre Negocios Inclusivos, organizada por la Fundación Codespa. Por negocios inclusivos se entiende aquellas actividades económicas que incorporan en su cadena de valor a las personas más pobres –englobadas en el término “base de la pirámide”. A través de estas iniciativas no sólo se busca reducir la pobreza, sino también generar un mayor acceso a oportunidades de mejora económica y social en las comunidades donde estas iniciativas se llevan a cabo. Si alguien quiere profundizar más aquí hay un enlace a una publicación de la Cátedra “laCaixa” sobre este tema.

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A lo largo de los distintos paneles hemos repasado las principales etapas a las que se enfrentan las empresas y organizaciones que se embarcan en este tipo de negocios: cómo identificar las oportunidades de negocio; cuál es el rol de los distintos actores que participan en los negocos inclusivos, así como los incentivos y riesgos que se les presentan; cómo se ponen en marcha estos negocios, y cómo se mantienen en el tiempo.

A mi me tocó responder a una pregunta complicada: ¿es ético ganar dinero con los negocios inclusivos? Es una pregunta pertinente, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de negocios, por tanto de actividades con afán de conseguir una rentabilidad económica. No estamos hablando de acciones filantrópicas, que donan dinero sin esperar ningún retorno económico. Habrá quien, ante este planteamiento, cuestione la aceptación moral de hacer dinero con gente que vive con 3 euros por día. La entrada de fondos de inversión en instrumentos financieros diseñados para apoyar a estos negocios (ya sea por la vía de créditos, ya sea aportando capital) cuestiona todavía más esta disyuntiva entre los objetivos sociales y la rentabilidad económica de estos proyectos.

Dar una respuesta directa de “sí” o “no” a una cuestión así es complicado. Lo que sí me atrevo a hacer es proponer una lista de principios que deben tenerse en cuenta a la hora de responder a esta pregunta. Habría que considerar al menos estas tres cosas:

1. Hay una tendencia humana a la solidaridad. Los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad, y eso nos lleva a sentirnos solidarios con las cosas que les pasan a nuestros prójimos. En un mundo globalizado como el nuestro, el prójimo puede estar muy lejos. La solidaridad nos lleva a compartir las penas y las alegrías de los demás. Esta tendencia natural responde a un principio ético que existe en todas las culturas, que se conoce como la regla de oro de la ética, y que puede formularse así: “trata a los demás como te gustaría ser tratado”.

La solidaridad se ha expresado muchas veces a través de acciones de caridad o de filantropía hacia los demás. Hay una catástrofe humana y nos mueve a dar nuestro tiempo o, al menos, nuestro dinero. Pero la caridad no es la única forma de expresar la solidaridad. Los negocios inclusivos pueden ser vistos como una alternativa a la filantropía. Según se mire es, incluso, una alternativa mucho más respetuosa con esas personas, porque no solamente les damos un dinero, sino que, en el proceso, les damos unos conocimientos y unas habilidades que les mejoran. No sólo les damos pescado, sino que les enseñamos a pescar

2. Las cosas más importantes en la vida no son susceptibles de un precio de compra y venta. Cuando les ponemos un precio, las mercantilizamos, las instrumentalizamos, dejan de ser valiosas por sí mismas. Sin embargo, es cierto que a veces tenemos que valorar las cosas, aun las más valiosas. La vida no se puede valorar, pero suscribimos un seguro de vida y nos ponen un precio a nuestra vida; tenemos un accidente y cada uno de nuestros miembros tiene un valor distinto.

Hay otro gran principio de la ética que está en el trasfondo de esto. Kant daba diversas formulaciones de su imperativo moral que debía guiar la acción humana; una de ellas decía: “trata a las personas siempre como si fuesen un fin en sí mismas, y nunca como un simple medio”. Lo cierto es que nos usamos unos a otros como medios para conseguir cosas: uso a los que trabajan conmigo para conseguir unos resultados; uso a los clientes para conseguir unas ventas; y ellos me usan a mi y a los productos que les ofrezco para satisfacer sus necesidades. Kant no nos dice que no los usemos como medios, sino que, aun cuando los usemos como medios, veamos a los demás como seres valiosos en sí mismos, que deben ser respetados en su dignidad, y no sólo como medios para conseguir nuestros objetivos.

Hacer negocios con la base de la pirámide no significa instrumentalizar a esas personas. Los incorporamos a nuestra cadena de valor, pero eso no significa que los veamos como “medios para”, sino que hay que verlos con la dignidad que se merecen. Con una frase del WBCSD que se ha citado estos días: “no se trata de hacerse con una parte más grande del bolsillo de esta gente, sino de hacer que el bolsillo de esa gente se haga más grande”.

3. Es también una tendencia natural del ser humano la de pensar mal. Basta con que alguien haga algo bueno para que inmediatamente pensemos que debe haber alguna “intención oculta” que le lleva a portarse así. Lo cierto es que en la vida se da un mix de intenciones por las que hacemos las cosas, y esto no está mal.

Las empresas deben intentar siempre en sus acciones combinar dos objetivos: ser económicamente eficientes y ser socialmente responsables. No se trata de plantear estos temas en términos de disyuntivas -o hago las cosas bien o gano dinero- sino en términos de sinergias: doing good and doing well. Ahora bien, a veces no se puede combinar los dos aspectos, sino que hay que optar por uno o por otro, y es entonces cuando se prueba la convicción de las personas y de las empresas por la ética. Hacer las cosas bien –ser socialmente responsable- y conseguir ganar dinero con ello, no hay nadie en su sano juicio que lo rechace. Este no es el problema. El problema, la prueba del algodón de la ética, es justamente el caso opuesto: cuánto estoy dispuesto de dejar de ganar por hacer las cosas bien. Como me matizaba un asistente a la conferencia, llegará un día en que la pregunta será “cuánto estoy dispuesto a perder por no hacer las cosas bien”, pero mientras llega ese día, me conformo con la formulación más realista.

¿Qué intenciones les mueven a las empresas y organizaciones para entrar en estos negocios inclusivos? Pues, un poco de todo. Y no está mal que sea así. La prueba, de todos modos, será cuando se encuentren en la disyuntiva y tengan que decidir si dan primacía a la rentabilidad sacrificando el impacto social, o dan primacía al impacto social sacrificando la rentabilidad. Si hay fondos de inversión que entran en estos negocios y no son capaces de sacrificar sus objetivos de rentabilidad por otros objetivos sociales, es de esperar que el propio sistema los expulse.

A partir de estas tres consideraciones, que tienen que ver con el sentido de solidaridad, con la dignidad de la persona humana –y el desarrollo personal que implica-, y con la primacía de las personas sobre la eficiencia económica, cada uno puede sacar su propia respuesta a la pregunta de si es ético ganar dinero con la base de la pirámide. La mía es que por supuesto que sí; lo que importa es ver cómo y cuánto –o a costa de qué.

Junto con el business case, que justifica estas iniciativas en términos puramente económicos y financieros, hay también un moral case de los negocios inclusivos, que se mide en términos de desarrollo humano y social. Es más, me atrevería a decir que–aunque muchas veces no se mencione explícitamente- es la razón que está en el trasfondo de lo que mueve a la gente a trabajar en estos negocios inclusivos, como hemos visto en muchas de las experiencias que nos han contado durante estos días.

Rebeldes con causa: entre el cumplimiento de la ley y la desobediencia a la ley injusta

Una de las características que definen el Estado Democrático de Derecho es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera sus autores o los que están encargados de hacerla cumplir. Es más, estos últimos deben ser especialmente ejemplares en su cumplimiento. Tanto es así que el incumplimiento de esos deberes se considera un abuso de poder, sancionado por el Derecho Penal como un delito de prevaricación.

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Por otra parte, es bueno no olvidar que las leyes hechas por los hombres tienen las limitaciones propias de quienes las redactan, y pueden incluso ser leyes injustas. En el Derecho Natural se distingue entre la ley natural, que es la proyección de la ley eterna en el mundo y en las criaturas racionales, y la ley positiva, que comprende las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de la sociedad. La ley natural es universal e inmutable; la ley positiva puede y debe cambiar, cuando sea necesario.

Cuando en clase pregunto por personajes de la historia que son considerados referentes para la humanidad, siempre se mencionan los mismos nombres: Gandhi, Martin Luther King, Jesucristo,… últimamente Nelson Mandela. Son personajes de la historia que tienen algo en común: se opusieron a las leyes vigentes en su tiempo por considerar que esas leyes eran injustas, porque iban en contra de derechos y valores éticos fundamentales de la persona humana.

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Elevar una ley positiva a la categoría de “sagrada” es un error teórico que puede tener también sus consecuencias prácticas y políticas. Pero, calificar una ley positiva como “injusta”, con las consecuencias prácticas de legitimar moralmente el incumplimiento de esa ley, puede ser una frivolidad, que quien tiene responsabilidades de gobierno debe saber ponderar en su justa medida.

La diferencia entre prevaricación y desobediencia a la ley injusta puede ser una línea muy fina, que -como siempre que hablamos de cuestiones éticas- queda en manos del juicio –bien razonado y fundamentado sobre hechos objetivos- de quien hace esa valoración.

