Evasión y paraísos fiscales

Tema importante y de actualidad. El Financial Times del día 30 de abril tenía tres artículos sobre el evasión fiscal: uno sobre Luxemburgo (aquí, en inglés), que anuncia más transparencia en su sistema financiero; un editorial (aquí), y un artículo de Jeffrey Sachs (aquí). Abundancia de ideas para alimentar la ira del lector –y las reservas de las compañías multinacionales y de los bancos en paraísos fiscales.

El problema se destapa ahora por la necesidad de aumentar la recaudación en todos los países y, por tanto, la conciencia del daño que hacen el fraude y la evasión. Frente a esto se levanta el derecho de los países a tener sus propias estrategias fiscales: cada uno puede elegir la estructura de sus impuestos y gastos y, por tanto, recaudar más o menos, y recaudar sobre unas rentas o sobre otras. Claro que otros países protestarán, por ejemplo, porque el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades es menor en otro país, pero, ¿es esto juego sucio? No más, me parece, que el hecho de que los menores precios del supermercado de la esquina quiten negocio al mío. Nos guste o no, hemos de reconocer el derecho de cada país a elegir la estructura, coste y servicios de su estado del bienestar, por ejemplo, y, por tanto, de sus niveles de recaudación fiscal. Y otro tanto ocurre con la decisión de tener un IVA más o menos alto, o un impuesto sobre sociedades menos o más alto. El uniformismo fiscal no es una buena idea.

El problema está, sobre todo, en los temas que Jeffrey Sachs menciona en su artículo: la evasión y el fraude atenta contra los ciudadanos del propio país, contando para ello con la colaboración, primero, de los gobiernos, que son los que, a menudo, protegen los paraísos fiscales (Sachs pone al frente de este ranking a Estados Unidos, Suiza y Reino Unido): esto es inmoral, aunque puede apoyarse en argumentos políticos o económicos.

Colaboración también de los políticos, que utilizan ampliamente las oportunidades que les proporcionan los paraísos, o que permiten a sus protegidos beneficiarse de ellos: esto es corrupción, lisa y llanamente. De las instituciones financieras («los paraísos no son agujeros en el sistema financiero mundial, dice: son el sistema», dice Sachs): esto es irresponsabilidad y mala gestión, aunque, claro, se trata de justificar con los argumentos de siempre (los accionistas lo piden, maximizar beneficios es bueno…: ¿acabarán descubriendo que la mejor manera de maximizar los beneficios propios es el narcotráfico o la trata de personas? ¿O se darán cuenta de que el fin no justifica los medios).

De las empresas multinacionales, que utilizan esa variedad de oportunidades para mandar sus beneficios al país que los trata mejor: esto puede ser una estrategia legítima, pero indica, probablemente, una falta de responsabilidad social y de ética. De los ciudadanos ricos, que mandan su dinero a los paraísos fiscales, incumpliendo sus deberes cívicos y morales para con su país (y el hecho de que les parezca que su gobierno lo está haciendo muy mal no justifica negarse a ayudar a sus conciudadanos). De las instituciones internacionales (la Unión Europea cerró los ojos ante el sistema financiero chipriota y su condición de paraíso fiscal para ciudadanos de otros países). Y, claro, detrás de todo eso florecen el blanqueo de dinero, el negocio de las drogas y de las armas, la financiación del terrorismo, la corrupción y cien problemas más.

Como el lector puede apreciar, he diferenciado tres tipos de problemas. Uno es el derecho de un país a elegir sus variables fiscales; derecho patente, para mí, porque es un derecho de sus ciudadanos. Pero este no autoriza a permitir que las multinacionales o los ciudadanos de otros países muevan su dinero en busca de el mejor tratamiento fiscal posible; no es solo un problema legal, sino, sobre todo, moral. Quiero decir: podemos decidir que nuestro país tendrá un estado del bienestar exiguo y una carga fiscal también baja, y podemos decidir que nuestro impuesto de sociedades sea bajo, para fomentar la llegada de inversiones extranjeras. Pero aquí no deberían entrar las inversiones «de mentirijillas», consistentes en montar la central en mi país y dejar la fábrica en otro país. Sí, ya sé que esto nos interesa, porque esas empresas, aunque no produzcan aquí, pagarán impuestos (bajos) aquí. Pero esto es hacer una trampa a los demás países. Y el hecho de que muchos lo hagan no lo convierte en ético, aunque sea legal. Aquí harán falta algunas de las medidas que, por ejemplo, propone Sachs –aunque suenen a utópicas, a menos que vayan amparadas por un tratado internacional exigente.

El segundo problema es el de la evasión fiscal en un país, tanto por parte de los que no declaran lo que deberían declarar como por parte de los que sacan su dinero fuera para no pagar. Argumentos políticos, sociológicos e incluso morales aparte, este es un problema que tiene que resolver cada gobierno, o mejor, cada sociedad, porque, ya lo he dicho, aparece aquí la connivencia de políticos, instituciones financieras y defraudadores, con muchas razones, claro, pero poco admisibles.

El tercer problema es el del terreno de juego equilibrado. Ya he dicho que esto no debe significar igualar los tipos y condiciones de los distintos sistemas fiscales: el comunismo ya pasó a la historia (¿o no?). Lo que quiero decir es que las condiciones que establezca un país deben ser neutrales para los demás países, o al menos aproximarse a la neutralidad. Y esto debería ser, una vez más, objeto de algún acuerdo internacional. Por ejemplo, un país que hace transparentes sus operaciones fiscales para el resto de sus socios de la Unión Europea (Luxemburgo, por ejemplo) no debería dejarlas opacas para los emergentes y en desarrollo (como hace Luxemburgo, por ejemplo): esto es jugar con dos barajas, una al cumplir con la legalidad propia de un buen socio europeo, y otra actuando en detrimento de los ciudadanos de países pobres (pero en beneficio de sus políticos). Otro ejemplo: las empresas multinacionales deben poder fijar los precios de transferencia, aquellos precios que establecen para sus productos fabricados en un país que se trasladan a otro para acabar el proceso de fabricación. Pero esto debería tener un límite, aceptado por ambos países, para evitar, por ejemplo, que la planta del país de fiscalidad alta venda barato al país con fiscalidad baja, para que aparezcan pocos beneficios en el primero y muchos en el segundo –un tema mencionado en el editorial del FT.

En fin, el tema es complejo, y me temo que no avanzaremos mucho, porque todos los países quieren quedarse con el mayor volumen de ingresos posibles, por procedimientos legítimos o no –que serán siempre legales, claro, porque la ley la hace cada país, según sus intereses, aunque esto suponga perjudicar a otro. En  economía decimos que una acción de uno que carga un coste en otro con el que no tiene una relación comercial directa, es decir, una externalidad, es algo ineficiente (contaminar, por ejemplo, porque hace que el que contamina salga ganando y la otra parte salga perdiendo, y la suma no es cero, sino negativa). En los temas fiscales hay muchas externalidades, que son ineficientes y, además, injustas; pero aquí los gobiernos y sus ciudadanos suelen usar otro baremo de medida. En todo caso, insisto en que valdría la pena aprovechar las quejas contra los paraísos fiscales que escuchamos hoy en día para dar un paso adelante.