Empezamos el año conociendo el informe provisional del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) sobre medidas de lucha contra la corrupción. En 2013 dio once recomendaciones para atajar la corrupción en España. En este informe se afirma que sólo siete han sido puestas en marcha parcialmente. Las otras cuatro quedan totalmente pendientes. Las medidas afectan a gobierno, parlamentarios, partidos políticos, la fiscalía y «lobbies» o grupos de interés. Este último, que afecta a las empresas, es una de las reformas que el GRECO echa en falta. Otro ámbito que puede afectar a las relaciones entre empresarios y políticos, del que también este Grupo pide mejoras, es la declaración de posibles conflictos de interés, que llegan hasta familiares que puedan beneficiarse de manera directa o indirecta de decisiones legislativas o políticas.
No es secreto para nadie que la corrupción inquieta, y mucho, a la sociedad española. Como señalaba Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, “hay una especial preocupación de los ciudadanos por la corrupción, y hay todavía un largo camino por recorrer en la lucha contra la misma.” No es sólo una opinión personal. Lo certifican los datos del Barómetro Global de la Corrupción 2017, cuyos datos muestran que en España, 4 de cada 5 ciudadanos piensa que el Gobierno no realiza suficientes esfuerzos en luchar contra la corrupción. Por lo demás, hay casos de corrupción de fuerte impacto que fomentan la percepción de corrupción en nuestro país. Basta recordar, por ejemplo, la Operación Púnica, los casos Palau y Gürtel y los ERE de Andalucía.
La buena noticia es, en primer lugar, la propia creación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa en 1999 y actualmente formado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU). Su finalidad es controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupción adoptadas en la Organización, con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción mediante un procedimiento de evaluación y de seguimiento de las prácticas adoptadas en cada caso. Más positivo es aún que este Grupo no sólo exista sino que actúe y presione a tomar medidas contra la corrupción a través de evaluaciones y recomendaciones que se publicitan. Y, parece que lo hace.
Es también buena noticias que se han dado pasos en la buena dirección. Entre otros, reforma del Código Penal en 2015, que recoge entre otras la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que incluyen empresas, con la regulación del tráfico de influencias activo, así como la tipificación del delito de financiación ilegal de partidos políticos y penas más severas para los delitos de corrupción. Otra ley, de este mismo año, recoge el control de la actividad económico–financiera de las formaciones políticas y la prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas, entre otros. La paralización política tras las elecciones generales de 2015 puede haber ralentizado las medidas a adoptar, pero ya no es excusa, como recoge también el citado informe GREDOS.
La verdad es que aún queda mucho por hacer en la lucha contra la corrupción. Necesitamos una lucha más decidida a favor de la integridad y contra la corrupción. Por supuesto, hay que actuar a través de legislación y regulaciones, pero no es suficiente. Hay que reforzar la opinión pública y educar para la integridad ética todos los niveles: familia, escuela, universidad, escuelas de negocios, empresas. La sociedad debería premiar la integridad y exigirla y penalizar actuaciones corruptas. Ante todo, es necesario crear una mentalidad promotora de la justicia y que valore la virtud. ¿Avanzaremos en 2018?