Es cierto que el hecho de calificar una ley como injusta no implica necesariamente desobedecer a esa ley. Alguien puede considerar que una ley es injusta y decidir –por determinadas razones- cumplir la ley. Un caso paradigmático de la historia es el de Sócrates, que fue condenado injustamente a morir, y, a pesar de tener la posibilidad de escapar, decidió acatar el veredicto. Lo que sí sucede es que considerar injusta una ley otorga legitimidad, como posible alternativa de acción, a la desobediencia a esa ley.

Ahora bien, dadas las consecuencias que se siguen de desobedecer la ley, las razones que justifiquen, por una parte, calificar una ley como injusta y, por otra, concluir que la mejor alternativa ante esa ley injusta es desobedecerla deben ser muy claras y contundentes.

Fijémonos de nuevo en los casos históricos que hemos mencionado antes. Se trata de situaciones en las que se lesionaban de forma flagrante derechos humanos básicos, y en las que parecía no haber –o haberse agotado- otras alternativas. No basta con que la ley –a título individual y colectivo- no me guste o me impida hacer algo que me parece mejor. Debe haber una ponderación seria de razones y deben explorarse otras vías de acción. A título individual, es una buena medida de prudencia -que asegura la rectitud de intención- buscar el consejo de un tercero. Cuando la cuestión se plantea a nivel colectivo, pueden establecerse mecanismos que aseguren que hay algo más en juego que opiniones legítimas pero enfrentadas, por ejemplo, a través de mayorías cualificadas.

Charles Peirce decía que en cuestiones prácticas debemos vivir el principio de conservadurismo, que aboga por no precipitarse en cambiar lo que va (suficientemente) bien. En la experimentación científica pueden asumirse riesgos, pero en la experiencia práctica –donde las acciones tienen consecuencias reales- hay que ser más precavido. En el mundo jurídico, este principio se expresa en aquel “in dubio, pro reo” –en la duda, hay que estar a favor del reo-, y aquí el reo es la ley, que, mientras no se demuestre lo contrario, debe tenerse por justa, y debe ser respetada, especialmente por quienes tienen la función de velar por su cumplimiento.

Puedo aceptar que alguien que tiene responsabilidad de gobierno piense en conciencia que debe desobedecer una ley por considerarla injusta. Pero, sabiendo que arrastra tras de sí a toda una sociedad –buena parte de la cual no comparte su visión-, me quedaría más tranquilo si me explicase que ha llegado a esta conclusión después de una reflexión racional y ponderada. No vaya a ser que teniéndose por héroe no sea en realidad más que un frívolo.

Posverdad, la palabra del año

Cada año el diccionario de Oxford elige un término como “la palabra del año”. Este año el término elegido ha sido “post-truth”, que puede traducirse al español como “posverdad” (en este link puede encontrarse una explicación de por qué “posverdad” es preferible a “post-verdad”).

Posverdad_The EconomistLa razón que dan los de Oxford para su elección es que, si bien el concepto de posverdad se ha usado desde hace décadas, su uso ha aumentado en los últimos meses a raíz de acontecimientos como el referéndum sobre la Unión Europea en Inglaterra y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Posverdad se define como lo relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.

Aunque el término pueda ser reciente (parece que la primera vez que se utilizó fue en 1992 en relación con el Irangate y la guerra del Golfo Pérsico) lo que el término denota –a saber, que la verdad es considerada como algo prácticamente irrelevante en el debate público- se remonta a muchos siglos antes, hasta los mismos orígenes de la Filosofía Moderna, allá por el siglo XVII.

Antes de esta época, en la Filosofía Clásica, se aceptaba –de forma generalizada- que las cosas eran lo que eran y que el ser humano podía llegar a conocer la verdad de esas cosas; quizás no conocía toda la verdad, pero, esa parte de verdad que conocía, la conocía de verdad. Además, de ese conocimiento se podía deducir cómo las cosas debían ser tratadas.

Esa armonía entre lo que las cosas son, cómo son conocidas y cómo deben ser tratadas se problematizó con la llegada de la modernidad. Algunos dudaban de si las cosas realmente son cómo las conocemos (Descartes); otros dirían que conocemos las cosas en su apariencia pero no podemos llegar a conocerlas en su sentido más profundo (Kant). Los más idealistas concluirán que lo verdaderamente real son las ideas (Hegel); otros adoptarán una postura más existencial y acabarán por decir que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace (Sartre).

Problematizada la verdad, sólo nos quedan las opiniones. Por eso, mientras que en la filosofía clásica el centro de atención es la realidad (las cosas como son) y, entonces, de lo que se trata es de buscar la verdad de esta realidad -conocer las cosas como son-, en la modernidad el centro de atención es el ser humano, que tiene su opinión sobre esa realidad con la que tiene una relación difícil, tensa, y siempre cuestionada; el problema entonces será cómo conciliar tantas opiniones dispares sobre una misma realidad.

Esta actitud es la que ha llegado hasta nuestros días. ¿Quién se atreve hoy a hablar abiertamente de la verdad? Si alguien dice que existe una verdad de las cosas que no depende de nosotros, que se nos escapa –que las cosas son como son y no como nos parece que son-, le tachan de dogmático, fanático o iluminado, y se le quiere apartar del debate público, donde sólo se puede hablar de opiniones. La verdad no es un concepto políticamente correcto.

Antonio MachadoCuando se confunde lo que las cosas son con cómo las cosas son percibidas, se acaba por afirmar equivocadamente que sostener que las cosas tienen una forma de ser es una postura dogmática, cuando es justamente lo contrario: es aceptar que yo no soy el último constructor ni de la verdad ni de la bondad de las cosas. Lo decía Antonio Machado en uno de sus Proverbios y Cantares: “El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve”. No soy yo el que hace ser ojo al ojo; él es ojo, lo vea yo o no lo vea. Ni las cosas se reducen a cómo son percibidas, ni cualquier percepción de las cosas es igualmente correcta.

Quedarnos en el mundo de las opiniones tienen muchos problemas, aunque aquí me referiré sólo a uno muy práctico. Si todas las opiniones son igualmente aceptables, ¿cuál de ellas debe prevalecer? Cuando, al final, las opiniones deben guiar decisiones y acciones sociales, no todas pueden llevarse a la práctica al mismo tiempo: hay que elegir. ¿Con cuál nos quedamos? En sociedades de corte más autocrático, acaba por prevalecer la opinión del que tiene el poder: “ya que todas las opiniones son iguales, y yo tengo el poder, vamos a hacer lo que yo diga”. En sociedades democráticas se resuelve -en teoría- por el proceso mayoritario: “la opinión que tenga la mayoría es la que prevalece”. Digo “en teoría”, porque es fácil que el que tiene el poder acabe por usar el primer método, y acabe imponiendo lo que él opina, ya que por eso ha alcanzado el poder, aunque sea democráticamente.

Últimamente ha habido algunas decisiones que han sido sometidas a votación para dilucidar cuál era la opinión mayoritaria, y curiosamente el resultado no ha sido fácilmente aceptado por todos. Pensemos en el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea en el Reino Unido, o la victoria de Trump y las protestas en los días siguientes al grito de “no es mi Presidente”.

En el mundo de lo opinable negar la validez de una decisión mayoritaria es la herejía más grande que se puede cometer. Si la única referencia es la opinión, ¿quién puede atreverse a negar la validez de una opinión mayoritaria simplemente porque esa opinión no es la suya? ¿Por qué protestan, si se ha llevado a cabo la ceremonia más sagrada del relativismo, que es determinar la verdad a través de la opinión mayoritaria?

Esta es la paradoja de los partidarios del relativismo: son muy partidarios de negar la verdad de las cosas, mientras eso les sirve de justificación para hacer lo que les da la gana; pero, de pronto, cuando la que triunfa es una opinión que no es la suya, se rebelan y exigen otro baremo que dé legitimidad a esa decisión. De pronto, echan de menos la verdad (aunque para ellos la verdad sea lo que concuerda con su opinión).

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La posverdad, en el fondo, es reconocer que, aunque queramos expulsar la verdad de nuestras vidas -porque reconocer que las cosas son como son y no sólo como nos parece que son nos limita-, es algo tan natural que estamos abocados a referirnos a ella, especialmente cuando no tenemos nada más en lo que apoyarnos. No es fácil prescindir de la verdad: la echamos por la puerta y vuelve a colarse por la ventana.

Alejandro Llano dijo hace muchos años que no todos somos kantianos, pero que todos somos poskantianos. Podríamos decir que no todos somos modernos, pero todos somos posmodernos. Pero ser posmoderno no significa renunciar a la verdad de las cosas, ni a conocer la verdad de las cosas.

Charles Peirce, fundador del pragmatismo americano (que conozco algo, porque hice mi tesis doctoral sobre él), es uno de esos pensadores posmodernos. Peirce decía que, después de Kant, no podíamos pretender conocer la verdad de las cosas apelando a un conocimiento puramente deductivo a partir de una definición de lo que esa cosa era. Peirce proponía un método más deductivo, y decía que podemos saber cómo es una cosa si podemos hacer un listado de todos los posibles efectos de esa cosa (póngase el énfasis en la palabra “posibles”). No decía Peirce que las cosas se redujesen a sus efectos, sino que podíamos conocerlas por sus efectos (una frase, por cierto, muy bíblica). Peirce, y con él una larga tradición de pensadores pragmáticos, queriendo escapar de la encerrona de la Modernidad, no renunciaba a conocer la verdad de las cosas ni negaba que las cosas tuviesen una verdad, aunque reconocía que el trabajo de conocer esa verdad era arduo.

