¡Así no se gobierna…!

Es curioso que, en los asuntos públicos, se aplica un rasero distinto del que se usa en los asuntos privados. A las empresas les exigimos que sean transparentes: primero, porque los inversores privados quieren saber qué están haciendo con su dinero, y segundo, porque nos parece que la claridad de sus cuentas facilita el control de la sociedad. Muy bien. Con las entidades sociales y con los sindicatos somos menos exigentes. ¿Por qué? ¿Porque no tienen un inversor privado que se juegue su dinero ahí? ¿Acaso no nos jugamos el dinero todos los ciudadanos?

Y luego están las Administraciones públicas, cuya falta de transparencia es inexplicable. ¿Se deben pensar que el dinero es suyo, que se lo han ganado limpiamente y que tienen derecho a usarlo como quieran, aunque sea saltándose lo que manda la ley? ¿O es quizás que los ciudadanos no nos ocupamos de qué se hace con nuestro dinero?

Un ejemplo más es el artículo de Expansión de hoy, titulado «El Tribunal de Cuentas denuncia los agujeros en los convenios públicos» (verlo aquí). El uso de los convenios entre Administración y empresa es una manera de saltarse las exigencias de los contratos públicos, de modo que «la gestión de los fondos públicos discurre por cauces jurídicamente inseguros«, dice el Tribunal de Cuentas. A menudo, ocultan verdaderas subvenciones, fuera de la ley; no se sabe con qué criterios se dan esas cantidades, quién recibe el dinero (¡cielos!), no se garantizan los criterios de concurrencia, igualdad y no discriminación,… En fin, que si esto ocurriese dentro de una empresa, hace tiempo que habría saltado la cúpula directiva por conducta manifiestamente irregular. Pero… los mecanismos de control de la Administración son claramente insuficientes: más bien parecen diseñados para que ellos hagan lo que quieran.

Bien, pero, ¿de qué cifras hablamos? Según el Tribunal, de 10.251 convenios en diez años, con 32.527 millones de euros aportados por el Estado a las Comunidades Autónomas. Y, por si fuera poco, no sabemos los convenios que se han firmado con los ayuntamientos y directamente con las empresas.