Artículo publicado en Expansión el 16 de febrero de 2011.
En el artículo anterior mostraba el distinto nivel de transparencia que el Gobierno exige a las empresas privadas y el que se aplica a sí mismo, y como consecuencia la falta de transparencia en las cuentas públicas. Sigo poniendo ejemplos.
En los años de crisis (2008 y 2009) se han creado miles de organismos públicos (consorcios, observatorios, fundaciones, etc. etc.) tanto en ayuntamientos, comunidades autónomas o administración central. La consecuencia es que se hace difícil saber quien gasta qué. Me parece que tanto organismo no sirve más que para enmascarar el gasto y a la postre es hacerse trampas al solitario.
Resulta curioso que la partida más grande de los presupuestos del Estado es transferencias, casi siempre caja negra, pues no es fácil saber a dónde van. Una buena parte va a las comunidades autónomas, vale. Pero es que la partida más grande de gastos de las Comunidades Autónomas es transferencias, ¿a dónde van? A Sanidad y Seguridad Social. Pero es que la partida más grande dentro de la Seguridad Social autonómica es transferencias… al final no hay quien se aclare.
Creo que el Estado debería presentar sus cuentas de resultados, consolidadas, en las que se incluya todo, todo. Es lo que hacen las empresas. Sería muy deseable que los ciudadanos pudiéramos ver en una web sencilla, el gasto de la administración central, autonómica, local y seguridad social y en qué se lo gastan. No es tan complicado, si se tiene el deseo verdadero de ser transparente.
El sistema de contabilidad pública también es confuso, o por lo menos nada claro, salvo para los que las confeccionan. Las cuentas, si son públicas y acerca del dinero público, deberían ser entendibles por el público y no sólo por los especialistas. Sería deseable que esas cuentas se asemejaran lo máximo posible a las cuentas de una empresa o de una familia: lo que ingreso y lo que gasto. Habría que distinguir gasto de inversión y también ingreso de deuda. Si te han prestado 1.000 millones, no los incluyas en tu cuenta de resultados como si fuera un ingreso, pues no lo es. Hay muchos más ejemplos que ahorro al lector por no agotarle.
Por último. El ciudadano debe saber con claridad lo que paga al Estado. Propongo que en la nómina aparezca lo que realmente pagamos a la seguridad social, es decir el 34% de nuestros salario bruto que nos retiene la empresa. No es una cifra baladí y conviene saberla. Es una hipocresía que en la nómina aparezca el 1,5% de contribución al desempleo y se nos oculte el 34% que es el número gordo. ¡Seamos transparentes!
Eduardo Martínez Abascal es Profesor Ordinario del IESE en el área de Dirección Financiera.