Para ese trabajo hace falta una dosis de optimismo y confianza en el ser humano, y al mismo tiempo de humildad, para reconocer que no somos nosotros el centro del universo, y que no podemos alcanzar esa verdad solos.

Lo decía muy bien Antonio Machado en otro de sus Proverbios y Cantares: “¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”. Un buen programa para salir de la posverdad en la que llevamos demasiado tiempo atrapados.

El amor no aguanta una auditoría

La SEC acaba de imponer una multa de 9 millones de dólares a EY por dos casos de conducta inapropiada de dos empleados de la firma. En los dos casos, el auditor acabo teniendo una relación personal con alguien de la empresa auditada. La SEC considera que en estos casos se vulneró la obligada independencia del auditor, y que la empresa auditora falló en su responsabilidad de asegurar dicha independencia, ya sea detectando esas relaciones o impidiendo que continuasen.

love being auditedEn uno de los casos, el auditor, además, cargó a la compañía gastos por un importe de 100.000 euros en regalos y viajes. En el otro caso, la auditora y el directivo de la empresa cliente se intercambiaron cientos de mensajes y correos entre 2012 y 2015. Los dos empleados han recibido también una multa de 45.000 y 25.000 dólares respectivamente, además de perder su trabajo.

Quizás alguien se preguntará hasta qué punto la SEC puede inmiscuirse en estos temas que son claramente personales. Bueno, son personales, pero no sólo personales, puesto que -de una forma u otra- afectan también a la empresa.

De hecho, me parece que es bueno distinguir. Aquí hay dos temas distintos: uno es el tema de relaciones personales que surgen en un entorno de trabajo; el otro es el conflicto que se genera cuando lo profesional se mezcla con lo personal.

Respecto al primer tema, la empresa es un lugar tan aceptable como cualquier otro para conocer a alguien, hacerse amigos o lo que sea (Por cierto, en la prensa de hoy se cita un trabajo de Antonio Argandoña sobre “El amor en la empresa” en la que se le hace decir al profesor Argandoña que “una organización de éxito, sólida y duradera necesita que en ella, y alrededor de ella, se ejercite y practique el amor”; intuyo que las palabras de mi colega pueden ser mal interpretadas, y que él se refiere al “amor” en un sentido más amplio que lo que da a entender el periodista). Otro tema distinto son los conflictos de intereses que pueden surgir cuando dos personas tienen una relación profesional y tienen también vínculos personales, porque entonces lo personal puede influir en lo profesional.

Cada uno de estos dos temas, además, puede ser visto desde dos puntos de vista distintos: desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista de las empresas. Así que tenemos cuatro aspectos para considerar.

Desde el punto de vista de las personas, los dos temas son importantes. En cuanto al primero, es decir, que surjan relaciones personales en un entorno profesional, hay algunas preguntas que hay que hacerse: ¿Cómo me relaciono yo con las personas con las que trabajo?, ¿qué compromisos personales tengo yo adquiridos?, ¿cómo esos compromisos pueden verse afectados según mi conducta profesional? Este es un tema eminentemente personal, en el que cada uno debe actuar responsablemente y ser “guardián de sus propios compromisos”. Para saber determinar la conducta adecuada puede servir de ayuda considerar tanto la justicia con los compromisos adquiridos como la moderación en el trato con las personas con quienes me relaciono.

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También el segundo tema –los conflictos de intereses que pueden surgir en un entorno profesional por lazos personales entre los implicados- exige una reflexión personal. El hecho de que con esa persona con la que tengo que trabajar haya algún vínculo personal, ¿influye en mi relación profesional con ella?, ¿hasta qué punto mis decisiones estarán condicionadas por estos vínculos personales?, ¿podré ser objetivo?, ¿imparcial?, ¿exigirle como le exigiría a cualquier otra persona en esa misma situación?

En clase hablamos muchas veces de “la pendiente”, una línea oblicua donde en la parte superior hay un comportamiento correcto, que no crea ninguna duda, y en la parte inferior hay un comportamiento que es claramente reprobable. El problema está en los puntos intermedios, donde puede haber comportamientos que empiezan a ser dudosos: ¿cuándo el “buen ambiente” en la empresa deja de ser buen ambiente para pasar a ser mal rollo?, ¿cuándo una atención comercial deja de ser una atención comercial para pasar a ser un soborno? ¿Cuándo las relaciones sociales se convierten en tráfico de influencias o provocan conflictos de intereses? Para moverse en esta pendiente con la seguridad de que se están haciendo las cosas bien, la regla es siempre la misma: Intenta moverte hacia arriba de la pendiente, y evita deslizarte poco a poco hacia abajo.

-“Entonces, ¿Cómo debo comportarme en el trabajo?”

-“Tú verás, pero si vas cediendo por aquí y por allá, después no te sorprendas de que alguien decida que has cruzado la raya de lo inmoral.”

Pasemos al punto de vista de la empresa. Respecto a la cuestión de relaciones personales que surgen en el contexto profesional, aunque todos seamos mayores y hagamos con nuestra vida lo que queramos, lo cierto es que la empresa no es un lugar neutral, influye en los comportamientos de la gente. Siendo esto así, no estaría de más una reflexión sobre qué comportamientos estoy favoreciendo en mis empleados, también en este tema de ayudarles a vivir sus compromisos a nivel personal (esto no es paternalismo; es intentar buscar un equilibrio entre la libertad de las personas y la influencia que se puede tener desde el exterior para que esa libertad se ejerza responsablemente).

Parece más claro que donde la empresa puede y debe actuar es en el segundo tema, el de los conflictos de intereses que puedan surgir al mezclarse lo profesional con lo personal. También las empresas deben saberse mover por “la pendiente”. Es más, tienen el derecho y la obligación de poner marcas en esa pendiente para ayudar a su gente a saber si se encuentran en una zona segura, crítica o no permitida (igual que, cuando uno camina por el monte, las marcas que se encuentra le ayudan a seguir la ruta sin perderse). Las maneras de tirar para arriba en esa pendiente –es decir, de dar criterio a la gente, para que sepa cómo debe actuar– son varias:

  • primero, saberse adelantar a las situaciones. Prever los casos de conflicto, identificarlos, y establecer medidas para que no se den; medidas del tipo: “dos personas unidas por vínculos familiares o afectivos no pueden tener dependencia jerárquica”, “si alguien va a tener una relación profesional con alguien con quien tiene una relación personal, debe decirlo o debe abstenerse de mantener esa relación profesional”, etc.
  • segundo, tener mecanismos para identificar estos casos cuando surjan, que se reporten y que se les dé una respuesta satisfactoria para todos
  • tercero, estar preparado para sancionar si alguien no actúa con la diligencia, transparencia y celeridad esperadas.

Volviendo a los casos que nos ocupan. Lo que la SEC sanciona no es que dos personas adultas hayan entablado una relación personal como consecuencia de su trabajo profesional; lo que sanciona es que la empresa no detectase a su debido tiempo, o –en el caso de haberlos detectado- no pusiese las medidas para solventar los conflictos de intereses que surgían de esas nuevas situaciones. Y en eso tan responsables son las personas implicadas por no decirlo, como la empresa por no detectarlo, teniendo los medios para hacerlo.

En un contexto cultural latino quizás nos puede parecer una exageración, pero por ahí van las tendencias. La moraleja, en todo caso, está muy clara: Hay que ser conscientes de que la vida está llena de pendientes , y hay que tirar para arriba. Como dice la jota: “pa´las cuestas arriba quiero mi burro; que las cuestas abajo yo me las subo!”

Político en paro busca trabajo

Puerta_giratoria El “caso Soria” nos ha hecho olvidar por unos días la incapacidad de los políticos por encontrar una salida al bloqueo institucional en el que llevamos sumidos demasiado tiempo.

El pasado viernes salía a la luz la candidatura del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, para ocupar una de las direcciones ejecutivas del Banco Mundial. Las reacciones no tardaron en llegar, y, prácticamente por unanimidad, en contra de tal candidatura.

No es el primer caso, ni será el ultimo, de un político que cuando acaba su mandato busca la forma de rehacer su vida, y sus ingresos. Evidentemente este caso tiene sus singularidades, que deben ser tenidas en cuenta. Pero, antes de entrar en el caso concreto, pensemos –más en general- en el tema de las llamadas “puertas giratorias”, es decir, de aquellas situaciones en las que un alto cargo público se marcha a trabajar a una empresa privada. Sin ir más lejos, acaba de publicarse la noticia de que la ex ministra Carme Chacón también ha cruzado la puerta giratoria, y acaba de fichar por un bufete de abogados. 77 ex políticos que en 2015 eran consejeros de empresas cotizadas españolas recibieron una retribución global de 31 millones de euros; en números redondos, cerca de medio millón por cabeza. El sueldo anual de un director ejecutivo del Banco Mundial es de algo más de 200.000 euros libres de impuestos.

