Publicado en Expansión el 10 de marzo de 2010.
La pasada semana un grupo reducido de nacionalistas radicales muy violentos intentó evitar una conferencia de la diputada Rosa Díez en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Atacó con insultos, objetos arrojadizos, pintura, etc, en fin, lamentable. El lector lo puede ver en YouTube si es que no lo ha visto ya en TV. Los mismos incidentes ocurrieron unas semanas antes y en el mismo lugar con motivo de una conferencia del Lendakari Ibarretxe. El ex Lendakari sólo recibió insultos y protestas. Rosa Díez salió peor parada y fue literalmente acribillada, quizá por que su discurso es menos aceptable para los radicales.
De estos dos hechos tan seguidos en el tiempo y lugar se deduce que la violencia de los radicales va a más. ¿Y por qué? Pues, sencillo, por que la haces y gorda y no pasa nada. La policía no actúa, no se detiene a nadie, no tienes que pagar los desperfectos causados y… no pasa nada. Y además, consigues cobertura publicitaria en los medios de comunicación. La conclusión de lo violentos es clara: “la próxima la hacemos más gorda todavía, tranquilo que no pasa nada”. Es la dinámica revolucionaria que usa la violencia para desacreditar y arrinconar a los que no piensan como ellos.
El Rector de la UAB ha declarado que estos grupos proceden de fuera de la Universidad. Da igual de donde procedan. El tema aquí no es si los universitarios de la UAB son violentos o no. Lo que se plantea es la protección de los derechos fundamentales de la persona, en concreto la libertad de expresión y la garantía de no ser agredidos. La principal obligación de cualquier gobernante es garantizar esos derechos fundamentales de aquellos sobre los que gobierna. El Rector debería haber llamado a la policía, en número suficiente para evitar la agresión pues era previsible que ocurriera una vez visto el caso Ibarretxe. Una vez producida ésta, la policía debería haber efectuado detenciones. Pero vale, puedo aceptar que les pilló desprevenidos. En ese caso, que procedan ahora y sin demora a la identificación y posterior denuncia de los violentos.
¿Quizá esto es impopular? Creo que no lo es. Pero si lo fuera, da igual, el gobernante tiene que apechugar son sus responsabilidades. Insisto, la obligación del gobernante es proteger los derechos fundamentales de todos sus gobernados. Tiene medios para ello: leyes, policía, jueces. Que los hagan servir. De lo contrario, la libertad quedará secuestrada por un minúsculo número de radicales y violentos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones y en otros lugares.