El Vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid publica en El País de hoy sobre «No es la crisis, es la privatización» (aquí). Y no estoy de acuerdo con su razonamiento de que «ciudadanos y profesionales estamos pagando los beneficios de las empresas concesionarias de los centros privatizados, con el efecto añadido del deterioro del sistema sanitario público».
La defensa de la sanidad pública puede hacerse con varios argumentos. Uno es que es más eficiente. Parece ser la tesis del autor del artículo mencionado: la sanidad privada es más cara porque, a los costes del servicio público, añade el beneficio de la empresa privada. Tesis que sería verdad si, 1) la productividad de los hospitales públicos fuese más alta que la de los privados; 2) los incentivos que operan en el sector privado fuesen menos eficientes que los del sector público, o 3) el coste de los recursos públicos fuese inferior al de los privados.
El primer argumento no me parece que haya sido contrastado empíricamente (y dada la trayectoria de la sanidad en España me parece que no lo será). El segundo es, probablemente, falso: el sistema público sería mejor si dispusiese de mejores incentivos que el privado, lo que no parece razonable. Los incentivos no monetarios no serán diferentes, al menos si consideramos que la profesión de médico o enfermera es la misma en un centro público o privado. Y los económicos para el (buen o mal) uso de los recursos no son mejores cuando el dinero lo pone el gobierno que cuando proceden de los accionistas privados. Y tercero, como la crisis de la deuda soberana ha puesto de manifiesto, no es verdad que el sector público sea capaz de financiarse a costes menores (sobre todo cuando es el déficit público el que plantea problemas de financiación para todos).
Otro argumento es que proteje un modelo más social, más humano o más ético. Puede que sí, pero no acabo de entender por qué, si tenemos una legislación que garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la sanidad pública o concertada. No entiendo por qué lo «público» ha de ser mejor que lo privado, desde el punto de vista social o moral; me parece, más bien, un argumento ideológico. No sé cómo, pero han conseguido convencer a muchos ciudadanos de que «público» es ético, y «privado» es inmoral.
Y aquí viene la referencia a la enseñanza pública, que figura en el título de este post. Me parece que la medicina pública y privada no presentan diferencias ideológicas sensibles: los mismos profesionales formados en las mismas universidades utilizan los mismos equipos para curar las mismas enfermedades. Pero en el caso de la enseñanza es distinto, porque la enseñanza sirve para transmitir ideas (véase el post anterior). En la privada es posible que un grupo controle la enseñanza en una escuela por motivos ideológicos, pero esto no será muy grave en un sistema de creación libre de escuelas públicas, privadas y concertadas. En cambio, en el sector público el control de la escuela es mucho más fácil: una vez que una ideología se instala en el centro, con maestros funcionarios de por vida, controles internos (el director es elegido por los propios maestros) y apoyo en la administración pública, el control ideológico de la escuela pública es más fácil. No pretendo decir que todas las escuelas públicas funcionen con criterios ideológicos, pero sí me atrevería a decir que, al menos en ciertas comunidades autónomas, ese control se ha producido, al menos en parte.
Pero volvamos a la sanidad: si el argumento ideológico no sirve, ¿por qué el interés en proteger la sanidad pública? No lo sé, pero no descartaría la posibilidad de que tenga que ver con el control sindical de los centros de trabajo. En la administración pública sanitaria, salvo en periodos de restricción presupuestaria aguda (como el presente, y de eso se queja el autor del artículo mencionado al principio), el control de los empleados es clave. En el hospital privado siempre cabe la posibilidad del cierre, o de la venta a un grupo que tratará de poner orden en el centro, probablemente recortando derechos sindicales. La defensa de la sanidad pública, como la oposición sindical a la reforma laboral, puede que tenga algo que ver con la defensa de privilegios ocupacionales.