Intentemos ponernos en situación. Alguien decide dedicar unos años de su vida a ejercer un cargo público, con el (hay que suponer) loable interés de servir al bien común de la sociedad. En muchos casos con un notable lucro cesante, ya que los sueldos de cargos públicos están remunerados muy por debajo de lo que lo estarían posiciones parecidas en el ámbito privado (y hay que suponer que esa persona ocuparía cargos parecidos si estuviese en el ámbito privado). Al cabo de unos años, deja ese cargo y tiene que buscarse un nuevo trabajo. ¿Dónde lo buscará? En algunos casos, quizás vuelva a su ocupación anterior (hay que seguir haciendo supuestos, y hay que suponer que antes tenía una ocupación); en otros casos, la experiencia –en sentido amplio del término- que haya adquirido en estos años habrá revalorizado su curriculum (no voy a seguir haciendo supuestos…) y por tanto aspirará a una posición similar al cargo que ha ocupado; alguno se lanzará a entrepreneur y montará su propio despacho profesional, para poner en valor el talento –y agenda de contactos- generado en esos años. Algunos –los menos-, en fin, preferirán (porque no quieren o porque no pueden, ellos sabrán) algún sillón institucional, tipo Consejo de Estado o Senado.

Pero, claro, el conflicto de derechos está servido. Porque, por una parte, está el derecho de alguien a buscarse un trabajo cuando “ha perdido” el que tenía; y, por otra parte, está el derecho de la sociedad a que nadie se aproveche en beneficio propio de las ventajas que haya podido obtener en el ejercicio de un cargo público. ¿Cómo conciliamos ambos derechos?

  • Podríamos optar que decirle a esa persona que no puede trabajar más. Ser servidor público sería algo así como ser deportista de élite. Usted va a tener una carrera corta (en el deportista de élite es claro; en el político, no tanto), pero hará suficiente caja para vivir tranquilo el resto de su vida. ¿Es lo que queremos? No parece que sea una buena solución
  • Habrá que permitir a esa persona que se busque la vida, poniéndole, eso sí, ciertos límites –lógicos, aceptables, proporcionados- para asegurar que no se aprovecha de su posición para beneficio personal. Por ejemplo, fijando un periodo mínimo de tiempo en el que debe estar “fuera del mercado”; o, en el caso de empresas privadas, impidiéndole trabajar para empresas del mismo sector, o empresas relacionadas con la empresa de origen.

European Ombudsman

La Defensora del Pueblo de la Unión Europea acaba de enviar una carta al Presidente de la Comisión, con fecha 5 de septiembre, preguntándole por el caso de José Manuel Barroso –otro que ha pasado por la puerta giratoria-, el anterior Presidente de la Comisión Europea, que ha fichado como Presidente no ejecutivo de Goldman Sachs. Un caso que en su momento suscitó también suspicacias y comentarios. Como dice la Defensora del Pueblo en su carta: “la acción de su predecesor [refiriéndose a Barroso] ha generado una comprensible atención internacional dada la importancia de su antiguo cargo y del poder global, influencia e historia del banco con el que ahora está conectado”.

La Defensora del Pueblo le hace tres preguntas a Juncker, para que le responda antes de decidir si toma otras medidas respecto a esa actuación de Barroso. Resumidas, estas tres preguntas son:

  1. ¿qué medidas ha tomado o va a tomar la Comisión para asegurar que el fichaje de Barroso por Goldman Sachs está de acuerdo con el artículo 245 del Tratado de la Unión, que pide a los Comisarios que, una vez cesan en su cargo, actúen con integridad y discreción al aceptar ciertos nombramientos o beneficios?
  2. dado que el Código de Conducta establece que los Comisarios deben notificar cualquier nombramiento dentro de un periodo de 18 meses después del cese, y que Barroso cumplió con ese obligación, la Defensora del Pueblo se pregunta si no cabría modificar el código, porque hay casos que pueden ser problemáticos incluso después de pasar 18 meses, y que por tanto, habría que pensar en cambiar los procedimientos y establecer revisiones caso por caso.
  3. puesto que el mismo Barroso ha declarado públicamente que una de sus tareas será aconsejar sobre la estrategia ante el Brexit, cómo asegurará la Comisión que en las negociaciones Barroso actúa con integridad y cuál será la relación de los representantes de la Unión Europea con él.

Entiendo las cautelas sobre cómo José Manuel Barroso puede utilizar en el futuro los conocimientos, expertise, contactos, que haya adquirido durante estos años al frente de la Unión Europea. Pero, por otra parte, ¿qué se espera que haga una vez acaba su mandato?, ¿para quién se espera que trabaje alguien que ha ocupado el cargo de mayor responsabilidad en la Unión Europea?

Algunos dirán que las situaciones son tan complejas y tienen tantos matices que sólo cabe dejarlo en manos de la ética personal de quienes se encuentren en estos casos. Pero, como todos tenemos nuestras debilidades y a nadie le amarga un dulce, es necesario poner medidas –siempre ponderadas, lógicas, ajustadas a los casos “normales”- para orientar los comportamientos esperables cuando se den estos casos.

En España, por ejemplo, la Ley 3/2015, que regula el ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, establece para garantizar un comportamiento correcto. En relación al tema que nos ocupa la ley establece, entre otras medidas de prudencia:

  • Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, el alto cargo no podrá prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que haya participado
  • El alto cargo, que con anterioridad a ocupar el puesto público hubiera ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales quisiera reincorporarse, no incurrirá en incompatibilidad, siempre que la actividad que vaya a desempeñar lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público desempeñado ni pueda adoptar decisiones que afecten a éste
  • Durante los dos años posteriores a la fecha de cese, el alto cargo deberá informar, con carácter previo a su inicio, a la Oficina de Conflictos de Intereses sobre las actividades que vaya a realizar
  • Al alto cargo que reingrese a la función pública y tenga concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de carácter privado, le será igualmente de aplicación lo previsto en los anteriores apartados.

Establecer un periodo en el que no puede ejercerse una actividad que pueda provocar conflictos de intereses, y establecer una Oficina de Conflictos de Intereses que analice los casos en que pueda darse alguna incompatibilidad son dos medidas prudenciales que aseguran un cierto control y garantizan una imparcialidad en la valoración de los casos particulares. Una reciente noticia señalaba que en los últimos diez años sólo en dos casos la Oficina de Conflictos de Intereses ha vetado el paso de ex altos cargos al sector privado; y que, por el contrario, desde el 2007, 27 ex altos cargos del Gobierno han sido autorizados para trabajar en empresas del Ibex.

En definitiva, los casos de las puertas giratorias nos enseñan que:

  • una vez más, la ley y la ética no siempre van juntas. Pero este caso, nos enseña además que en algunos casos la legislación ayuda a marcar la línea entre lo ético y lo no ético. La Defensora del Pueblo europea se pregunta en su carta por la arbitrariedad de un plazo de 18 meses. Algún plazo habrá que poner, ¿no? Si el legislador estima que 18 meses es un periodo suficiente para que las condiciones cambien y los posibles conflictos de intereses se reduzcan, habrá que aceptar ese periodo de tiempo. Arbitrariedad no significa injusticia.
  • Además, hay que distinguir también entre reacción social y moralidad. Una reacción social contraria no significa necesariamente la inmoralidad de una acción. Sociología y ética también son cosas distintas. Una reacción social adversa debe dar que pensar y es una señal de que hay que analizar lo que ha pasado con cuidado, pero el análisis moral –prudencial- exige muchas veces tener la cabeza fría y analizar las cosas con rigor, sin golpes emocionales que pueden estar distorsionados por la ignorancia, la manipulación, o una situación coyuntural que distorsione la realidad.
  • Ahora bien, hay cosas que pueden ser legales, y pueden ser éticas, pero son… feas! La ética tiene que ser llevada a la práctica también con una cierta estética. Las circunstancias afectan también a la oportunidad política de llevar a cabo determinadas acciones. No es lo mismo fichar por una empresa privada a los dos años de haber acabado tu mandato, que ocupar un cargo en una entidad financiera designado por un gobierno del que has tenido que dimitir por verte implicado en un escándalo sobre empresas pantalla en paraísos fiscales para evadir impuestos. ¡No es lo mismo! Es razonable la reacción social; pero es que además –analizando el caso con la cabeza fría- no parece que sea éticamente aceptable, ni en si mismo, ni por el mensaje de ejemplaridad que manda. Hay puertas que no deberían hacerse girar nunca.

PD: Para el 14 de octubre se espera la respuesta de Juncker a la carta de la Defensora del Pueblo. Será interesante ver qué dice.

 

Los impuestos de Apple

Empezamos el nuevo curso con una multa histórica de la Unión Europea a Apple por el trato fiscal favorable recibido en Irlanda. En el mes de marzo ya comentábamos en este mismo blog las prácticas cuestionables de algunas empresas con respecto a sus obligaciones fiscales.

