El gobierno central está insistiendo en que la banca dé crédito a las empresas, sobre todo a las PYMEs. Es sabido que sin crédito una empresa se muere, y como las pequeñas son las que menos crédito reciben, son las más expuestas a desaparecer.
Las empresas necesitan crédito porque venden pero no cobran de inmediato. Ese dinero que no cobran lo tienen que pedir prestado, hasta que cobren y eso es mucho dinero. Obviamente cuanto más tiempo se tarda en cobrar más tienes que pedir prestado. Grosso modo, podríamos decir que si una empresa vende un millón de euros al año y tarda 90 días en cobrar, necesitará un crédito de 0,25 millones. O en otras palabras, si tardas en cobrar un cuarto de año, tienes que pedir prestado, permanentemente, un cuarto de tus ventas anuales.
Los diversos gobiernos van sacando leyes antimorosidad, pero luego no se cumplen y es la Administración Pública la primera que no cumple. El plazo promedio de pago de la Administración Pública fue de 141 días en 2012, frente a los 75 que establecía la ley (fuente: Plataforma Multisectorial contra la Morosidad). Cierto que hubo una mejora de 21 días gracias al plan de pago a proveedores que sí fue una medida práctica para que la ley no se quedara –como es habitual– en buenos deseos.
La Administración Pública se gastó unos 60.000 millones en compras en 2012. Si paga a 140 días quiere decir que debe unos 23.000 millones. Si pagara a 30 días, esta cifra quedaría en unos 5.000; es decir liberaría de inmediato 18.000 millones de euros que entrarían directamente en la caja de las empresas. Un buen alivio para pagar a los trabajadores, proveedores y seguir la actividad en lugar de verse abocado a la suspensión de pagos o concurso de acreedores. Eso sí que es una buena inyección de liquidez, sin pagar intereses y además es justa, pues es dinero que se les debe a las empresas.
Esto lo puede hacer la Administración Pública pidiendo prestado y pagando. La Administración Pública pide prestado cada año unos 250.000.000 millones. No pasa nada por pedir 18.000 más y pagar lo que debe. Si la Administración Pública no paga a tiempo, es la empresa privada la que tiene que pedir prestado y esta lo tiene mucho más difícil y, de hecho, no lo consigue, con lo que queda asfixiada por falta de dinero y abocada al concurso de acreedores y la desaparición.
Este pago de la deuda debida a proveedores no supone aumento de gasto y por tanto de déficit. El gasto ya se contabilizó en su momento. Esto es simplemente el pago de una deuda. Del mismo modo que la Administración Pública paga puntualísimamente la deuda pública emitida (los bonos a su vencimiento), debería pagar las deudas que tiene con las empresas de aquí. El mecanismo es fácil, es cuestión de decirlo y punto. Y no liarse con medidas complicadas. Primero pague usted lo que debe.
Artículo publicado en el El Periódico el 26 de junio de 2013. Artículo en pdf
Eduardo como siempre muy claro y concreto. Tus comentarios también son aplicables a otros países. En Perú están debatiendo una reforma para «mejorar» la gestión de las pymes y se van por el lado de los impuestos y normas laborales cuando lo que los empresarios quieren es vender y por supuesto cobrar que cuando el cliente es el Estado es cosa seria.