¿Es posible un «corralito» en España? (segunda edición)

Hace casi un año escribí una entrada en mi blog con el mismo título (verla aquí). Lo que yo intentaba entonces era llamar la atención de mis lectores sobre los problemas de la economía española, principalmente el problema de la deuda soberana y el consiguiente problema de la crisis del sistema financiero, porque me parecía que muchos conciudadanos se encogían de hombros ante esa eventualidad, y por eso quise despertarles.

Desde entonces no he vuelto a tratar el tema en mi blog, porque me parecía alarmista. Me sonaba algo así como ir a visitar a un enfermo y preguntarle: por cierto, ¿estás al corriente de pago en el seguro de enterramiento? Pero ahora el tema del corralito está presente en muchas conversaciones ordinarias, y por eso me parece conveniente dar mi opinión.

El corralito surgió en la crisis argentina de 2001. Consiste en una disposición legal que limita la cantidad de dinero que uno puede retirar de su depósitos en un banco durante un tiempo. Su objeto es permitir a los clientes del banco retirar algo de el dinero para sus necesidades, pero impedir que la gente se lleve grandes cantidades, sea para guardarlo en una caja fuerte o en el colchón, sea para llevarlo al extranjero. De este modo se evita lo que se suele llamar una «carrera» contra los bancos, un pánico bancario, que tiene lugar cuando el público trata de llevarse su dinero cuanto antes, porque teme que el banco pueda estar al borde de la suspensión de pagos. Y esto afecta a todos los bancos: si paso por delante de la oficina de un banco que no es el mío y veo una cola de gente, y les pregunto qué hacen, y me dicen que van a llevarse el dinero porque temen que el banco no pueda devolvérselo más adelante, es lógico que yo piense que esto puede ocurrir también en mi banco, de modo que acabo organizando una cola en mi oficina, que hasta hace un rato no tenía problemas, y que en este momento empieza a tenerlos.

Carreras contra los bancos las ha habido desde hace siglos. Algunas de ellas acabaron con la quiebra del banco; otras muchas se solucionaron con la ayuda del Banco Central y un poco de imaginación por parte del director de la sucursal. Recuerdo haber leído en la historia de una caja española que, cuando un cliente se encontró en la ventanilla con todos los billetes que había retirado de su cuenta corriente, preguntó al empleado de la sucursal: ¿qué hago ahora con todo esto? Y el empleado le contestó: si quiere, se lo guardamos nosotros. Y así fue: recuperada de golpe su confianza (si el banco no le había puesto pegas para llevarse su dinero, eso quería decir que los rumores sobre su insolvencia eran falsos), volvió a ingresar el dinero.

Todos estos problemas se arreglan mediante dos mecanismos. Uno es el Fondo de Garantía de Depósitos que, en el caso de España, garantiza la recuperación de los depósitos hasta un máximo de 100.000 euros. Y otro es la actuación decidida del Banco Central que, dispuesto a ayudar, pone a disposición del banco en dificultades cantidades ingentes de liquidez, hasta que los clientes se convencen de que el banco no tiene problemas.  

Para que haya un corralito en España ahora es necesario, primero, que haya una retirada masiva de fondos de los bancos (no de uno o dos bancos, sino de todos o de muchos), es decir, que se haya perdido la confianza en la solvencia del sistema financiero del país en pleno. Segundo, que se haya perdido la confianza en el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos, o sea, en el Estado, que es el garante último de ese Fondo. Y tercero, que el Banco Central no quiera o no pueda solucionar el problema.

Lo primero, la retirada masiva de fondos, no se ha producido en España, al menos hasta ahora. Se han retirado depósitos de algunos bancos intervenidos, pero esto es normal cuando hay sospechas sobre esas entidades en concreto. Pero el miedo es libre y uno puede perder la confianza en todos los bancos españoles, y querer llevarse el dinero a su casa, o a Luxemburgo, o a Zurich. Y, claro, si el banco va perdiendo liquidez día a día, en algún momento dejará de pagar. Y antes de que esto ocurra, el gobierno decretará el corralito, es decir, la limitación de la retirada de fondos (otra cosa es que esto sea factible, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea).

