Publicado en Expansión el 09 de diciembre de 2009.
He de confesar que sólo quería dedicar un artículo a este tema, y sin embargo, ya con éste van tres. La razón es sencilla, la lectura del periódico con las actuaciones del gobierno (estatal, autonómico o municipal) es fuente continua de inspiración y reavivan la necesidad de escribir sobre la libertad del ciudadano. Y sobre todo, algunos lectores me envían ejemplos acerca de hasta donde se puede llegar en el afán regulador y es difícil resistir la tentación de escribir al respecto.
El último ejemplo. Un director de colegio de primaria y secundaria me dice que el gobierno está estudiando (¿o aprobará en breve?) la prohibición de comer bollos en colegio: ni croissants ni bollicaos, ni donuts. Razón: hay que evitar que el niño se ponga obeso. El mismo director me comenta con sorna que al mismo tiempo se reparten folletos (también para niños) sobre cómo masturbarse, tener relaciones sexuales, evitar embarazos, etc. Parece que, para el gobierno, estas últimas materias son mucho más importantes y “sanas” que un “peligroso” donuts.
La raíz de estas decisiones vuelve a ser la misma: el afán del gobierno por conformar nuestras vidas a un tipo de prácticas que ellos consideran buenas para nosotros. El gobierno ya ha regulado a qué temperatura tenemos que estar, ahora toca el turno a lo que tenemos que comer. Y siempre pensando en nuestro bien, que sólo ellos conocen, puesto que nosotros no estamos preparados para tomar tan altas decisiones. Por cierto, supriman ya el tapeo y las cañas, que también producen obesidad. Nada de ir de tapas.
Una vez más no creen en la libertad. Cuando surge un problema (niños obesos en este caso) siempre acuden a la regulación. Nunca acuden a la libertad. Si creyeran en la libertad, dejarían que los padres, convenientemente advertidos por el colegio o el médico, tomaran las decisiones oportunas. Pero no, no son los padres los que tienen un problema de niño obeso, es el gobierno el que tiene el problema y el gobierno (estatal, autonómico o municipal) actúa y regula.
Como la actitud regulatoria del gobierno es incurable (casi parece una enfermedad obsesiva de tipo psicológico), se me ocurre una solución: que el gobierno empiece por regular, ahora y en primer lugar, el comportamiento de todos sus miembros, en la administración central, autonómica y municipal. Cuando todas las administraciones y sus miembros lleven una vida correcta y funcionen bien, entonces que se dediquen a regularnos a los demás ciudadanos. Por cierto, para los ciudadanos la corrupción es un problema mucho más importante que la obesidad de algunos niños. Empiecen por atajar de verdad ese problema.