Por fin, dice la prensa, parece que hay una voluntad clara entre los líderes europeos para encontrar una solución permanente a los problemas de la deuda europea, tal como comentaba ayer (aquí). Bien, pero hay que tener en cuenta dos cosas.
Una: esos planes van a ser lentos, porque hay que conseguir acuerdos entre 27 países, muchos de los cuales no tienen mucho interés en ponerse de acuerdo (ya ha dicho la señora Merkel que no tiene ninguna intención en dejar que alguien desde fuera se meta a controlar sus cifras públicas, lo que, además, iría contra la constitución alemana).
Bueno, tampoco hace falta más acuerdo del que puso en marcha el Tratado de la Unión Europea o de Maastricht, porque lo que se intenta es diseñar un mecanismo de control de los déficit públicos y del nivel de deuda, y un sistema de penalización de los incumplidores. Claro que aquel acuerdo lo firmaron los países con alegría, pensando que los controles no serían estrictos, y las penalizaciones nunca se cumplirían. Pero ahora sabemos que el cataclismo es posible y, por tanto, que los controles han de existir y ser muy exigentes, y que las penalizaciones no pueden quedarse en amenazas poco creíbles.
Otra cosa es el contenido de los controles. En principio, bastaría exigir que los países cumplan unos objetivos de déficit y deuda, establecidos de manera creíble y sostenible en un plan a largo plazo. O sea: ustedes gasten en lo que quieran y financiesen como quieran, pero, eso sí, limiten su déficit y su deuda; si no, les castigaremos. Pero la vida es más complicada. Un país puede, por ejemplo, olvidar las obligaciones futuras impuestas por su sistema de pensiones públicas, o los compromisos de conservación de infraestructuras en el futuro que están implícitos en un plan de inversiones para el año próximo. Pero si Europa no quiere que ese país le tome el pelo, tendrá que entrar en esos temas, imponiendo, por ejemplo, planes realistas de pensiones futuras. O sea, la pérdida de soberanía en el gasto público y en los impuestos debe ser efectiva. Claro que, ¿con qué derecho va Bruselas a decirnos que no subamos las pensiones el año que viene? Bueno, ya se ve que el problema es complicado.
Y me falta otra consideración. La crisis de la deuda soberana no tiene como única causa el desorden de gasto de los gobiernos. Dos ejemplos: 1) Irlanda tenía superávit hasta el mismo día en que su gobierno aceptó garantizar los pasivos de sus bancos. 2) Todos tenemos ahora dificultades para cerrar nuestros déficits con suficiente celeridad. O sea: la política fiscal no puede limitarse a controlar el déficit, sino que tiene que tener una dimensión redistributiva, que todos consideramos adecuada cuando nos corresponde recibir fondos, pero no cuando nos toca pagarlos.
O sea: bien por el primer paso para avanzar hacia una estructura fiscal adecuada y creíble, pero aún hay muchos puntos que desarrollar.