En la entrada anterior me preguntaba: ¿Es la deuda pública una carga que imponemos sobre nuestros hijos? Pues… a veces sí, y otras no. Depende de a quiénes llamemos «nuestros hijos».
Supongamos que España es un país cerrado, sin relaciones financieras con el exterior. Nuestra deuda pública es 100, y cada año hemos de pagar 5 de intereses. El gobierno tendrá que cobrar impuestos por valor de 5, de modo que, efectivamente, esos intereses son una carga para nosotros, los ciudadanos españoles, que hemos de sufrir esos impuestos. Pero esos intereses los cobramos también nosotros, los ciudadanos españoles. De modo que, como colectivo, la deuda no es una carga. Todo queda en casa. La deuda no es una carga para las generaciones futuras, aunque puede provocar una redistribución de la renta, si son unos ciudadanos los que pagan los impuestos y otros los que cobran los intereses.
El problema es diferente si la deuda está en poder de extranjeros, porque entonces somos nosotros, los españoles, los que sufrimos impuestos, pero no los que cobramos los intereses, que irán a parar al bolsillo de los extranjeros. Esta es, al menos, una parte del problema que sufrimos ahora: la parte (elevada) de nuestra deuda en poder de no españoles acaba suponiendo una transferencia de recursos hacia ellos: directamente, si son extranjeros los que poseen nuestra deuda, o indirectamente, si son nuestros bancos los que poseen esa deuda pero la financiaron con créditos en el exterior, cuyos intereses tienen que pagar y, en algún momento, cuyo nominal tienen que devolver.
¿Significa esto que eso de la deuda pública es una mala idea? No necesariamente. Primero, a veces la deuda es necesaria. Si el país sufre un terremoto, necesita hacer un gasto extraordinario para reconstruir las zonas devastadas, y esto exige endeudarse.
Y segundo, hay ocasiones en las que la deuda tiene mucho sentido. Si usted pide un crédito para montar un negocio, seguramente generará unos ingresos adicionales, gracias a los cuales podrá pagar los intereses del crédito sin empobrecerse por ello. Por tanto, las causas del déficit público que está detrás de la deuda que tenemos son importantes. Y, lamentablemente, una buena parte de nuestra deuda no sirvió para generar futuros ingresos.
Por eso solemos decir que endeudarse para llevar a cabo una inversión puede ser bueno, si la rentabilidad (social, no solo privada) de esa inversión es superior al tipo de interés que devenga esa deuda.
Antonio,
Combinando tus argumentos de puede extraer una clara conclusión:
La UE sí se podría considerar como una economía cerrada (deficit o superavit por cc nulo). Por tanto, desde el punto de vista de Europa se está produciendo una redistribución de riqueza de los países periféricos hacia los del nucleo (básicamente Alemania) sin carga para las generaciones futuras europeas.
Si se mira desde la perspectiva de país, queda claro que si no conseguimos crecer por encima del precio de la deuda ( y esto requiere transformar el modelo de crecer, proceso dolorodo que implica bastante tiempo) , estaremos durante muchos años transfiriendo renta hacia el exterior (Alemania, Holanda…) hasta el punto de la ruptura del ideal europeo (rompiendo el euro, medidas inflacionarias de un país en particular destruirían el valor de los tenedores de deuda extranjeros ) Eso es lo que está en cuestión y por eso Europa nos dicta las reformas a acometer. Cuanto antes nos convenzamos de que hay que espabilar mejor.
Un saludo
Jorge
En las finanzas de una empresa, se ha impuesto el criterio de medir la relación del ebitda y el servicio de la deuda (intereses mas amortizaciones de prestamos). Es un indicador sencillo pero efectivo para medir la capacidad de repago. La pregunta es, en macroeconomía como lo medimos o lo deberíamos medir. Cual seria el homologo del ebitda? La tasa de ahorro antes de intereses?
Sea cual sea, parece que nuestra deuda ( publica pero sobre todo privada) va a ser perpetua
Siempre he pensado – y todavía no he visto a ningún economista hablar sobre algo parecido – que debería haber un modelo que nos dijera cual es el mínimo (en valor absoluto o %) que debe destinarse en los presupuestos del estado de un país para asegurar que la «economía productiva» es capaz de generar la suficiente riqueza para que, vía los impuestos y contribuciones sociales, pueda financiarse la otra parte, la que nos permite redistribuir la riqueza y pagar el llamado «estado del bienestar», que es la otra parte del presupuesto y que no contribuye a mantener o hacer «más grande el pastel»…