El 30 de marzo de 2012, el gobierno de España anunció una amnistía fiscal, a partir del mes de junio, con la que estimaba recaudar más de 2.500 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que se gravarían con unos tipos especiales “a las rentas que afloren en los próximos meses, hasta el 30 de noviembre de este año”. A partir de este momento –añadió– “se endurecerán las sanciones por fraude fiscal”. El capital no declarado deberá pagar un “gravamen especial” del 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción.
Montoro argumentó –y después lo repitió el presidente Rajoy– que se trataba de “una medida extraordinaria propia de un momento extraordinario” y que era necesaria para financiar los servicios públicos. Añadía, además, que “estas medidas se habían adoptado “al amparo de los criterios de la OCDE y a la vista de la experiencia de países de nuestro entorno.”
El 30 de noviembre ya ha llegado y la recaudación es ahora conocida: 1.200 millones de euros (un 48% de lo previsto). A pesar de este relativo fracaso, el gobierno se ha mostrado optimista argumentando que la aplicación de esta medida ha permito aflorar 12.000 millones de euros de bases imponibles que están “gravados a futuro” y supondrán más ingresos a las arcas públicas llegado el momento.
Tras el anuncio de la amnistía fiscal, muchos la tacharon de injusta, generalmente con el argumento que se favorecía a los que habían defraudado y suponía un agravio comparativo con quienes habían pagado religiosamente. Unos días después, el que suscribe publicaba un artículo en La Vanguardia (19 de abril) en el aceptaba este argumento, pero lo veía insuficiente para un correcto juicio moral de esta amnistía. Aquí vuelvo a la cuestión de un modo algo más extenso.
No estoy de acuerdo con que cualquier amnistía fiscal sea condenable con independencia de las circunstancias concurrentes y las consecuencias previsibles. La cuestión ética no sólo incluye que el gobierno perdone la mayor parte de la deuda defraudada sino también el contexto en que lo hace. En marzo de 2012, un déficit público del 8,5% en 2011 y la obligación de pasar al 5,3% en 2012. Es también relevante la estimación de poder inyectar 25.000 euros al sistema, aparte de aflorar información que repercutiría en los impuestos futuros.
Una amnistía fiscal sería injusta en condiciones ordinarias, cuando no exista una grave necesidad de hacerlo, pero éste no es el caso que analizamos. Entiendo que la existencia de una grave necesidad pública es un criterio prudencial necesario que podría contribuir a justificar una amnistía fiscal, aunque no es suficiente.
Siguiendo una metodología que suelo recomendar para valorar acciones morales, que no son intrínsecamente malas, sugiero ponderar:
1) Si se hace de buena fe, con rectitud de intención y no por intereses partidistas contrarios al bien común.
2) Si hay alternativas mejores.
3) Si la medida podrá ser eficaz.
4) Si hay proporción entre el bien perseguido y los daños que se previsiblemente se ocasionarán, pensando también en las consecuencias que tal medida pueda acarrear en el futuro.
Asumo que actuaron de buena fe, nadie lo ha cuestionado. En cuanto a las alternativas, una opción mejor sería, obviamente, lograr hacer aflorar los impuestos defraudados sin amnistía. En realidad, esta persecución ya se está haciendo. El problema es que su aplicación es lenta y su eficacia, en muchos casos, parece más bien dudosa.
Por otra parte, convenía ponderar si la medida podría ser eficaz. Si no lo fuera, ¿para qué plantearla? Ahora sabemos a ciencia cierta, incluso de modo cuantitativo, que su eficacia ha sido relativamente baja. Pero el juicio moral antecede a la decisión y en su momento sólo se contaba con estimaciones en gran parte subjetivas y datos comparativos. Estos últimos muestran resultados dispares. Alemania aplicó una amnistía fiscal en 2003, Portugal lo hizo en 2010 e Italia en 2009. En este último país, el Gobierno Berlusconi recaudó alrededor de cinco mil millones de euros, vinculando la amnistía a la compra de deuda pública. En España se han aplicado amnistías fiscales en dos ocasiones, una en 1984 y otra en 1991, con muy poco éxito. Me parece que la eficacia de esta medida en el momento de aplicarla no estaba muy clara, al menos en la cantidad calculada, como se ha demostrado con los hechos.
Aun suponiendo que la medida pudiera ser efectiva, queda el criterio de proporcionalidad. La necesidad era grande y, en efecto, esta medida pudiera inyectar dinero al sistema y evitar nuevos recortes en gastos sociales, lo cual es bueno. Sin embargo, es también cierto que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que pagaron; es también un mal precedente: ¿habrá otra amnistia fiscar dentro de unos años? Por otra parte, la imagen que muchos han sacado es que este gobierno favorece a los defraudadores.
En resumen, con la información disponible me inclino a dar un juicio moral negativo a esta amnistía fiscal. Sin embargo, para dar un juicio más refinado convendría saber qué información tenían quienes decidieron convocar la amnistía fiscal. ¿Hicieron este juicio bien ponderado o simplemente aplicaron el criterio economicista? No lo sé, pero si hicieron esto último, fallaron en lo primero que se exige para actuar bien: hacer un juicio de conciencia sincero y con afán de buscar lo moralmente correcto.
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Un gobierno éticamente puede o no puede fijar unos impuestos.
Entiendo que un gobierno tiene poder para poner impuestos y también para quitarlos. Difícilmente una medida general, crear o quitar un impuesto, resulta «justa» para todos. Nunca llueve al gusto de todos. Me atrevo a decir, y es muy audaz, que llevado al límite el razonamiento Dr. Melé, los gobiernos no podrían gobernar nunca o casi nunca o al menos su actuación no sería muy moral…
Mi opinión como ciudadano de a pie es que, en principio, no veo ninguna objeción ética si la decisión se tomó de buena fe. Porque, seamos prácticos: estamos en una situación de grave crisis económica en la que se necesita recaudar dinero para no “atornillar” más a los ciudadanos y no disminuir los tan preciados servicios sociales que tenemos …… Si el Gobierno propuso hacerlo de esta forma pensemos que fue porque no tenía otra forma de hacerlo mejor (al menos a corto plazo); además, los hechos parecen corroborarlo pues la recaudación ha sido menor de lo esperado.
A veces somos demasiado críticos con nuestros gobernantes ……, confiemos más en ellos y, sobre todo, ayudémosles (que trabajo no les falta) a hacerlo cada día mejor (por el bien de todos ……).
Atentamente,
Francisco Amaro
Thank for another highly insightful post, which I continue to read with great interest. I’m happy to contribute my personal experience from my country although I acknowledge at the outset that it is more ideological and less well-considered than your analysis.
Fiscal amnesty is indeed a very precarious issue. In Belgium, in an attempt to scramble as much money together as possible, since recently, corporations that have fraudulently evaded taxes can now step to the tax authorities for a settlement in the a priori and unconditional knowledge that they do not risk any legal prosecution. It is not even a temporary and/or exceptional measure – it has rather become «the law».
This kind of “measures” adds to the image of the lawless society in which there is one type of rationality obtain only, viz. economic rationality. Moreover, it renders it increasingly cumbersome then, for citizens to appreciate that there is an important social and ethical element to contributing to the social security system by means of taxes – at least within such a crooked system.
Not only would the proportionality criterion in casu seem to be offended, but also, to assume, that the common good will remain unaffected – let alone served – is hardly pardonable.
Merry Christmas!