Brendan Eich, co-fundador de Mozilla
¿Es necesario creer en las diferentes religiones para respetar a las personas que las practican? Pues no, una cosa es la persona y la otra son sus creencias. ¿Hace falta estar de acuerdo y hablar positivamente de las ideas políticas para respetar a las personas con esas ideas, para no discriminarlos? No.
Todas las personas tienen la misma dignidad y derechos y deben respetarse por su dignidad intrínseca, no por sus pensamientos, ideologías o acciones. Una cosa es el respeto a las creencias y a la libertad de pensamiento y otra es que para respetarlos debamos pensar que esas ideas son correctas o que el pensamiento es el mejor. La desvinculación entre una creencia, pensamiento o ideología y acción, y las personas que tienen ese pensamiento, ideología o acción es fundamental para el respeto de los derechos humanos. La libertad de pensamiento, expresión y educación es un pilar fundamental de la democracia occidental que se debe proteger, y el respeto a las personas independientemente de su ideología, pensamiento y creencia, también.
La Constitución española y los tratados de derechos humanos prohíben todo tipo de discriminación, que no es otra cosa que el principio de igualdad en su formulación negativa, es decir, no puede no respetarse este principio. En la Constitución también se exige respetar la libertad de creencias y opiniones, la libertad de expresión, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada, el respeto a la intimidad, el derecho a la educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias e ideologías. Esta es la base del pluralismo ideológico, base de una democracia rica y estable.
Esta desvinculación entre persona y pensamiento, se ha interrumpido en una nueva ley de privilegios GLBTI (Gays, lesbianas, Bisexuales y transgéneros o intersexuales (link) [1] que Cataluña acaba de adoptar y que otras Comunidades como Galicia o el País Vasco también han aprobado con términos similares. Desde mi punto de vista una ley totalmente innecesaria. Una cosa es el respeto de todas las personas GLBTI y la no discriminación por orientación sexual en todos los ámbitos de la sociedad, que ya están protegidos por el ordenamiento jurídico y otra que para respetar esa discriminación se haga una ley de privilegios, se coarte la libertad de pensamiento, expresión, empresa y educación en torno a la ideología de género en medios de comunicación, empresas, colegios y administraciones públicas.
Es una ley de vigilancia y control que excede la pretendida igualdad y que, a través de la discriminación positiva, lo acaba controlando todo: el ámbito público y el privado, incluso controla al Parlamento de Catalunya, sancionando no ya la “fobia” o insulto, sino la mera consideración “negativa” o la “no visibilidad”. Impone medidas que suponen el fomento, el control y la imposición de ideología en las escuelas y, afectando no sólo a personas, sino también a empresas e instituciones. La ley además invierte la carga de la prueba, principio básico de la presunción de inocencia, principio base de la democracia y de la justicia. Además como la orientación sexual forma parte de la intimidad de la persona, es muy difícil probarla y puede dar lugar a abusos (cualquiera podría alegar este criterio para conseguir privilegios).
La nueva ley matiza el proyecto de ley, pero todo dependerá de la interpretación del texto por el Decreto Ley que ahora tiene que aprobar el Gobierno y por su puesta en práctica. El tiempo dirá. Pero tiene enunciados muy ambiguos: «De acuerdo con la coeducación, debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos. El principio de coeducación debe incorporarse a los planes de acción tutorial y a los planes y reglamentos de convivencia de los centros educativos. Los contenidos de los materiales escolares, educativos y formativos, en cualquier formato, y el lenguaje que se utilice en los mismos deben tener en cuenta la diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y evitar cualquier tipo de discriminación por este motivo». Se obliga a que la diversidad sea “efectiva” y se cree «un entorno amable a la diversidad» en todos los centros escolares públicos y privados y en todos los niveles educativos.
