Las tarjetas opacas otra vez (III)

En una entrada anterior me ocupé de las tarjetas opacas como medio para atender gastos de representación. Ahora consideraré el caso de su uso como medio para remunerar a consejeros, directivos o empleados, como un complemento salarial. Esto no tiene por qué ser ilegal ni inmoral: una vez que la remuneración total ha sido fijada, el uso de la tarjeta permite al directivo acomodar sus ingresos al momento y modo en que necesita el dinero, siempre que esto no cause un perjuicio importante a la empresa, que se cumpla la legislación fiscal (el pago en especie está sujeto a retención por el impuesto sobre la renta en la empresa, y a declaración anual por el empleado) y se observen las normas sobre transparencia de esas operaciones.

El uso que se ha dado a las “tarjetas opacas” no parece una buena práctica, sino una forma de administración desleal, que causa daños a la empresa y a otras personas. Primero, porque la cuantía de la remuneración no estaba fijada, sino que el directivo podía aumentarla a su capricho, utilizando la tarjeta, lo cual es un despropósito, algo propio de una “casa sin dueño”. Segundo, porque fueron fiscalmente opacas: la caja no llevó a cabo las retenciones fiscales y tomó medidas para que las autoridades fiscales no identificasen esas partidas, y muchos directivos no incluyeron esas cantidades en su declaración de renta. Y tercero, porque esas operaciones fueron opacas también ante los auditores y los supervisores: la ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no permite la compatibilidad del cobro de dietas y desplazamientos con el cobro de una remuneración ordinaria, y desde 2009 las cajas de ahorros deben informar de los sueldos de sus directivos y miembros del consejo de administración, lo que es incompatible con la opacidad de las tarjetas.

Lo que probablemente ha provocado la mayor indignación de los ciudadanos ha sido la combinación de remuneraciones altas, evasión fiscal, falta de transparencia y abuso de una posición de gobierno o de dirección en una entidad que, además, tuvo un gran descalabro financiero y necesitó grandes ayudas públicas, lo que ha llevado a muchos a la conclusión de que fueron aquellas remuneraciones desmesuradas las que provocaron la quiebra de la caja. Se trata de un conjunto de temas muy complejos, sobre los que haré solo un par de comentarios.

Sin conocer a fondo las cuentas de una entidad no es posible saber si las remuneraciones de sus directivos fueron demasiado altas o no, sobre todo en los de alto nivel, cuyo trabajo no puede compararse fácilmente con el de otros. El tamaño de la remuneración dependerá, principalmente, de la aportación que el empleado haga a los resultados de la entidad, y no es seguro que la contribución de un alto directivo en un banco sea mucho mayor que la de otras empresas. A mí me parece más probable que en una entidad financiera los directivos se apropien de parte de los beneficios extraordinarios (rentas, en el argot de los economistas) que la entidad genera, no necesariamente por su función social, sino por las ventajas legales, regulatorias, de falta de competencia, etc. de que disfruta. Abona esta impresión el hecho de que en muchos países los directivos y empleados del sector financiero reciben remuneraciones más altas que los de otros sectores.

En todo caso, esto hace más dolorosa la sospecha de que un grupo de consejeros y directivos de una entidad que disfrutaban ya de remuneraciones muy altas en comparación con otros equivalentes haya organizado un esquema fiscal y legalmente opaco para aumentar esas remuneraciones fuera de los criterios de buen gobierno, buena administración y justicia conmutativa y legal, aunque, obviamente, no todos estén igualmente implicados en el caso. La cuantía de las cifras no justifica la tesis de que fue esto lo que provocó la quiebra de la caja, pero el caso pone de manifiesto importantes fallos profesionales, morales y legales en el gobierno y dirección de la entidad, de modo que hace más plausible la tesis de que, más allá de las causas externas de la crisis, esta se debió, al menos en algunas entidades, a esos fallos internos. Y el hecho de que otras empresas hicieron algo parecido no puede servir como excusa.