En una entrada anterior me referí al debate sobre el modelo de sociedad que queremos, aunque estamos divididos sobre ella. Y acababa con una llamada al realismo: ha de ser sostenible, desde el punto de vista financiero. Pero, ¿qué significa esto? Utilizaré la metáfora de la familia.
Una familia tiene cada año unos ingresos y unos gastos ordinarios (consumo) y, por tanto, un saldo, que será su ahorro (positivo) o su desahorro. El saldo tendrá un impacto en su balance: aumento de los activos y/o reducción de los pasivos, si es ahorro, y lo contrario, si es desahorro. Pero, además, la familia puede querer llevar a cabo inversiones (comprar un inmueble, montar un negocio familiar), para la que necesitará también financiación; o desinversiones si, por ejemplo, vende un paquete de acciones. Al final, el déficit (o superávit) de su cuenta corriente, más su inversión (o desinversión) representarán toda su necesidad (o capacidad) de financiación: el aumento (o disminución) de su deuda. Y, consiguientemente, una decisión sobre el tipo de deuda: a corto o largo plazo, con qué entidad, con qué garantías, etc. (lo que podríamos llamar la política de deuda de la familia, que, habitualmente, dependerá sobre todo de las preferencias de la entidad que le preste).
Todo esto se repite en el sector público de un país: ingresos corrientes (impuestos), gastos corrientes, déficit o superávit corriente, gastos de inversión o desinversión, y necesidad o capacidad de financiación.
La familia se enfrenta a dos problemas, principalmente: la posibilidad de atender periódicamente el servicio de la deuda (intereses más devolución del nominal), en función de sus ingresos, y la posibilidad última de devolver la deuda (solvencia), en función del saldo de sus activos y pasivos, incluyendo el valor actual descontado de sus ingresos futuros esperados (esto explica que los bancos pidan un seguro de vida, o el aval de otras personas cuando conceden créditos a largo plazo).
Las administraciones públicas tienen también el problema del servicio de la deuda, en función de sus cuentas periódicas, pero el problema de la solvencia no se considera relevante: se supone que un gobierno no puede ser insolvente, porque tiene la capacidad coactiva de cobrar impuestos a sus ciudadanos (y, en su caso, de emitir dinero a través de su banco central). Pero como la deuda tiene vencimientos periódicos, necesitará refinanciar la deuda, lo que puede suponer tener que pagar primas de riesgo muy altas, que equivalen, de hecho, a la negativa de los mercados a comprar esa deuda. Y esto sería la insolvencia: la imposibilidad de pagar una emisión deuda a su vencimiento, porque no se puede emitir otra deuda en sustitución de la anterior, a un precio razonable.
A la vista de esto, ¿qué queremos decir cuando nos preguntamos por la sostenibilidad del estado del bienestar de un país? Habitualmente, nos referimos a unos gastos que tienen asignados unos ingresos determinados (en España las pensiones se pagan con un impuesto sobre el trabajo, llamado cotizaciones sociales). No sostenibilidad significa que, en algún momento, los ingresos no serán suficientes para cubrir los gastos, de modo que el ente que gestiona las pensiones tendría que declararse en quiebra.
Pero esto, obviamente, no tiene por qué ocurrir, primero, porque se pueden dedicar otros recursos de los presupuestos generales del Estado, pasando la patata caliente al conjunto de las cuentas públicas o, segundo, permitiendo a la seguridad social emitir deuda. Pero no tendría mucho sentido esa emisión de deuda, si el saldo de las pensiones fuese negativo durante mucho tiempo: en última instancia, la deuda emitida para financiar las pensiones sería pagada por el Estado. La presunta insolvencia de las pensiones formaría parte de la presunta insolvencia de las cuentas públicas.
¿Por qué, pues, hablamos de una insolvencia del estado del bienestar en España? Porque se quiere señalar que lo que lleva a un crecimiento insostenible o indeseable del gasto público es el conjunto de los gastos sociales (desempleo, pensiones, sanidad, educación, dependencia…). “El estado del bienestar es insostenible” quiere decir “el estado del bienestar tendrá un crecimiento demasiado alto, que puede poner en peligro las cuentas públicas”, o también “es necesario revisar los fundamentos y la estructura del gasto social en España”. Y el argumento económico pasa a ser político. O ideológico.
… y por qué razón lo que hace insostenible el estado de bienestar social es el conjunto de los gastos sociales??? Por qué la razón no pudiera ser: (1) La enorme corrupción de los partidos políticos; (2) la falta de transparencia en la gestión del dinero público en las alcaldías y autonomías; (3) la duplicidad de cargos burocráticos innecesarios, pero necesarios para el clientelismo y enchufes; (4) los altos costes militares; (5) los gastos de subvención de la Iglesia católica; … Por qué no ahorrar en otros rublos que no sean los gastos sociales, elevando la eficiencia de la Administración. Eso es lo que hace una familia responsable, eliminar los gastos superfluos…El estado español no puede hacer los mismo????
Estoy de acuerdo con Horacio, estamos donde estamos por el mal uso del dinero público. Se nacionalizan las deudas de empresas privadas y se privatizan empresas públicas que dan beneficios.
Gran clase de finanzas profesor. Y ocurre que las innovaciones (tema económico) como es descubrir un procedimiento para palear la enfermedad de un hermano (en el ejemplo de la familia) puede llevar a grandes ahorros que algún pariente político demande ante el colegio médico como «ejercicio» perverso hacia la profesión; y lo que podía ser un gran invento se convierte en pena de cárcel para el innovador. La mejora del DNA del producto (cómo palear la enfermedad que cuesta mucho por los métodos convencionales) se convierte en un cáncer social (deterioro del DNA) por culpa de un «político» convencional que «financia» así su ascenso socio-económico.