Boicot a empresas a través de Internet

El 19 de septiembre de 2017, tenía lugar la incautación de materiales significativos para el Referéndum de autodeterminación de Cataluña convocado para el 1 de octubre de 2017 (1-O), que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España. La incautación ocurría en locales de la empresa de mensajería Unipost, presidida por Antón Raventós. El mismo día, el periódico diario.es informaba de un boicot en las redes sociales contra Codorniu, una multinacionales española con varias acreditadas marcas de cava.

Boicot en toda España contra Codorníu por la implicación de Unipost en el 1-O”. Este era el titular. A continuación se afirmaba: “La familia propietaria, los Raventós, es a su vez la máxima accionista de Unipost, la empresa de mensajería en la que la Guardia Civil se ha incautado de ingente material del 1 de octubre.”

En algunos mensajes difundidos en las redes se decía: “Ya sabes quién apoya la independencia de Cataluña. Decide con qué cava van a brindar la próxima Navidad”.

Dos días después, el mismo medio de comunicación publicaba un desmentido del grupo Codorniu en el que se aseguraba que Unipost no es una sociedad del grupo, sino que los dos Raventós que llevan la compañía de correos tienen apenas un 1% de las acciones de Codorniú. Y, “el hecho de que unos accionistas minoritarios del Grupo Codorníu, que no trabajan en la empresa, tengan a título individual acciones de Unipost no supone que el Grupo Codorníu participe ni directa ni indirectamente en la toma de decisiones de Unipost ni en lo que haga o pueda hacer esa sociedad o cualquier otra en que participen dichos accionistas”. Se develaba también que el grupo había interpuesto una denuncia por delito de calumnias ante la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional por la difusión por internet de varias noticias “falsas y calumniosas” que la vinculaban con el proceso soberanista catalán.

Los datos del comunicado del grupo Codorniu parecen muy verosímiles. Este grupo tiene más de 600 accionistas, miembros de la familia Raventós en cuarta generación, y Antón Raventós y algún otro accionista de Unipost deben tener un una participación muy minoritaria en el grupo Codorniu. Además, no consta que Unipost pertenezca a este grupo empresarial de vinos y cavas.

Organizar un boicot en las redes sociales en base a una falsedad es moralmente reprobable, por ser contrario a la veracidad y a la justicia. Una acción agravada, además, por el efecto multiplicador de las redes sociales. Es también un delito penal. Ignoro qué efectos producirán estas denuncias, porqué no es fácil perseguir delitos por falsedades difundidas a través de redes sociales, pero, en todo caso,  quienes han causado esta injusticia tienen el deber moral de reparar, difundiendo por el mismo medio un desmentido.  Eso es lo que hizo el citado diario digital y lo que deberían hacer los propagadores de la noticia en las redes sociales.

Estas falsedades pueden causar mucho daño. Se impone ser muy cauteloso al difundirlas y re-difundirlas. Como criterio general la información debe ser veraz y objetiva, o por lo menos contrastada con fuentes fidedignas. Esta norma seguida por los periodistas honrados es ahora un criterio para todos, ya que, a través de las redes sociales, todos podemos difundir información.  Una información verdadera sobre una empresa sería aceptable si lo exigiera el bien común (p.e., advirtiendo de un producto nocivo) , pero no lo sería si el único motivo es perjudicar a una empresa

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