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El caso tiene varias vertientes interesantes:

  1. Primero, porque parece que la justificación de la multa se basa más en un tema de competencia desleal que en un tema de eludir pagar los impuestos que correspondía. El argumento de la Unión Europea es que se hizo una legislación ad hoc para Apple, sin que otras empresas pudiesen acogerse al mismo tratamiento fiscal.
  2. Segundo, porque el propio gobierno irlandés parece no estar de acuerdo con la multa. Es cierto que ingresará 13.000 millones de euros, pero haciendo un análisis de costes y beneficios puede perder muchos más en el futuro, si no puede hacer uso de esa legislación para atraer compañías extranjeras que quieran utilizar el marco legal irlandés para pagar menos impuestos.
  3. El importe de la multa no es precisamente lo que más preocupe a Apple, para quien esta cantidad es calderilla. Más preocupante puede ser el daño reputacional para la marca, más aún si empieza una cadena de demandas, entre ellas las de los países que dejaron de recibir el pago de impuestos por beneficios artificialmente transferidos a la filial irlandesa.
  4. Se ve, una vez más, que lo ético y lo legal no siempre van juntos. Y se ve también –y es interesante- cómo, cambiando la perspectiva desde la que se analiza el problema, cambian las responsabilidades y las valoraciones morales. Irlanda, pensando en su propio interés, articuló unas medidas fiscales para atraer a empresas como Apple; la Unión Europea, que debe velar por los intereses del conjunto de la Unión, puede concluir de forma muy diversa respecto a la moralidad de una ley así.

Según el trato de favor que obtuvo en Irlanda, Apple llegó a reducir la cifra de sus impuestos a un equivalente a 50 euros por cada millón de beneficios que genera Apples Sales International, la filial con la que tributó los beneficios que obtuvo en Europa, Oriente Medio, Africa e India.

La pregunta es obvia, y la respuesta también: puede ser legal, pero ¿es éticamente aceptable que el tipo impositivo de Apple sea del 0,005%?

Hace unos años, colaboré en la redacción de un Informe sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en España, para la Unión Europea. Entre las nuevas dimensiones de la RSE que se mencionaban, a las que prestar una especial atención en el futuro, estaba precisamente la de la fiscalidad responsable.

Allí hablábamos de la necesidad de “una acción coordinada de gobiernos y agencias internacionales, tanto para perseguir actividades delictivas, como para armonizar marcos fiscales que desincentiven la huida de capital hacia paraísos fiscales y para facilitar la recaudación de los impuestos en los países que corresponde en función de la actividad desarrollada”.

Proponíamos tres principios que debían guiar una actitud responsable en materia fiscal:

  • Transparencia en la información de sus actividades, y, en consecuencia, de las prácticas en materia fiscal, sin utilizar entramados legales que distorsionen una imagen fiel de las actividades de la empresaue implica asegurar que la empresa pagará sus impuestos allí́ donde haya realizado su actividad y en la proporción justa, sin montar esquemas financieros que permitan un movimiento irreal de capital por razones puramente fiscales.
  • Rendición de cuentas, que implica asegurar que la empresa pagará sus impuestos allí́ donde haya realizado su actividad y en la proporción justa, sin montar esquemas financieros que permitan un movimiento irreal de capital por razones puramente fiscales.
  • Consistencia, que lleva a mantener respecto a la fiscalidad la misma actuación de buen gobierno y de ciudadanía responsable que en otras prácticas hoy por hoy más generalizadas (por ejemplo, en temas medioambientales, laborales, etc.), evitando guiarse por dobles estándares o rehuyendo la responsabilidad que se tiene y buscando el propio beneficio a costa del bien común de la sociedad

Y acabábamos proponiendo una serie de indicadores que podrían ayudar a determinar si una empresa se atiene a estos principios respecto a sus obligaciones en materia fiscal:

  1. Lista de países en los que la empresa opera, y nombre de las entidades legales a través de las que opera
  2. Principales indicadores económicos por país y entidad legal:
  • Ventas, tanto a terceros como entre entidades de la misma empresa, si es el caso
  • Compras, tanto a terceros como entre entidades de la misma empresa, si es el caso
  • Coste de personal y número de empleados
  • Costes financieros, pagados tanto a terceros como entre entidades de la misma empresa
  • Beneficios antes de impuestos, base imponible (especificando bases imponibles negativas de ejercicios anteriores), cuota íntegra, deducciones y bonificaciones fiscales, cuota líquida
  • Tipo de gravamen satisfecho
  1. Impuestos pagado en cada país, distinguiendo entre:
  • Impuestos corrientes e impuestos diferidos en el ejercicio contable
  • Pagos de impuestos en el ejercicio contable
  • Activos y pasivos generados por impuestos diferidos al principio y final de cada ejercicio contable.
  1. Coste y valor contable neto de los activos físicos en cada país en que se opera.

Hacia una fiscalidad responsable

Facebook ha decidido cambiar su política fiscal y pagar impuestos allí donde obtiene sus ingresos, en vez de desviarlos a un país con un mejor tratamiento fiscal. Bueno, al menos en el caso del Reino Unido, donde en 2014 Facebook pagó sólo 4.327 libras en impuestos.

Tax time
No sé si las razones del cambio son por miedo a una crisis de imagen, o por la amenaza de una actuación del gobierno británico. Quizás es que Mark Zuckerberg se leyó el artículo que hace unos días publicamos con Pablo Sanz en Cinco Días sobre las implicaciones éticas en el pago de los impuestos.

Por si acaso, me permito reproducirlo aquí:

No es nuevo que las empresas, dentro de la legalidad, traten de recortar sus facturas fiscales tanto como puedan para mejorar su cuenta de resultados. Y tampoco es nuevo que ciertas empresas multinacionales, gracias a su amplia gestión de activos en tantísimos lugares del mundo, sean capaces de encontrar interpretaciones favorables del marco legal para reducir su contribución fiscal hasta límites insospechados.

En ocasiones, este ejercicio casi metódico y profesionalizado del recorte de impuestos ha llevado a lo que conocemos como “evasión de impuestos” (tax evasion), que no es otra cosa que una práctica ilegal para no tener que afrontar las cargas fiscales que, por ley, deben asumirse. Sin embargo, las noticias que han aparecido en los últimos días no tratan sobre prácticas ilegales, sino sobre prácticas estrictamente legales que respetan tanto las diferentes legislaciones nacionales como las regulaciones internacionales. Estas prácticas de “elusión de impuestos” (tax avoidance) son de las que se está “acusando”, si se puede decir en estos términos, a empresas multinacionales con tanta presencia como Starbucks, Google, Amazon o Apple.

Recordar un acontecimiento más que anecdótico puede ayudarnos a comprender en profundidad qué se está discutiendo estos días. En noviembre de 2012 tuvo lugar una sesión del comité británico de cuentas públicas a la que asistieron directivos de Google, Amazon y Starbucks para tratar de aclarar hasta qué punto estas multinacionales podrían estar eludiendo impuestos. Las declaraciones de Matt Brittin, directivo de Google en Europa, dieron a conocer ciertas prácticas como la localización de la sede europea en Irlanda por su baja fiscalidad o la localización de ciertos derechos de propiedad intelectual en Bermudas, alegando que, al fin y al cabo, la compañía tenía el deber con sus accionistas de minimizar sus costes. Matt Brittin, como otros ejecutivos, afirmó que nada de lo que se había estado haciendo suponía una ilegalidad, a lo que Margaret Hodge, la presidenta del comité, respondió: “No se les acusa de cometer actos ilegales. Se les acusa de cometer actos inmorales”.

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No estamos, por tanto, ante un problema de cumplimiento legal, sino ante un problema de ética. Estamos acostumbrados a acudir a la ley para tratar los casos de evasión fiscal, y calificar como ilegal aquello que, ya de primeras, todos consideramos inmoral. Pero no sucede así con los casos de elusión fiscal. Aquí el debate requiere introducir algunos conceptos con los que no estamos tan familiarizados.

Legalidad y ética

Lo que este conflicto pone de manifiesto, en primer lugar, es que la ley es necesaria para generar un entorno empresarial sano y responsable. Gracias a la ley se establecen unos parámetros respecto a lo que es justo o injusto, y, en consecuencia, se desincentivan posibles malas prácticas o se incentivan buenas conductas. En este sentido, son más que bienvenidos todos los esfuerzos que gobiernos y agencias internacionales están llevando a cabo. Una acción coordinada apropiada permitirá, tanto armonizar marcos fiscales que desincentiven la huida de capital hacia paraísos fiscales, como facilitar la recaudación de los impuestos en los países que corresponda en función de la actividad desarrollada.

En segundo lugar, aunque sea necesaria, la ley no es suficiente. Entre otras razones, porque cualquier ley está sujeta a ser interpretada de diversos modos, hasta el punto que, como se dice en el ámbito jurídico, puede haber acciones que, aunque no vayan en contra de la letra, pueden ir en contra del “espíritu de la ley”. Cualquier ley, además de establecer un deber legal, debe ser interpretada desde una reflexión moral. En consecuencia, que las empresas paguen sus impuestos no es sólo un deber legal, sino más todavía una obligación moral.

Por lo tanto, en tercer lugar, es necesaria una reflexión moral previa sobre qué implica para la empresa ser una buena ciudadana y cuáles son sus derechos y obligaciones. Es entonces cuando uno debe preguntarse si, a pesar de lo que la ley le permita hacer, la cantidad de impuestos que paga corresponde a su nivel de actividad económica y a la contribución que se espera que haga a la sociedad, como contrapartida a los beneficios que ha obtenido a través de su actividad.

