El pasado 21 de junio dimitía el magistrado Carlos Dívar (ver vídeo), presidente del Tribunal Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España –órgano que gobierna a los más de 4.500 jueces españoles y con un presupuesto de 74 millones de euros. Un caso insólito. El motivo fue la presión sufrida por una parte de sus compañeros, vocales del CGPJ y, sobre todo, de los medios de comunicación y de la opinión pública a raíz de una treintena de viajes realizados por Dívar durante fines de semana más o menos prolongados a la ciudad turística de Marbella y otros destinos. Tuvieron un coste aproximado de 48.000 euros y, aunque supuestamente privados, fueron cargados al prepuesto del CGPJ.
De acuerdo con la legislación vigente, Dívar no tenía obligación legal de justificar la finalidad de estos gastos ni de detallar en qué había empleado esa cantidad de dinero. Y así lo entendió la Fiscalía General del Estado al archivar la denuncia por malversación que le interpuso, el pasado 8 de mayo, José Manuel Gómez Benítez, vocal del CGPJ. Poco más tarde, el Tribunal Supremo vio el caso y, por once votos contra cuatro, determinó que no nada penalmente que reprochar en su conducta. Pero, ¿cabe algún reproche ético?
A lo largo de más de un mes y medio y hasta hoy, Dívar ha mantenido que no se sentía culpable. Argumentaba sobre el “carácter reservado” de sus viajes y afirmaba que no tenía obligación de dar explicaciones detalladas de los mismos. “Tengo la conciencia absolutamente tranquila”, afirmó en una comparecencia pública. Y añadió: “no existe irregularidad alguna, los viajes han sido en condición de mi puesto de presidente del CGPJ. Además, ninguno de mis desplazamientos ha evadido las normas de control y fiscalización que normalmente hace la institución». Con sus casi 70 años, 43 en carrera judicial y casi cuatro como presidente de los dos órganos supremos de la judicatura española, no se conocía nada reprochable de este magistrado. Al dimitir, Dívar señaló que se iba «con el convencimiento de que era lo mejor para la carrera judicial y para la sociedad». Añadió que había sido “víctima de una campaña cruel, desproporcionada y con ensañamiento”.
El día siguiente de la dimisión de Dívar, el propio CGPJ informó que los 20 vocales del CGPJ también realizaban viajes –unos más que otros– y que en 2011 el gasto ascendió a 830.733 euros en concepto de representación y protocolo, viajando por España o por el extranjero, es decir, una media de 37.000 euros por vocal.
http://www.abc.es/videos-espana/20120621/divar-confirma-dimision-como-1699735322001.html
Ante este caso, se me ocurren varios comentarios:
El primero es la ratificación de que la moralidad va más allá de la legalidad, aunque algunos sigan identificando ambos conceptos. El caso Dívar muestra que se puede actuar legalmente, y ser moralmente reprobable. Pagar viajes privados con fondos públicos no sólo es inmoral, sino que también crea un fuerte rechazo popular, aunque no esté legalmente penalizado. Quizá los viajes de Dívar no fueran privados, pero cuesta imaginar otra cosa, mientras no se justifiquen los motivos de esos viajes.
El segundo comentario es la posible existencia de “racionalización” de una falsedad, que a menudo se da como autojustificación ética. Puede adoptar formas como ésta: “todos los vocales lo hacen… habrá que entender estos gastos como una parte de nuestra remuneración.” “Si los controles lo permiten y nadie me llama la atención, es que mi comportamiento es bueno: mi conciencia no debe reprocharme nada.” Si se dieron, francamente, no son de recibo, al menos en una persona que tienen especial obligación de ejemplaridad.
Como tercer comentario, resulta llamativa la denuncia personal de uno de los vocales, si bien es cierto que posteriormente otros cinco se unieron en la petición de dimisión y, al final, nadie instó a Dívar a mantenerse en su puesto. ¿No hubiera sido más leal sugerirle un cambio de conducta antes de denunciarle? ¿Fue un motivo de lucha interna de poder? ¿O tal vez, una actuación por discrepancias ideológicas entre Dívar y Gómez Benítez (que las tenían)? ¿Quizá una venganza? ¿Ha sido de verdad “una campaña cruel y desproporcionada”? No lo sé, pero las respuestas a estas cuestiones pueden poner de manifiesto falta de lealtad o escasa o nula rectitud de intención.
Todavía, un cuarto comentario a propósito del gasto del CGPJ. Siempre, pero más aún en momentos de crisis y recortes en el gasto público, el CGPJ, como cualquier otro organismo, debería comportarse con mayor austeridad, actuar con una prudente transparencia y gran sentido de responsabilidad, también en los gastos. Al ciudadano de a pie le cuesta entender la necesidad de esos 831 mil euros en viajes de vocales del CGPJ.
Por último, y no menos importante, hay que hacer notar el daño causado al prestigio de instituciones tan importantes como el CGPJ y el Tribunal Supremo, y en definitiva al bien común. Sugiero un sincero examen de conciencia a todos los implicados y una llamada de atención al conjunto de la ciudadanía. Se impone una reflexión serena para aprender de esta amarga experiencia y evitar, en lo posible, actuaciones, de unos y otros, tan lamentables.
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el que ha ocupado su cargo,parece ser que h actuado peor,,,,la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro….¿cuando tendremos caridad y dejaremos de juzgar a la ligera?
cuando tendremos caridad y dejaremos de juzgar alegremente
Siempre se juzga por todo