Antonio Cabrales y José V. Rodríguez escriben un interesante artículo, titulado «Experimento con final descorazonador» en el suplemento Dinero de La Vanguardia del 30 de diciembre. Presentan dos versiones opuestas del Estado del bienestar: la optimista, que lo presenta como un seguro colectivo contra la desgracia (todos pagamos para que los que tienen mala suerte y pierdan su empleo puedan tener los ingresos necesarios para sortear su situación y volver a trabajar), y la pesimista, que lo ve como una redistribución impuesta, por la que los que trabajan y ganan financian a los vagos que no trabajan. Como ellos explican, bajo la visión optimista todos desearíamos contribuir, porque algún día podemos ser nosotros los necesitados. Pero… hay un pero: entre los que no trabajan puede haber personas con mala suerte, merecedoras del seguro de desempleo, y otros que tratan de explotar las ventajas del sistema (ya he contado alguna vez lo que me dijo un director de personal de una empresa, hace unos años: la primera pregunta que hacían los jóvenes que buscaban un empleo era: ¿cuánto tiempo tengo que trabajar para tener derecho a cobrar el seguro de desempleo?).
Cabrales y Rodríguez explican un experimento que hicieron, y concluyen que «los pobres votan de manera casi unánime a favor de la redistribución, sea cual sea la causa de su pobreza (mala suerte o la falta de esfuerzo), mientras que los ricos siempre votan en contra, independientemente de las razones por las que los pobres son pobres».
El problema del Estado del bienestar es que disponemos de un solo instrumento (digamos, el seguro de desempleo) para conseguir dos resultados: mantener un nivel de vida digno para los que han tenido mala suerte y están dispuestos a trabajar, y animar a los que no están dispuestos a esforzarse a buscar un empleo y ponerse a trabajar. Cabrales y Rodríguez lo explican así: «para mantenerlo [el Estado del bienestar] y evitar tensiones deberíamos conseguir que paguen los que más tienen, gastar bien lo que se recaude y transferir solamente a los que de verdad hacen esfuerzos pero a los que la suerte no acompaña». O sea, necesitamos un segundo instrumento, que será, probablemente, el conjunto de condiciones que exigimos a los parados para cobrar su prestación de desempleo: buscar trabajo de manera efectiva, disposición para cualificarse para ese otro trabajo, aceptación de un empleo digno cuando se lo ofrezcan, limitación al tiempo en que pueden percibir la prestación, movilidad para cambiar de sector y aun de localidad…
Todo esto es bien conocido, pero en su contra juegan varios factores. Uno: las circunstancias van cambiando, y lo que hoy permite conseguir un buen empleo mañana puede no facilitarlo, o lo que ayer era un salario digno es hoy algo inalcanzable, de modo que las condiciones que imponemos a los parados deben ir cambiando. Dos: la transición de un seguro por la mala suerte a un abuso para vivir del desempleo no es un salto mortal, sino un deslizamiento insensible, fruto del aprendizaje. Tres: la consideración de la prestación por desempleo como un seguro exige que aquella prestación no sea muy alta, pero los ciudadanos presionarán para que se eleve, y eso explica, en buena parte, la transición de un seguro a un abuso. Y cuatro: los que tienen que administrar esto, que son los gobiernos, no son neutrales a las actitudes de los que pagan y de los que cobran. Moraleja: el Estado del bienestar tiene que estar en continua revisión, si no queremos que se convierta en un mecanismo perverso.
Lo único que es perverso es que en un momento en el que hay padres que darían su vida para conseguir un trabajo para alimentar a sus hijos que pasan hambre, haya un solo rico que esté en contra de apoyar a los mas desafortunados cuando, una buena parte de ellos, han perdido sus empleos por una estafa financiera globalizada : Enriquecerse comercializando productos tóxicos ( sabiendo que lo eran ) confiando que cuando la crisis estallara los estados cubririan el desastre porque no hacerlo hubiera sido peor.
O , lo que es lo mismo, enriquecerse de forma obscena en recalificaciones de terrenos y similares , fomentando que se enladrillara españa sabiendo que el nivel de deuda era insostenible pero confiando que la ley hipotecaria les protegeria suficientemente y, en el peor de los casos, el gobierno ( es decir los ciudadanos que no poueden evadir impuestos ) les sacarian del atolladero sin impacto sobre los beneficios ya retirados del sistema , obviamente bien protegidos fuera del país, en muchos casos.