Se obliga a las universidades (art. 13) a medidas de protección, de apoyo y de investigación para la visibilidad de las personas LGBTI y deben elaborar un protocolo de no discriminación. También se establecen medidas para la cultura, el tiempo libre y el deporte (art. 14). Se establece control sobre los medios de comunicación (art. 15) con el fin de establecer recomendaciones sobre el trato y el uso de imágenes y lenguaje, favoreciendo la visibilidad de referentes positivos de los GLBTI y realizar un seguimiento de las informaciones que ofrezcan un tratamiento contrario a la diversidad sexual, la identidad de género o la expresión de género y recogerlas periódicamente.
Se extienden los derechos de familia que tienen los homosexuales a los bisexuales, transexuales e intersexuales (art. 21) y se modifica la legislación catalana en reproducción asistida, sin incorporar ni siquiera la limitación por edad.
Se incorporan los derechos GLBTI a los planes de igualdad en las empresas (art. 20) y se impulsan códigos de conducta y protocolos de actuación y se establecen medidas en las empresas pactados con los sindicatos. Se limita el derecho de admisión (art. 23): por ejemplo si la persona a la que se impide el acceso es GLBTI podrá dar pie a una denuncia por discriminación, aunque sea otra la causa. Será la empresa la que deberá demostrar que no es así.
Otorga un gran poder político a los GLBTI (art. 8), porque crea en el seno de la Generalitat un órgano ejecutivo (art. 9) que ha de coordinar las políticas del Gobierno de la Generalitat en esta materia y los departamentos de la Generalitat deberán aplicar esta Ley con la colaboración y bajo la coordinación de este órgano. Hay previstas sanciones administrativas impuestas por este órgano creado ad hoc (arts. 31 y 32) y en el ámbito empresarial y de centros educativos se establece la suspensión temporal de ayudas de la Generalitat.
Peligrosa me parece esta nueva ley. No sólo porque no va a arreglar la discriminación que existe contra los LGBT, sino que puede exacerbarla. España, junto con los países del sur, es el país de Europa en que menos violencia existe contra los LGBT, en comparación con los países nórdicos, donde estas leyes ya llevan mucho tiempo en vigor según este estudio (link) [2]de la European Fundamental Rights Agency del 2012. ¿Paradójico? Pues no. Como decíamos antes, para respetar no es necesario compartir la opinión ni tener este tipo de leyes. Peligroso es que se piense lo contrario y se imponga por ley, porque será el inicio de hostilidades y de luchas entre grupos de ideologías por hacerse con el poder para imponer al resto su ideología. ¿Quién pone entonces el cascabel al gato?
Para respetar no hace falta estar de acuerdo, sino simplemente saber que las personas son libres y se deben respetar. Es en el desacuerdo y en la diversidad de opinión, creencia o ideología como valor fundamental y positivo donde deberíamos hacer hincapié. En la tolerancia a la diversidad y el respeto de las ideas que no son como las nuestras. Y esto no es sólo privilegio de unos colectivos, sino un derecho de todos.
La diversidad de opinión permite el debate pausado y sereno de todos los puntos de vista. Si no hay desacuerdo no hay diálogo, y sin diálogo no hay progreso ni democracia. No vale decir «para que me respeten necesito que piensen como yo». Con esta ley lo que se pretende es uniformizar el pensamiento, y con ello se pierde la libertad y la tolerancia. Pero el bien (pretendida eliminación de la discriminación y fobia) nunca justifica los medios (eliminar todo debate en torno a GLBTI, censurar todo pensamiento o expresión contraria, promover la visibilidad en las empresas, limitar el derecho de admisión y de contratación e invertir la carga de la prueba).
No es muy difícil imaginar los enormes costes (consecuencias negativas no directamente buscadas por la ley) que la convertirán en una victoria pírrica. ¿Se os ocurren algunas? Como muestra un botón, al CEO de Mozilla, Brendan Eich, también creador del lenguaje de programación JavaScript, le presionaron para dimitir, debido a que en el año 2008 hizo una donación de mil dólares a favor de la Proposición 8 en California, una iniciativa legal que buscaba definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.