El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, publicado mensualmente en base a entrevistas con unas 2.500 personas elegidas siguiendo criterios estadísticos, muestra un fuerte avance en la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude. En los tres primeros meses de 2012 (ver Tabla I) este concepto ha alcanzado el cuatro lugar, de un listado de 25 temas, después de asuntos tan importantes como el paro y los problemas de índole económica, que están en cabeza, seguidos por la preocupación por la clase política y los partidos políticos.
Tabla I. Problemas que más preocupan en el primer trimestre de 2012*
PROBLEMAS | % Enero | % Febrero | % Marzo |
El paro | 83.2 | 83.8 | 84 |
Los problemas de índole económica | 53.6 | 52.2 | 49,2 |
La clase política, los partidos políticos | 17.8 | 19.4 | 18,1 |
La corrupción y el fraude | 12.3 | 8.6 | 12,2 |
* Elaborada a partir del Barómetro del CIS, con multirespuestas a las preguntas: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
En la valoración pueden haber influido casos de presunta o confesa corrupción, muy aireados por los medios de comunicación durante este trimestre. Recordemos el “caso Gürtel”, el proceso y condena del expresidente de la Comunidad Balear, Jaume Matas, la investigación al Instituto Nóos, que dirigía el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, el “caso Campeón”, relacionado con el exministro socialista José Blanco, y el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, sin olvidar los manejos de altos directivos de ciertos bancos y cajas de ahorro con “blindajes” millonarios cuando sus entidades iban a la bancarrota.
En enero de 2012 el porcentaje de personas que mencionaban la corrupción y el fraude en el Barómetro del CIS llegaba al 12,3%, más del doble del 6 por ciento del mes anterior. Nivel que se mantiene en marzo después de un ligero descenso en febrero. Es cierto que en otras épocas el nivel de percepción de corrupción ha sido más elevado aún. De hecho, el récord se sitúa en enero de 1995, con un 33,5 por ciento, cuando existían casos de corrupción que salpicaban a varios altos cargos del gobierno de Felipe González. En realidad, la corrupción no es sólo un problema de nuestro país, ni está limitado a políticos. El fraude se extiende a muchos ámbitos y, en particular, a la defraudación de impuestos y a fraudes en la Seguridad Social y cobro del subsidio de desempleo.
La corrupción erosiona a las personas que abusan de su cargo o poder de decisión, arruina la confianza en las relaciones interpersonales e institucionales, impide el buen funcionamiento de las instituciones y retrae de hacer negocios e inversiones. En algunos países, la corrupción es causa primordial de su subdesarrollo. La malversación de fondos públicos, ofrecimiento o aceptación de sobornos y actos de extorsión por parte de políticos y funcionarios públicos, cargan sobre los contribuyentes el enriquecimiento ilícito de servidores públicos que, en lugar de servir, se sirven a sí mismos.
La corrupción y el fraude es una lacra social que nos interpela a todos. La pregunta es cómo afrontar y erradicar la corrupción. La respuesta no es fácil, pero con rotundidad me atrevería a afirmar que requiere una lucha decidida en muchos frentes. Uno es endurecer la legislación y su aplicación y reforzar los convenios internacionales para la prevención y persecución de la corrupción. Pero también, y muy principalmente, es necesario un gran esfuerzo educativo y promocionar, a todos los niveles, una cultura de integridad y de respeto a la legalidad.
En España, al igual que otros países, se han anunciado recientemente medidas para perseguir el fraude fiscal, así como la defraudación en la Seguridad Social y en el cobro del paro. Sean bienvenidas y ojalá tengan éxito, pero no debemos olvidar que la fuerza de la ley tiene sus límites, especialmente cuando la cultura no acompaña. Mientras la tolerancia social ante la corrupción sea grande y la picaresca no esté muy mal vista, las leyes tendrán una eficacia reducida.
En el ámbito internacional, en 2003, las Naciones Unidas lanzaron una convención contra la corrupción. La OCDE tiene también un convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional ha publicado unas reglas para combatir la corrupción y unas recomendaciones para hacer frente a la extorsión y a la incitación al soborno en las transacciones internacionales. Son buenas iniciativas, pero hasta el momento han tenido efectos muy limitados, como explica el profesor Argandoña.
Puede haber falta de voluntad política de erradicar la corrupción, pero no se puede culpar sólo a los gobiernos, que al fin y al cabo – salvo regímenes dictatoriales – representan a la ciudadanía. Esto nos lleva a ver la corrupción como un problema de formación personal y de desarrollo cultural.
Los cambios culturales requieren tiempo. Surgen por acción de muchos, pero siempre a partir de un fermento. El primer paso es ser conscientes del problema, revisar convencionalismos y promover una cultura de integridad y de legalidad. Los datos del barómetro del CIS citados al principio son, a la vez, malos y buenos. Malos porque constatan que la corrupción existe y buenos porque la gente lo ve como un problema importante. Es un primer paso para su resolución.
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Estimado Dr Mele
Uno de los problemas relacionados con la corrupcion es el debilitamiento de la voluntad para realizar un trabajo de calidad. La persona que se daje llevar por una cadena de tal indole reduce su libertad de realizar un buen trabajo y reduce su libertad de perfeccionarse. Se produce asi un circulo vicioso en que la performance decae sistematicamente.
Por otro lado todo feomeno de corrupcion requiere una reintegracion de los individuos que han sido afectados. El fenomeno asi descrito es aun mas grave quelo que aparece en los numeros;
Existe también una explicacion filosofica-teologica en relacion con el quiebre de la dimension ética del individuo, que debiera ser considerada.
Muy buen articulo.
Another highly thought-provoking post. To some extent, grudgingly, I will again partly play the role of the devil’s advocate.
The rise in people’s perception of the magnitude of the problematic of fraud and corruption accompanying macro-economic turmoil may not be all that surprising. Firstly, it can be argued that people mainly start to be taken aback by these when they are not doing too well, economically, (anymore) themselves.
Secondly, rather than mere perception, actual behaviour may be affected as well and – to some extent – understandably, as I will try to explain.
You rightfully mention tax evasion as an important constituent element of fraud to which not only politicians are culpable. A problem that is being demonstrated by current instances in Spain – and very much related to its dire economic situation – is that when being confronted with blatant misspending of fiscal revenues, e.g. on state-of-the-art airports – without flights, people become increasingly reluctant to ‘contribute’ to the public budget by means of paying taxes. It may render people who would otherwise be eager to contribute to a true system of solidarity to turn quite sceptical with regard to what their payments will seemingly eventually be used for. As a Belgian citizen, I can say I have first-hand experience with a similar situation.
Additionally, at least in the case of Belgium – the country with the highest tax rate in the world, the fiscal system not only seems to be decoupled from true solidarity; at several instances, the state would seem to abuse their prerogative to levy taxes, succession rights being a notable example hereof, i.e. the «duty» to pay an additional and sizable tax on one’s legacy after one dies, although full income tax had already been paid when earned. This would remind me, then, of one’s moral duty only to obey just laws, not laws per se.
These two instances taken together may render that even socially caring citizens would become quite sceptical whether tax evasion indeed under all circumstances constitutes a moral offence – in addition to a legal one. Again, I wholeheartedly agree that contributing to a well-functioning social security system is. Unfortunately, reality is often quite distinct. I also note that you emphasise obedience to legality (rather than ethics) more than you normally would. Perhaps in this case, obedience to the laws, even though we may question their justice, would be necessary from a societal sustainability perspective…