Hace unos días, Felipe González, que fue Presidente del Gobierno, contestó a unas preguntas en El País (aquí). Dijo unas cuantas cosas que me gustaron. Que le horroriza la estupidización de la política. Que le horroriza la renuncia de los políticos a poner a la sociedad ante sus problemas. Y que cree que hace falta un nuevo pacto social.
Estoy de acuerdo. España se encuentra ante un conjunto de problemas a corto, medio y largo plazo, que los distintos gobiernos, pasados, presentes y potenciales, no tratan de resolver, porque temen poner a los ciudadanos ante la evidencia de cosas que hay que hacer, que son costosas pero necesarias. Me acordé de los Pactos de La Moncloa (1977), un momento en que los políticos de todos los partidos con representación parlamentaria se pusieron de acuerdo en unas cuantas medidas necesarias para corregir el rumbo a corto plazo (la inflación ya iba por dos dígitos, y subiendo), a medio (había que entrar en la Unión Europea) y largo plazo (con palabras de Enrique Fuentes Quintana, nos jugábamos la democracia). Es verdad que aquellas circunstancias eran inmejorables. Todos los actores eran nuevos, pues incluso los que habían ocupado posiciones en el franquismo se presentaban con credenciales nuevas. Todas las culpas se podía echar a los anteriores. Nadie estaba seguro de que mandaría dentro de cuatro años. Los problemas eran graves y bien conocidos. Y el país necesitaba un cambio, lo pedía a gritos.
Todas esas circunstancias no se dan ahora. Pero, sobre todo, falta una, que entonces se cumplía: había líderes políticos, reales o potenciales, que estaban dispuestos a jugar al pacto social. No sé si habrá que esperar a esos líderes, o si los actuales serán capaces de hacer el cambio.
Discrepo del ex-Presidente del gobierno en el enfoque de ese pacto social. Él lo centra en la «parte redistributiva como misión del Estado». Es el enfoque socialista. Yo no lo veo como redistribución, sino como reordenación de las cosas, para que haya un futuro aceptable para todos. No lo entiendo como «te toca repartir tanto», sino «la factura que hemos de pagar entre todos sube a tanto y, por tanto, te toca tanto». Lo primero provocará, sin duda, reacciones: «¿pagar yo? ¿Por qué? No quiero que los demás se aprovechen de mí». Lo segundo es aceptable: «vale, pagaré mi parte, y espero que las cosas mejoren, para que todos salgamos adelante y no haya que seguir pagando facturas extra».
Felipe González pone números al Pacto: 14 puntos del PIB para las pensiones, 10 como mínimo para la sanidad, entre 5 y 6 puntos para la educación, «y todavía no hemos hablado de cómo funciona la justicia, de cómo funciona la policía, de qué defensa queremos, de cuáles son los servicios generales». Todo esto va a parar a los ciudadanos… a través del sector público. Al privado solo le queda pagar. Pero ese pacto es incompleto: no deja lugar para el sector privado. Si lo que hay que aportar es un 30% más del PIB para empezar, los ciudadanos no querrán pactar: que paguen los otros, los ricos, los pobres, los catalanes, los andaluces, los que tienen capitales fuera, los que viven de la sopa boba…
Yo concibo ese posible pacto como algo parecido a los de La Moncloa: un programa que incluya la lista de problemas, a corto y largo plazo; las prioridades (importante: no se puede hacer todo al mismo tiempo, también porque algunos tendrán que pagar hoy con la esperanza de cobrar mañana, y esto puede ser muy exigente); las medidas, los resultados esperados (con plazos, como he dicho) y, claro, las facturas, en plural: la de pagar más impuestos, la de retrasar una mejora salarial, la de trabajar más, la de echar el resto en el sector social…