Una de las características que definen el Estado Democrático de Derecho es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera sus autores o los que están encargados de hacerla cumplir. Es más, estos últimos deben ser especialmente ejemplares en su cumplimiento. Tanto es así que el incumplimiento de esos deberes se considera un abuso de poder, sancionado por el Derecho Penal como un delito de prevaricación.
Por otra parte, es bueno no olvidar que las leyes hechas por los hombres tienen las limitaciones propias de quienes las redactan, y pueden incluso ser leyes injustas. En el Derecho Natural se distingue entre la ley natural, que es la proyección de la ley eterna en el mundo y en las criaturas racionales, y la ley positiva, que comprende las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de la sociedad. La ley natural es universal e inmutable; la ley positiva puede y debe cambiar, cuando sea necesario.
Cuando en clase pregunto por personajes de la historia que son considerados referentes para la humanidad, siempre se mencionan los mismos nombres: Gandhi, Martin Luther King, Jesucristo,… últimamente Nelson Mandela. Son personajes de la historia que tienen algo en común: se opusieron a las leyes vigentes en su tiempo por considerar que esas leyes eran injustas, porque iban en contra de derechos y valores éticos fundamentales de la persona humana.
Elevar una ley positiva a la categoría de “sagrada” es un error teórico que puede tener también sus consecuencias prácticas y políticas. Pero, calificar una ley positiva como “injusta”, con las consecuencias prácticas de legitimar moralmente el incumplimiento de esa ley, puede ser una frivolidad, que quien tiene responsabilidades de gobierno debe saber ponderar en su justa medida.
La diferencia entre prevaricación y desobediencia a la ley injusta puede ser una línea muy fina, que -como siempre que hablamos de cuestiones éticas- queda en manos del juicio –bien razonado y fundamentado sobre hechos objetivos- de quien hace esa valoración.
Es cierto que el hecho de calificar una ley como injusta no implica necesariamente desobedecer a esa ley. Alguien puede considerar que una ley es injusta y decidir –por determinadas razones- cumplir la ley. Un caso paradigmático de la historia es el de Sócrates, que fue condenado injustamente a morir, y, a pesar de tener la posibilidad de escapar, decidió acatar el veredicto. Lo que sí sucede es que considerar injusta una ley otorga legitimidad, como posible alternativa de acción, a la desobediencia a esa ley.
Ahora bien, dadas las consecuencias que se siguen de desobedecer la ley, las razones que justifiquen, por una parte, calificar una ley como injusta y, por otra, concluir que la mejor alternativa ante esa ley injusta es desobedecerla deben ser muy claras y contundentes.
Fijémonos de nuevo en los casos históricos que hemos mencionado antes. Se trata de situaciones en las que se lesionaban de forma flagrante derechos humanos básicos, y en las que parecía no haber –o haberse agotado- otras alternativas. No basta con que la ley –a título individual y colectivo- no me guste o me impida hacer algo que me parece mejor. Debe haber una ponderación seria de razones y deben explorarse otras vías de acción. A título individual, es una buena medida de prudencia -que asegura la rectitud de intención- buscar el consejo de un tercero. Cuando la cuestión se plantea a nivel colectivo, pueden establecerse mecanismos que aseguren que hay algo más en juego que opiniones legítimas pero enfrentadas, por ejemplo, a través de mayorías cualificadas.
Charles Peirce decía que en cuestiones prácticas debemos vivir el principio de conservadurismo, que aboga por no precipitarse en cambiar lo que va (suficientemente) bien. En la experimentación científica pueden asumirse riesgos, pero en la experiencia práctica –donde las acciones tienen consecuencias reales- hay que ser más precavido. En el mundo jurídico, este principio se expresa en aquel “in dubio, pro reo” –en la duda, hay que estar a favor del reo-, y aquí el reo es la ley, que, mientras no se demuestre lo contrario, debe tenerse por justa, y debe ser respetada, especialmente por quienes tienen la función de velar por su cumplimiento.
Puedo aceptar que alguien que tiene responsabilidad de gobierno piense en conciencia que debe desobedecer una ley por considerarla injusta. Pero, sabiendo que arrastra tras de sí a toda una sociedad –buena parte de la cual no comparte su visión-, me quedaría más tranquilo si me explicase que ha llegado a esta conclusión después de una reflexión racional y ponderada. No vaya a ser que teniéndose por héroe no sea en realidad más que un frívolo.