Los Comentarios de la Cátedra son breves artículos que desarrollan, sin grandes pretensiones académicas, algún tema de interés y actualidad sobre Responsabilidad Social de las Empresas
Continúo con mis comentarios a las posibles causas del desoncierto que algunos descubren en la Responsabilidad Social (RS) de las empresas. Me parece que las tres entradas anteriores pueden contribuir a clarificar el panorama teórico y práctico. E insisto que no trato de sostener que «mi» enfoque es mejor, pero sí a mostrar que debemos ser muy transparente en nuestra manera de entender la RS. Ahora me ocuparé de las relaciones entre la RS, la sociedad y el gobierno.
A menudo la RS se identifica con la respuesta de las empresas a las demandas de la sociedad. Esto parece ofrecerle un contenido aceptable, democráticamente establecido y poco conflictivo, en cuanto que trata a todas las empresas con el mismo rasero (al menos en teoría). Pero las responsabilidades de las empresas o de sus directivos no las establece la sociedad: porque una sociedad multicultural y plural no tiene una sola voz, sino muchas, de modo que pueden acabar imponiéndose los que más poder tienen, o los que más gritan, o aquellos a los que más convenga escuchar; porque esas voces pueden ser manipuladas –y lo son, con frecuencia-; porque la sociedad puede exigir conductas irresponsables, y a veces lo hace, y, sobre todo, porque la RS la debe descubrir y asumir cada empresa, no se le puede asignar desde fuera.
Construir la RS en función de las expectativas o las demandas de la sociedad puede simplificar la tarea de los que la dirigen, pero también puede provocar su rechazo, o la tentación de manipular esas demandas y su respuesta a ellas. Detrás de la inquietud sobre el estado actual de la RS puede estar también esta ambigüedad: se esperaba una respuesta de las empresas que no se da con la profundidad y celeridad deseada. En todo caso, la empresa debe escuchar a la sociedad, porque ese diálogo le ayudará a descubrir de qué es responsable.
A veces ponemos el acento en la responsabilidad del consumidor o del inversor en la exigencia de comportamientos responsables en las empresas. Bienvenida sea esa responsabilidad, pero me parece que no podemos confiar mucho en ella: estamos en una sociedad cada vez más individualista, utilitarista y emotivista, en la que las responsabilidades sociales de los distintos stakeholders son valoradas principalmente en el plano de los buenos deseos, pero no de las acciones contundentes; o por sus resultados, que son casi siempre económicos.
Algunos expertos ponen énfasis en el rol de los gobiernos como promotores y aun como definidores de la RS, hasta llegar, en algunos casos, a pedir una declaración legal de las responsabilidades de las empresas y de su obligatoriedad. Las administraciones públicas son, por supuesto, interlocutores privilegiados en la reflexión y el diálogo con que las empresas definen su RS, porque establece el marco de los objetivos, planes y acciones de las políticas públicas, marco en el que deben insertarse las relaciones de la empresa con sus stakeholders y con la sociedad en general.
Pero me parece que la RS no puede venir dada por la ley, por los planes nacionales de RS, por listados de sugerencias emanados de la administración pública o por los incentivos que establezcan esos planes. Es poco probable que determinantes externos de la RS cambien la manera de pensar de los directivos y creen una nueva cultura empresarial. Y existe el peligro de pervertirla, generando actitudes de mero cumplimiento externo (ticking the box) de unas directrices que pueden acabar viéndose como un coste con el que se compra el perdón por los fallos cometidos, la legitimidad, la aprobación del que manda o la reputación. Detrás de esa demanda de una mayor involucración de los gobiernos en la RS parece estar la “tentación de la eficacia” ya señalada en una entrada anterior: si las empresas no se comportan voluntariamente como deberían, habrá que obligarles a hacerlo. Y el desánimo que algunos tienen ante la evolución reciente de la RS en nuestro país puede estar relacionado con la falta de la legislación, de planes nacionales o de incentivos, o con la falta de resultados.
En España se da una variante de ese papel del gobierno, en forma de confianza en la Comunidad Europea (CE) como referente de la RS. Esta confianza se manifiesta, sobre todo, entre los expertos y observadores, probablemente como reacción a lo que interpretan como tibieza de las autoridades españolas en los temas de RS; entre las empresas, la atención a la CE parece ser más la demanda de reglamentaciones homogéneas en los distintos países; el referente para las empresas no acostumbra a ser la CE, sino las buenas prácticas de otras empresas. En todo caso, esa confianza en la CE contrasta con la evidencia de que la RS no es una prioridad de las agendas públicas europeas –lo que puede conducir al desánimo, cuando se descubre que el referente no está a la altura de los retos.
Ya falta menos, pero aún tengo más cosas que decir. Hasta pronto,