La contribución fiscal está entre las primeras obligaciones legales y morales de las empresas. Si éstas no cumplen con sus responsabilidades primarias, de muy poco servirán otras iniciativas corporativas en ámbitos sociales o medioambientales. Más bien, estas prácticas no dejarán de ser percibidas por los consumidores como meras herramientas de greenwashing destinadas únicamente a mejorar la propia imagen corporativa, para, paradójicamente, terminar empeorándola. Si verdaderamente las empresas quieren contribuir y que así lo valoren sus conciudadanos, las prioridades de su RSE deben quedar muy claras: en primer lugar, cumplir de la mejora manera lo que explícitamente constituye su operativa ordinaria; y, después, en la medida en que puedan permitírselo, colaborar en otras iniciativas voluntarias.

Una empresa que desee adoptar una actitud responsable en materia fiscal, debe apoyarse en unos principios firmes, y no sólo en un cálculo de cuánto paga y cuánto puede ahorrarse. En primer lugar, el buen gobierno, que favorecerá el respeto a la legalidad, la configuración de unas prioridades bien definidas y la consistencia en la toma de decisiones. Por otra parte, la transparencia, para facilitar la información relevante, evitando entramados legales que distorsionen una imagen fiel de la actividad de la empresa. Y, finalmente, la responsabilidad y la rendición de cuentas, que lleven a la empresa a cumplir sus obligaciones allí donde lleva a cabo sus actividades, sin montar esquemas financieros que permitan un movimiento irreal de capitales por razones puramente fiscales. Y, como nadie es buen juez en causa propia, para estar seguros de que se hacen las cosas correctas, es conveniente pedir consejo, además de al asesor fiscal, al asesor ético.

 

La manzana de la discordia: Apple y el debate sobre privacidad vs seguridad

 

Una juez de un distrito federal de California ha ordenado a Apple que desarrolle un software para poder saltarse el dispositivo de seguridad de un iPhone 5 que borra automáticamente la información del móvil después de diez intentos fallidos de introducir una contraseña.

Apple FBILa juez responde así a la demanda del FBI para que Apple le ayude a introducirse en los datos de un móvil que obraba en poder de Syed Farook, autor de la matanza en la que murieron 14 personas el pasado mes de diciembre en San Bernardino. El FBI espera encontrar en el móvil datos sobre con quién había estado el autor de los disparos y a dónde había viajado, y así esclarecer las circunstancias de la matanza, y la identidad de posibles cómplices. Pero, para ello debe poder descifrar el código de seguridad del teléfono, y espera que Apple desarrolle una “puerta trasera” que le permita probar tantas veces cómo sea necesario antes de dar con el código correcto.

Nos encontramos ante un caso paradigmático de una decisión en la que intervienen dos partes, cada una con sus legítimos intereses, que entran en conflicto. Por una parte Apple, que ha hecho de la privacidad un valor de sus productos, asegurando a sus usuarios que sus móviles no permiten el acceso de nadie –ni siquiera del propio fabricante- que no tenga los permisos adecuados. Y, por otra, el FBI que quiere proteger la seguridad de sus connacionales. Pero ambos intereses parecen chocar, porque en este caso la seguridad que busca el FBI va en contra de la privacidad que quiere proteger Apple.

¿Qué hacer? Pues seguir un orden de preguntas que permite reflexionar sobre los distintos aspectos implicados en la decisión, y encontrar ese balance que se plantea entre seguridad y privacidad.

  1. Para empezar, ¿hay más alternativas? Apple se hace esa pregunta. El FBI dice que ya ha agotado otras posibles vías conocidas. Supongo que nadie mejor que Apple puede decir si hay otras alternativas, y, si es así, proponerlas. De hecho ya ha prestado su colaboración para conseguir la última copia de los datos del móvil disponible en iCloud, pero parece que no recoge los últimos movimientos de Farook.
  1. La acción que se pide es en sí misma aceptable. Se trata de desarrollar un software, lo cual en sí mismo es algo correcto. No estamos hablando, por ejemplo, de torturar a alguien para que nos diga el código. Eso sí, ese código quiebra la promesa de Apple de no interferir en la privacidad de los dueños de sus iPhones, pero eso lo consideraremos más adelante.
  1. La intención de ambos es correcta. Ambos quieren cumplir su promesa: los unos, esclarecer lo sucedido y luchar contra acciones criminales; los otros, cumplir la palabra dada.
  1. Llegamos a la pregunta más complicada: hay proporción entre los efectos positivos y negativos que se siguen de esa decisión. De hecho este criterio está en el fondo de la decisión de la juez, cuando determina que Apple debe proporcionar una “asistencia técnica razonable” para el desarrollo del software, y siempre que no suponga una carga “fuera de lo razonable”. Apple ha esgrimido en contra de la decisión de la juez argumentos de muy diversa índole.
    • Algunos de carácter económico: “sería muy caro”, dice Apple. Calculan que necesitarán el trabajo de entre seis y diez personas (algunos ingenieros), y entre dos y cuatro semanas de trabajo. Si uno hace cuatro números, podemos estar hablando de tres semanas de trabajo de ocho personas, o sea, un sueldo de medio año de un ingeniero cualificado. No parece que sea mucho para una de las empresa más rentables del mundo.
    • Otros argumentos valoran más las consecuencias: en el supuesto de que consigan descifrar el código y entrar en el móvil, ¿qué seguridad tienen de que encontrarán algo?, ¿o quien les dice que los datos no estén encriptados de alguna otra forma? Estas operaciones parecen poco relevantes de cara a la decisión; lo que está claro es que si no se remueve este primer obstáculo, no se sabrá si hay más obstáculos después.
    • Por último, hay una reflexión sobre los principios que están en juego, y si deben prevalecer bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo podemos saber que el FBI no usará este software para otros casos? Porque aunque la juez haya dicho que debe ser “ad hoc” para este caso, ¿cómo estamos seguros que será así? Porque eso sí que iría en contra de uno de los argumentos que Apple utiliza en la venta de sus productos, a saber, que asegura a sus clientes que, una vez alguien compra el iPhone y escoge un código de acceso, Apple pierde el control del mismo. Crear ese software, sería dejar una puerta abierta para que todos los iPhones se vuelvan vulnerables.
    • Para Apple establecer ese precedente sería un problema para otros casos que puedan existir en el futuro o demandas parecidas que ya existen actualmente. Además hay que considerar el contexto legal norteamericano, donde el derecho se basa en la jurisprudencia, esto es, las sentencias judiciales tienen un carácter vinculante para otras sentencias posteriores, a diferencia, por ejemplo, del derecho continental, que se basa en el texto de la ley más que en la interpretación de la ley por los jueces.
  1. Por último, y a la vista de estos conflictos, hay que procurar minimizar los efectos negativos de la decisión. Por lo que parece, el tema que levanta más susceptibilidades es el de que el software que se pueda desarrollar se escape del control de Apple, y se utilice para otros casos. Por tanto, parece que en la medida en que se asegurase este punto, la disposición de Apple a colaborar sería mayor.

Aunque las circunstancias cambien, en el fondo, el problema que nos ocupa no es tan distinto del problema que se plantearía ante la posibilidad de colocar micrófonos o cámaras ocultas para perseguir un hecho delictivo. Precisamente, para asegurar que la invasión de la privacidad que implican estas acciones esté justificada, las leyes no aprueban el uso generalizado de tales prácticas, sino que se requiere siempre, caso por caso, la autorización judicial. De modo similar, podríamos decir que , en este caso, para salvaguardar la justificación del desarrollo y uso de ese software, debería ser aprobado por un juez, tras examinar las circunstancias, gravedad y necesidad de tal acción, y, bajo ningún caso, convertirse en una justificación de tales prácticas en el futuro de forma generalizada.

Otra reflexión importante –además de analizar el contenido del conflicto- es quién debe hacerse estas preguntas y responderlas. Ante situaciones conflictivas como esta es conveniente intentar ser lo más objetivo e imparcial posible. Y como uno es mal juez en causas propias, es bueno que la decisión la tome alguien supuestamente imparcial, alguien que actúe como arbitro. Cuando estos conflictos adquieren una dimensión pública, el árbitro acostumbra a ser un juez, que se supone –si no se demuestra lo contrario, que vela por tomar decisiones justas. Ajustarse a los procedimientos es, en estos casos, tan importante como el contenido mismo de las decisiones. Sobre todo, porque en muchos casos, las decisiones posibles pueden ser varias y todas legítimamente aceptables. Cuando estanos en el ámbito del “depende”, asegurar que los procedimientos que se han seguido son adecuados confiere a la decisión una rectitud moral que, si no fuese así, no tendría.

El FBI acudió a un juez para “obligar” a Apple a desarrollar el software; y, siguiendo los procedimientos, Apple ha presentado una apelación a esa decisión. No me extrañaría que el caso llegase hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (de momento ya ha llegado a provocar una testificación ante el Congreso), ya que en el trasfondo del caso hay principios básicos de convivencia que deberán ser clarificados. Apple ha esgrimido la Primera y la Quinta enmiendas para pedir que se cambie la decisión de la juez. Pero, mientras esto ocurre –si ocurre-, una vez presentados los argumentos, y entendiendo que todos los implicados actúan movidos por el bien común de la sociedad (aunque su apreciación de cómo se concreta ese bien común pueda ser diferente) los implicados deberán atenerse a lo que los jueces dictaminen.

