Publicado en Expansión el 31 de marzo de 2010.
Es un hecho que en España se paga muy tarde y con mucho retraso. Según datos del “European Payment Index 2009” realizado por Intrum, el promedio acordado para el pago entre empresas es de 72 días. La realidad es que se paga a 98 días. Esto como promedio es una barbaridad. Es un fenómeno que no se da en otros países. Francia por ejemplo ha aprobado una ley para pagar en 30-45 días.
Es un clamor que quien paga peor es la administración pública, en concreto a 139 días (según el mismo índice), lo cual es muchísimo. Dentro de la administración pública el estado paga bien (a 30 días), pero las autonomías y sobre todo los ayuntamientos de hecho no pagan. Pregunten a cualquier proveedor y les hablará de 180 días, 300 días e incluso casos de 500 días.
Este retraso en el pago hace que las empresas tengan que pedir prestado y pagar intereses y esto en un momento en que los bancos no dan financiación con facilidad. Si cobras del sector público a 140 días quiere decir que tienes que pedir crédito al banco equivalente a un 40% de tus ventas anuales y eso es muchísimo. Al final, las empresas, especialmente las PYMES, pueden morir por falta de financiación debido al retraso en el cobro. Más empresas que tendrán que cerrar.
En teoría una empresa que vende sus servicios a un ayuntamiento puede descontar el papel en el banco y conseguir la financiación. Tendrá el sobre coste de los intereses. La realidad es distinta. Un ejemplo: Un amigo mío empresario ha presentado a los bancos una lista de 20 ayuntamientos catalanes (bastante importantes) para saber si le descontarán papel o no. Resultado: sólo le descuentan papel de tres de ellos (Barcelona y dos pueblos pequeños). Con el resto no puede trabajar pues no recibirá la financiación del banco.
Medida anticrisis: que la administración pública pague a tiempo (a los 90 días acordados). Esto, según Intrum, supondría una inyección de 9 millardos. Medida más ambiciosa: que la administración pública (incluido ayuntamientos y comunidades autónomas y sus seguridades sociales) pague a 30 días. Esto según mis cálculos sería una inyección de 20 millardos. Para que la administración pública pueda pagar tendrá que pedir prestado correcto. Pero es más fácil que le presten al sector público que a una pequeña PYME. Medida más ambiciosa; establecer obligatoriamente el pago a 30 o 60 días, sin posible pacto entre las partes. Me parece que no es ir contra la libertad de mercado, sino proteger al débil de la prepotencia del fuerte.