Un laboralismo que antepone derechos o situaciones de privilegio de quienes gozan de empleo a exigencias de justicia general no es éticamente aceptable. Pero tampoco es de recibo una postura economicista, defendida por quienes únicamente abogan por mejorar o incluso maximizar la eficiencia del mercado de trabajo, sin reconocer la dignidad del trabajador o cosificando el trabajo. El trámite parlamentario debe mejorar la reforma laborar tanto en aspectos técnicos como éticos. Eficiencia sí, pero respeto al trabajador, también.