Claro que lo es. Por un problema de sostenibilidad, pero sobre todo por un problema de justicia. Porque decimos a las futuras generaciones que deberán calcular sus pensiones teniendo en cuenta las contribuciones sociales de toda su vida laboral, y luego les condenamos a largos años de desempleo, de un contrato basura a otro. Y hay que poner remedio a esto, como explicaba en «¿Qué hacemos con las pensiones» en El Periódico hace unas semanas.
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