¿Una previsión de lo que pueda pasar? Me atrevo a aventurar que prevalecerá la seguridad sobre la privacidad, y que la juez se ratificará en su decisión. Eso sí, insistiendo en aquellos aspectos que puedan resultar más conflictivos, como por ejemplo que el software no quede en propiedad del FBI de modo que se asegure que no se puede usar indiscriminadamente en otros casos, sin pasar por el filtro de la decisión judicial.

En todo caso, se resuelva en esta línea o en una línea totalmente opuesta, como enseñamos siempre en nuestro programas, no se trata tanto de acertar con la decisión (en el mundo del “depende” no existe “la” decisión) como de acertar en el proceso por el que esa decisión se toma.

¿Es ético publicar las listas de defraudadores?

Hoy vamos a discutir un caso real. El Ministerio de Hacienda quiere publicar el nombre de los defraudadores condenados con sentencia firme. La pregunta es: ¿sería éticamente aceptable una medida así?

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El Consejo Fiscal acaba de hacer público un informe al anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso a esa información, y, por lo que allí se recoge, parece decantarse por un “sí, pero con muchas condiciones”. Si la fiscal general del Estado, que es quien firma el informe, fuese una alumna mía, le hubiese puesto una A.

El caso que se plantea puede inscribirse dentro de un esquema general que se conoce como “acciones de doble efecto”, donde de una acción se siguen, al mismo tiempo, un efecto positivo y un efecto negativo. En este caso, el doble efecto viene por la colisión de derechos: el derecho al honor y a la intimidad –por parte del defraudador-; y, por parte del Estado, el interés general de luchar contra el fraude fiscal y la correspondiente obligación de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

doble efecto

Para ver si está justificado llevar adelante la acción hay que contestar positivamente a una serie de cuestiones:

  1. Una primera pregunta es si se han explorado otras posibles alternativas y se ha concluido que no son viables. Es una pregunta muy práctica y realista, que, en muchos casos, rompe los dilemas en los que fácilmente caemos. En el informe de la fiscalía se señala esta posibilidad, y se pregunta si “las finalidades pretendidas pueden conseguirse de otra forma”. Por ejemplo, “mediante la notificación de tales sentencias a las Administraciones implicadas o exigiendo, como se hace en la práctica, a aquel que pretende que se le adjudique un concurso o una subvención que acredite en el expediente administrativo que carece de antecedentes penales por este delito”.
  2. ¿Cuál es el objeto de la acción? En este caso, la acción es publicar el listado de defraudadores con sentencia en firme. La jurisprudencia respecto al acceso a las sentencias judiciales parece introducir una serie de matices, cuyo detalle excede a este comentario. Podríamos decir que, de entrada, la acción puede ser aceptable en la medida en que hay sentencia firme y se da una información veraz. Sería distinto si, por ejemplo, se tratase de una listado de expedientes abiertos, sin sentencia en firme, que podría llevar al engaño de pensar que han cometido ese delito quienes todavía no habrían sido juzgados. Pensemos, por ejemplo, en la confusión que se crea cuando alguien es “imputado” en una causa. Ahora bien, este principio de publicidad, entendido como la facultad que asiste a los ciudadanos de percibir y conocer las actuaciones llevadas a cabo por los tribunales de justicia, no es un derecho absoluto, y tiene sus limitaciones, que veremos más adelante.
  3. ¿Cuál es la intención del Estado al publicar esas listas? Las finalidades que cita el informe son varias: por una parte, la necesidad de reforzar el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y de luchar contra el fraude fiscal; además, garantizar los efectos de la condena penal por estos delitos que, además de consecuencias en el orden penal, produce consecuencias de otra naturaleza como la imposibilidad de contratar con la Administración o de obtener subvenciones o ayudas públicas. Aunque no se cite en el informe, parece claro que tiene también un componente ejemplarizante de cara al resto de la sociedad. En general, puede decirse que la intención es buena. Sería distinto si se hiciese, por ejemplo, con una intención de venganza. De todas formas, la Fiscal General señala que, dado el carácter sancionador que tiene esta medida, deben aplicarse los principios generales que rigen la imposición de penas, entre ellas, el principio de reeducación y reinserción social. De este modo, “la publicación de las sentencias condenatorias no puede frustrar la reeducación y reinserción social del delincuente por lo que, de adoptarse como pena, deberían establecerse las medidas necesarias para que, una vez cancelados los antecedentes penales, los datos de la condena se eliminasen también del lugar en que hayan sido publicados”
  4. Salvadas las anteriores cuestiones, viene ahora la pregunta más compleja: ¿hay proporción entre el efecto bueno perseguido y el efecto malo que se sigue de la acción (aunque no se quiera directamente), en este caso la lesión al derecho al honor y a la intimidad? Para que la acción sea aceptable debe haber una cierta proporcionalidad entre la necesidad y la gravedad de un efecto y otro. En este caso, la Fiscal señala una serie de factores que hay que tener en cuenta:
    1. La información sobre una condena puede constituir una lesión al honor. Para que prevalezca el derecho a la libertad de información, la información ha de ser veraz, de relevancia pública y necesaria. La relevancia pública se mide por la gravedad y naturaleza del hecho condenado, o por la relevancia de alguna de las personas implicadas en los hechos.
    2. La necesidad de permitir el acceso a esa información debe compaginarse con el derecho a la rehabilitación y a la reinserción social, de modo que “el objetivo de rehabilitación podría verse seriamente menoscabado si la información sobre las condenas penales fuera ampliamente disponible y pública”. La fiscalía concluye que “se hace muy difícil admitir que exista una relevancia pública de todos los procedimientos seguidos por hechos que puedan ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública o de insolvencia punible cuando el perjudicado sea la Hacienda Pública”
    3. La publicación de estas listas crearía, según la Fiscalía, una cierta desproporción entre la naturaleza y gravedad de estos delitos y otros delitos de mayor gravedad y de mayor relevancia pública (por ejemplo delitos contra la vida o la integridad física, o contra la Administración Pública) que, en cambio, no llevan aparejada esa sanción de publicación de la condena.
  5. Finalmente se trata de minimizar los efectos negativos de la acción. En este caso, se trata de preservar el derecho a la intimidad y al honor. De ahí que se contemplen restricciones a la publicación indiscriminada de nombres, se asegure la protección de datos, se dé a la norma un rango de Ley Orgánica, o se recuerde al final del informe la necesidad de preservar el principio de irretroactividad.

Después de este detallado análisis, el Consejo Fiscal concluye que “podría considerarse la posibilidad de regular la forma de acceso de acceso público al contenido de las sentencias penales, pero valorando la gravedad de los hechos delictivos a los que se refieran aquellas”. Y, como corolario, se recomienda “hacer una reflexión global sobre todos los tipos penales, delimitando las sentencias que deben ser objeto de publicación o conocimiento público, los datos de las mismas que deben ser conocidos y las forma de acceso a su conocimiento, en función de la gravedad de los delitos que hayan sido juzgados”.

Aunque el informe tiene un contenido legal, como corresponde al propósito del informe y a la función de quien lo emite, dado que lo legal y lo ético, sin identificarse, se complementan y apoyan, aporta mucha materia para la reflexión ética, y contempla todos los elementos para un análisis completo y, sobre todo, para una decisión prudente. Ojalá le hagan caso.

El valor de la sostenibilidad

Los días 27 y 28 de abril hemos tenido en el IESE por primera vez en España la conferencia de Sustainable Brands.

Participantes en SB-15-BCN

Participantes en SB-15-BCN

Sustainable Brands es una iniciativa impulsada hace diez años en los Estados Unidos por Koann Vikoren Skrzyniarz para generar una comunidad de profesionales del mundo de la empresa interesados en la innovación y la sostenibilidad. Entre sus principales iniciativas están las conferencias que tienen lugar en diversas ciudades del mundo. Gracias a los amigos de Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing, Sustainable Brands ha llegado a España, y desde el Center for Business in Society hemos colaborado como socios académicos del evento.

Durante dos días hemos tenido ocasión de escuchar diversas experiencias de marcas que trabajan en torno a la sostenibilidad, y hemos crecido en la convicción de que este enfoque no sólo aporta valor a las empresas sino también a la sociedad.

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Reimaginar (Reimagine), Rediseñar (Redesign) y Regenerar (Regenerate) son tres conceptos en torno a los que giran las conferencias de Sustainable Brands, y así fue también en el caso de la conferencia en el IESE.

La sostenibilidad es, en primer lugar, una ocasión para reimaginar, es decir, para cambiar nuestros procesos de decisión. La sostenibilidad no es sólo “cambiar cosas de sitio”, un maquillaje superficial para que todo siga igual. Es, sobre todo, introducir nuevas variables en los procesos de decisión; darnos cuentas de que en la cadena de valor de la empresa podemos introducir variables distintas a las estrictamente económicas, incluyendo criterios sociales, medioambientales, éticos en los procesos de decisión. La sostenibilidad entra en todas las áreas de la empresa, porque todas pueden reimaginar sus funciones y tareas .

