Tenemos huelga general a la vista. Ha sido anunciada por las dos grandes centrales sindicales españolas, UGT y CCOO, para el 29 de marzo. En la convocatoria han aparecido desde el primer momento valoraciones éticas. Los líderes sindicales afirman que la huelga general “es inevitable, justa y necesaria”. En contraste, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advierte que convocar huelga general por la reforma laboral es “injusto” y “no ayudará a nadie”.
Uno se pregunta cómo, unos y otros, fundamentan sus valoraciones. Esta huelga general, ¿es justa o injusta? ¿Qué argumentos presentan sus defensores y sus detractores? Los sindicatos exponen sus motivos en el cartel anunciador de la huelga: “Quieren acabar con los derechos laborales y sociales. Con todo”. De modo más detallado, explican que quieren más diálogo social antes de su aprobación y quieren forzar una reforma más suave a través de la huelga. El Gobierno y quienes le apoyan argumentan que este diálogo ya se ha tenido e insisten en la necesidad de su reforma laboral.
¿Cuándo es justa una huelga? ¿Qué criterios de reflexión aporta la ética social? ¿Qué dicen sobre la moralidad de la huelga quienes se suponen voces morales solventes? Me fijaré en los criterios que proporciona el Catecismo de la Iglesia católica (n. 2435): «la huelga es moralmente legítima cuando se presenta como un recurso inevitable, si no necesario, para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados a las condiciones de trabajo o contrarios al bien común.» Son criterios de ética social, racionales y razonables.
Hay que preguntarse, en primer lugar, si la huelga es realmente inevitable o necesaria para obtener el beneficio que se busca. Una huelga general es siempre política y, en un estado democrático, hay cauces de participación bien establecidos que, salvo casos muy excepcionales, hacen innecesaria una huelga general. Los sindicatos deberían presentar enmiendas – cosa que ya han hecho – y presionar a los legítimos representantes del pueblo – también están en ello – para que mejoren la ley. Es muy dudoso que en la situación actual la huelga pueda cambiar la firme voluntad del Gobierno, fuertemente presionados por Bruselas, de sacar adelante una reforma laboral en profundidad, que estiman muy necesaria, aunque están dispuestos a introducir mejoras. Los sindicatos han promovido sonadas manifestaciones en la calle y todo el mundo sabe que se oponen a la reforma. No está claro por qué es necesaria e inevitable una huelga general.
En segundo lugar, hay que preguntarse si los daños son proporcionados a los beneficios que se pretenden logar. Los daños que ocasiona una huelga general son cuantiosos. No sólo en términos económicos inmediatos y en perjuicios para muchas personas, sino también en pérdida de reputación como país; lo cual puede desincentivar futuras inversiones. La CEOE ha cifrado en 1.000 millones de euros el coste inmediato de la huelga contando un seguimiento de sólo el 35%. Eso, en un año en el que, según estimaciones del Banco de España, nuestra economía retrocederá un 1,5% y el paro, actualmente en el 22,85 por ciento, subirá al 23,4%.
En cuanto a la violencia, quizá no; pero a juzgar por la experiencia de huelgas generales anteriores, puede haber violencia al menos en forma de piquetes que impidan ejercitar el derecho a ir a trabajar. ¿Estarían dispuestos los sindicatos a prescindir de sus piquetes?
Por último, y este punto me parece muy importante, hay que analizar si la huelga está directamente vinculada a las condiciones de trabajo o es contraria al bien común. Eso último exige considerar si la huelga responde realmente a razones de justicia social o sólo a intereses de parte (poder sindical y conservación de derechos laborales). En este punto hay que ponderar que la justicia social se extiende no sólo a las condiciones de contratación, despido y negociación colectiva de quienes gozan de un puesto de trabajo, sino también al derecho a trabajar de quienes están en el paro. Muchos defienden que unas condiciones más flexibles, junto a medidas de estímulo al crecimiento económico, facilitaría disminuir la tasa de desempleo, que en estos momentos es dramática: 5.273.000 personas que quieren empleo y no lo encuentran. Si es así, difícilmente se puede afirmar que la huelga general se justifica por el bien común.
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As accurately highlighted by your exposition, the final analysis hinges on one’s assumptions regarding the ethos for unions: Do they represent and attempt to contribute to general workers’ rights, as Leo XIII, for instance, believed they (ideally) would, or do they rather stand up for the benefits of the “in-group”, notably the union members, largely disregarding or even at the detriment of the “out-group”, notably including the unemployed – as generally held in labour economics and, e.g. also by Henry George?