Recuerdo que hace unos años estamos en una jornada sectorial sobre la Responsabilidad Social. Se trataba de un sector que se caracteriza por cobrar al contado y por pagar a sus proveedores en un periodo diferido de tiempo, y por sacar unos buenos rendimientos financieros con esta política.
Después de pasarnos toda la mañana refiriendo ejemplos de acciones de responsabilidad social de las empresas del sector, desde políticas de conciliación, integración de grupos especiales de población, acciones de mejora del medioambiente, etc., una persona que representaba a una de las asociaciones patronales tomó la palabra y planteó si en vez de todas estas acciones no sería mejor empezar por lo más básico y que las empresas del sector se propusiesen pagar a sus proveedores a 60 días en vez de los –supongamos- 180 días, que era lo habitual por aquel entonces.
Me pareció una intervención muy valiente y muy sensata. Muy valiente, porque venía de alguien del propio sector, y planteaba una cuestión que podía generar una fuerte controversia. Muy sensata, porque muchas veces mareamos mucho la perdiz con estas cuestiones de responsabilidad social y nos olvidamos de lo más básico, que la responsabilidad social empieza por dentro de la propia empresa y por sus propias operaciones ordinarias.
Me ha vuelto a la cabeza esta anécdota, porque leo hoy en la prensa un análisis sobre los plazos con los que las administraciones públicas pagan a sus proveedores. Las autonomías pagan -por poner alguno de los ejemplos que se citan- con una media de 200 días los productos de tecnología sanitaria, de 470 días los productos farmacéuticos, y “sólo” de 155 días a las compañías constructoras.
En el 2010 se aprobó la Ley de Morosidad, que reducía los plazos de pago a proveedores y fijaba unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de la Administración, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extendía hasta 2013. En el caso de las administraciones públicas se establecía un periodo transitorio con una escala de 50 días para 2011, 45 para 2012, y 30 días desde el 1 de enero de 2013.
El problema de las leyes (bueno, de los legisladores) es que a veces se establecen unas medidas tan poco razonables que luego no hay quien se atreva a hacerlas cumplir. Ya se ve que estamos muy lejos de cumplir la ley en este caso. Pero si las administraciones públicas se plantean cómo asumir sus responsabilidades no tienen que ir muy lejos –especialmente en estos tiempos de crisis: basta con que se propongan pagar a tiempo.