«El Ejecutivo [de la Comunidad Autónoma de Madrid] ahorra 72 milliones al reducir el 70% de horas sindicales» (ver noticia aquí). Se trata de la puesta en práctica de un acuerdo para reducir el número de horas de liberados sindicales en las oficinas de la Comunidad Autónoma.
Se trata, en definitiva, de un impuesto sobre el trabajo, que frena el empleo. Cuando se contrata un número de trabajadores, hay que tener en cuenta que algunos no trabajarán, o no lo harán a tiempo completo, acogiéndose al derecho de ser considerados como «liberados», es decir, el derecho a dedicar esas horas, pagadas por su empleador, a actividades ajenas a la empresa. Como es lógico, el empleador considerará que el conjunto de sus trabajadores ahora es más caro, y contratará menos.
Como siempre, este tipo de «impuestos» produce una redistribución de la renta. En el impuesto sobre la renta, esa redistribución va de los ingresos del ciudadano al Estado, que luego lo dedicará a lo que quiera. En el caso de los liberados, es una transferencia de los ingresos de la empresa al sindicato. Pero, claro, la empresa traslada esto a un mayor coste de sus productos. O sea, al final son los consumidores los que traspasan su renta al sindicato. Todo legal, claro. Otra cosa es que eso esté justificado por alguna racionalidad económica. Y, además, se crea menos empleo. O sea que hay otra transferencia, de los parados al sindicato. Que se compensa, al menos parcialmente, con el seguro de desempleo: otra vez, de los empleados, a través de las cotizaciones sociales, al sindicato.