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La Ley de Educación: luces y sombras

En un mundo globalizado, nuestra principal (y en ocasiones la única) “baza” competitiva es el capital intelectual y humano de nuestros ciudadanos, siendo la educación uno de los factores esenciales para garantizarlo. La Administración, la sociedad civil, los profesionales de la educación, las familias y los propios alumnos deben asumir su responsabilidad para ser ese motor del cambio que nuestra sociedad necesita.

En Cataluña nos encontramos en la recta final de la aprobación parlamentaria de la ley de educación de Cataluña y toca hacer balance. Han pasado más de 5 años desde que PSC, ERC i ICV firmaron el Pacte del Tinell (14 de diciembre de 2003) donde se comprometían a llevar a cabo un conjunto de reformas educativas para crear una red única, pública y laica. En este periodo de tiempo el despacho de Vía Augusta ha sido ocupado por 4 “consellers” (Bargalló, Cid, del Pozo y Maragall).

Del consenso alcanzado en el Pacte Nacional d’Educació, se pasó a las más de 225.000 alegaciones de padres de toda la red concertada contra el Avantprojecte de llei catalana d’Educació. Finalmente se recobró el “seny”, y el debate parlamentario recondujo la situación a un escenario más estable. El resultado es la llei catalana d’Educació que después de superar su último escollo – el dictamen del Consell Consultiu – parece que se aprobará antes de las vacaciones. Incluso así, la LEC tardará años en desplegar todo su articulado mediante los decretos que apruebe el Ejecutivo (que – no olvidemos – puede cambiar).

Alcanzar un texto consensuado por la gran mayoría de fuerzas políticas, o como mínimo por aquellas que representan a 8 de cada 10 ciudadanos de Cataluña, es un gran éxito del sistema democrático. Sin embargo, el consenso a menudo conlleva que todos cedan algo de terreno para lograr alcanzar un punto de encuentro. Todos perdemos un poco para ganar mucho y sinceramente creo que esta ley, sin ser la “panacea”, fija las bases del cambio que nuestra sociedad necesita.

En primer lugar se gana en estabilidad. No podemos permitirnos el lujo de vernos inmersos en cambios educativos cada vez que hay un cambio político. Esta estabilidad es la que permitirá a los profesionales de la educación centrarse en el ámbito pedagógico.

Se reconoce la diversidad de los centros y el rechazo a la uniformidad como valor del sistema educativo.

Se reconoce el papel de la escuela concertada al definirla como un modelo de interés público, logrando de esta manera que la escuela concertada no sea subsidiaria, sino complementaria de la pública.

Se reconoce el papel fundamental de la familia. Sin su apoyo y compromiso la acción educativa de las escuelas no puede tener éxito.

Se da un paso hacia la gratuidad real para cubrir la insuficiencia del concierto educativo y apostar por su ampliación, tanto en su dotación como en las etapas en las que se pretende aplicar (P0 a P3 y Bachillerato). Se apuesta por un incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 6% del PIB.

Existe una clara intención de reforzar la escuela pública al dotar de autonomía a los colegios e institutos, reforzar el papel de los equipos directivos, posibilitar la carrera docente o implantar la cultura de la evaluación. Todos estos puntos, a pesar de ser una clara apuesta por la mejora educativa, exasperan al sindicato mayoritario en el sector público que intenta, huelga tras huelga, desestabilizar el ambiente educativo.

Persisten, sin embargo, algunos artículos (esa porción de terreno cedido) que desagradan, porque están demasiado abiertos a interpretaciones:

La persistencia de las “zonas educativas” que anteponen los baremos y la planificación a la libertad de elección de centro por parte de los padres; la coeducación como principio rector de nuestro sistema educativo, malinterpretándola como sinónimo de educación mixta frente a la diferenciada; o el % máximo de inmigración – un aspecto positivo – que puede convertirse en perverso si no se dota a los centros concertados de más recursos para acogerlos.

Falta también una buena memoria económica de aplicación de esta ley, así como un planteamiento abierto para dar la opción de la educación diferenciada en la escuela pública, que tan buenos resultados está demostrando en distintos países. En este sentido merece la pena escuchar a una experta sueca [1] convocada para una audición sobre el tema en el Parlamento catalán. [Ver vídeo [2]]

Habrá, pues, que estar pendiente del desarrollo de los decretos, para que se aplique bien la ley, respetando la libertad de todos.