Podemos caer en la trampa de pensar que esto es sólo para empresas pequeñas, outsiders, que “pueden permitirse el lujo de ser distintas”. Lo cierto es que cada vez está más aceptado que también es tarea de las empresas grandes, que “no pueden permitirse el lujo de quedarse fuera” de esta nueva dinámica. Las pequeñas pueden quizás llevar la delantera en la innovación, pero las grandes aportan escalabilidad, y, por tanto, una cierta normalización de esta tendencia social.

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En segundo lugar, se trata de rediseñar. La sostenibilidad lleva necesariamente a la innovación, porque, al introducir criterios distintos de decisión, se acaba por hacer las cosas distinto. La sostenibilidad lleva a la innovación tanto en productos, como en procesos y en políticas. Se rediseñan productos, que a veces en apariencia pueden no diferenciarse de los antiguos -e incluso pueden no ser percibidos como distintos por los consumidores-,  pero en los que se han introducido materiales nuevos o han sido producidos por algún colectivo social al que se ayuda. La innovación lleva también a rediseñar procesos de producción, como puede ser el caso de la economía circular, o políticas que implican relaciones distintas con los demás agentes sociales.

SB_ProfitsEl tercer nivel nos lleva a regenerar la naturaleza y la función de la empresa en la sociedad. No se trata sólo de pensar o de actuar distinto: se trata de ser distinto. La reflexión sobre la sostenibilidad nos conduce a una reflexión sobre el propósito (purpose) de la empresa. Los “system innovators”, que requiere la sostenibilidad, no pueden ser al mismo tiempo “profit maximizers”. Necesitamos un modelo de empresa adecuado a los cambios sociales y a las tendencias del siglo XXI. Propuestas como las que vienen de la economía colaborativa o de las B-Corporations, están abriendo una brecha en el modelo dominante de empresa y planteando alternativas realistas y viables.

Los graves problemas a los que se enfrenta nuestro mundo –problemas medioambientales (acceso al agua, energías limpias, contaminación), pero también problemas sociales (desempleo, migraciones forzadas por razones económicas o políticas, persecuciones ideológicas o religiosas, poblaciones castigadas por el hambre o la guerra)- exigen una acción coordinada de todos los agentes sociales. Sólo con la implicación de empresas, gobiernos y sociedad civil podremos avanzar en la construcción de un mundo más sostenible. No hay verdadera sostenibilidad sin solidaridad.

Por eso, como nos recuerda frecuentemente Koann Skrzyniarz, se trata de un viaje que hemos de ir recorriendo, aunando esfuerzos de unos y otros. Barcelona ha sido una etapa más de este viaje, y en el IESE estamos contentos de haberle dado hospedaje.SB_bike

Código de buen gobierno. Bien por la ética; mal por la RSE

Consejo de administracionEl Código de Buen Gobierno, aprobado y presentado el pasado mes de febrero, señala, como una de sus novedades más destacadas, la incorporación de recomendaciones específicas en materia de responsabilidad social corporativa, que el código anterior había expresamente excluido.

De los 25 principios y 64 recomendaciones que se formulan en el código, aquellos que de una forma más directa se refieren a aspectos de RSE son cuatro principios, con sus recomendaciones correspondientes: el principio 9, que se refiere a la responsabilidad del consejo de administración; los principios 20 y 21, que se refieren a la Comisión de auditoría y a la función de control y gestión de riesgos; y el principio 24, que se dedica expresamente a la responsabilidad social corporativa.

Interés social: ¿social?

El código señala que los miembros del consejo de administración deben tener como propósito común la defensa del interés social. Más adelante se define este interés social como “la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva la continuidad y la maximización del valor económico de la empresa” (recomendación 12). Queda claro así que los autores del código siguen viendo la maximización del valor económico como el fin último de la empresa, y que, en esto, pocas novedades aportan. ¿Cuál es, entonces, el lugar de la responsabilidad social? En la continuación del texto se contesta a esta pregunta, cuando se aclara que en la búsqueda del interés social (o sea, en la maximización del valor) se “procure –y el verbo utilizado es significativo- conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés”, incluyéndose la comunidad en su conjunto y el medio ambiente. La RSE tiene, en la visión de los autores del código, una función, podríamos decir, meramente instrumental respecto a la maximización del valor, y hay que “procurar” tenerla en cuenta siempre y cuando no interfiera con el fin primario.

Es una visión poco novedosa tanto de la función de la empresa como del papel de la responsabilidad social. Pedirle a una empresa que sea socialmente responsable en la medida en que ello contribuye a maximizar su valor es pedirle más bien poco. Ser responsable cuando serlo ayuda a ganar dinero no tiene ningún mérito. El mérito está en ser responsable cuando serlo implica dejar de ganar dinero. El compromiso con la responsabilidad social se mide en cuánto estoy dispuesto a dejar de ganar por ser socialmente responsable. Los autores del código siguen anclados en una visión de la empresa que –tic-tac, tic-tac- se está quedando obsoleta. Ha sido una ocasión perdida –tic-tac, tic-tac- para dar carpetazo al mito de la maximización

La RSE en la gestión de la empresa

El principio 24 del código se dedica por entero a la RSE, y se señala que la empresa “promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como facultad indelegable del consejo de administración”. En el desarrollo del principio 23 se ha razonado también que la relevancia de las cuestiones de gobierno corporativo y de responsabilidad social recomienda la atribución de funciones específicas en esta materia a una comisión especializada dentro del consejo de administración.

Con estas referencias, el código puede ayudar a asentar la función de RSE dentro de la estructura de la empresa. Ha sido un tema de debate continuado determinar de dónde debería colgar la RSE. Que sea el consejo quien, en último término, deba velar por la RSE ayudará a dotar de poder formal a la RSE. Además, en el código se hacen otras referencias que sirven también para clarificar el contenido de la función. Se dice, así, que la cadena de valor debe ser la referencia a partir de la cual puedan identificarse las cuestiones de responsabilidad social. Es decir, la responsabilidad social se asocia a la cadena de valor de la empresa; no es un añadido, que tenga que ver con la filantropía o las relaciones públicas, sino que debe ser un elemento de análisis de las operaciones y actividades ordinarias de la empresa.

En una de las recomendaciones relacionadas con este principio se enumeran los aspectos que una política de RSE debe incluir: la estrategia corporativa de RSE, los objetivos, las prácticas concretas , la medición de resultados, los mecanismos de supervisión, y los canales de comunicación, participación y diálogo (recomendación 54). En otra recomendación se indica que la empresa “informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos relacionados” con la RSE (recomendación 55). Se deja así abierta la puerta a que las empresas puedan optar –como parece que es la tendencia que se va imponiendo- por un informe integrado de gestión, que visualice de una forma más explícita que la RSE no es algo aparte.

El regreso de la ética

Consejo de Adm_2Quizás donde el código puede resultar más novedoso es en su claro posicionamiento a favor de un mayor seguimiento de la conducta de los miembros de la empresa y de velar por que se cumplan unos procedimientos y estándares que aseguren la calidad ética en la actividad empresarial. Es cierto que el código se ha encontrado con un terreno convenientemente abonado por la reciente reforma de la Ley de sociedades y por la próxima reforma del código penal, que inciden también en estas cuestiones, y que el código no hace sino desarrollar.

En una de las recomendaciones relativas a la comisión de auditoría dentro del consejo (principio 20) se propone que bajo la supervisión de esa comisión “se disponga de una unidad que asuma la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría” (recomendación 40). También el principio 21 aconseja la creación de una función de control y gestión de riesgos.

En otra recomendación se señala, como una de las funciones de la comisión de auditoría, “establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa” (recomendación 42).Y, por si fuera poco, la recomendación siguiente puntualiza “que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo”.

Dejando de lado el sesgo financiero al que ya me he referido antes (es un análisis pobre y sesgado decir que las irregularidades especialmente relevantes son las financieras y contables), el código sienta las bases para que podamos hablar de nuevo de la importancia de la ética en la empresa; y no sólo podamos hablar de ella, sino, sobre todo, que podamos articularla en acciones –políticas y prácticas- concretas, en la línea del cumplimiento (compliance) que ha empezado a hacerse habitual en nuestro país, como lo ha sido desde hace cuarenta años en el mundo anglosajón. Vamos ciertamente con un retraso de cuarenta años, pero, en fin, “nunca es tarde, si la dicha es buena”

El código de buen gobierno señala en sus párrafos introductorios que todos los principios y recomendaciones que se formulan en el texto tienen un carácter voluntario. Podría decirse que se trata más bien de una “voluntariedad vigilada”, porque, apoyándose en el principio de “cumplir o explicar”, el código deja muy claro que aquellas empresas que no apliquen las recomendaciones del código deberán explicar por qué no lo hacen. En este sentido, será interesante ver el próximo año cómo las empresas explican la implantación y funcionamiento de esta unidad de compliance (auditoria interna, gestión de riesgo o cómo se la vaya a llamar), y, sobre todo, cómo explicarán que no lo han hecho.

(Una versión reducida de este texto se publicó el pasado 12 de marzo en Expansión)