Lo que nos lleva a los mecanismos de protección mencionados antes. En Argentina, antes de la crisis de 2001, circulaban dos monedas, el peso y el dólar, con una paridad  de un peso = un dólar. El Banco Central no podía fabricar dólares, claro, pero tampoco pesos, que solo podía emitir contra la entrega de dólares. Esto significa que el mecanismo de salvamento para los bancos estaba bloqueado: aquel generoso envío de billetes a los bancos para tranquilizar a los clientes no podía producirse. Por eso la situación se hizo crítica, y acabó en el corralito.

¿No puede ocurrir esto también en España? Sí, porque el Banco de España no puede fabricar euros; los fabrica el Banco Central Europeo. De modo que, en principio, aquí podemos tener el mismo problema: el director de un banco llamando desesperadamente al Banco de España diciendo: ¡envíenme billetes, que mis clientes se han vuelto locos y quieren retirar todo su dinero!, y el Banco de España contestando: no tengo billetes para enviarle, porque no me los da el Banco Central Europeo. O sea que, efectivamente, es posible un corralito en España.

Vale. Pero volvamos a pensar en esa eventualidad. No podemos obligar al Banco Central Europeo a mandar camionetas con billetes a nuestros bancos, como los argentinos no podían obligar a la Reserva Federal norteamericana a enviar millones de dólares a Buenos Aires. Pero hay una diferencia considerable: la Reserva Federal no tenía ningún interés especial en salvar a Argentina, pero el Banco Central Europeo tiene mucho interés en salvar a España y a su sistema bancario. Porque somos sus socios (propietarios, de hecho, de una parte de su capital). Y porque la insolvencia de España produciría gravísimos quebrantos a Europa, empezando por serias dificultades en sus bancos. Por tanto, es lógico pensar que si se produce aquella pérdida de confianza masiva, Europa se interesará en frenar la salida masiva de dinero de España. E insisto, no es solo cuestión de que Europa sea altruista y generosa con nosotros: echarnos una mano, si es necesario, les conviene a ellos. Y lo pueden hacer (el coste para Alemania, por ejemplo, sería probablemente mucho menor que el de la quiebra española y nuestra salida del euro). Y forma parte de los deberes que todos hemos asumido cuando firmamos primero el tratado de la Unión Europea, y luego el de la moneda única.

Resumiendo: ¿es posible una retirada masiva de depósitos de los bancos españoles? Sí. ¿Es probable? Con la información que tenemos ahora, me parece que no. ¿Se puede evitar? Sí, en la medida en que consigamos que no se pierda la confianza en el sistema financiero español (importa menos si se trata de un banco concreto, aunque esto puede crear dudas, fundadas o no, sobre los demás bancos). O sea, en la medida en que los bancos actúen con transparencia, contando su situación real (aunque sea delicada) y poniendo más cuidado en su negocio; y que las autoridades monetarias obligan a los bancos a manifestar en sus balances su verdadera situación; y que las medidas para recapitalizar los bancos dan resultado. Lo cual depende, en algunos casos, de los bancos mismos; en otros, de las ayudas externas, empezando por las del Estado y, en última instancia, de lo que decidan el Fondo Europeo de Estabilización Financiera y el Banco Central Europeo. Porque, como ya he dicho, en última instancia la llave para resolver las situaciones complicadas la tienen las autoridades de la eurozona. También en esto, nuestra situación es muy distinta de la de Argentina en 2001.

Una moraleja de todo lo anterior es que conviene ir cambiando el discurso, hasta ahora frecuente entre muchos ciudadanos, políticos y medios de comunicación, acerca de «por qué estamos salvando a los bancos y no a los ciudadanos». Salvar a los bancos es salvar a los ciudadanos, porque los bancos guardan nuestros depósitos; ellos pasan, de un modo u otro, nuestros planes de pensiones y nuestras inversiones; y ellos gestionan nuestros medios de pago (¿cómo funcionaríamos si, de repente, dejasen de funcionar los cajeros automáticos y las oficinas de los bancos?), etc. Salvar a los bancos no es salvar a los ricos; las acciones de los bancos están, directa o indirectamente, en manos de muchos millones de ciudadanos, que ya han empezado a enterarse de lo que significa la caída de un banco: sus acciones han perdido ya casi todo su valor.

He vuelto a leer esta entrada varias veces, porque no me gustaría pecar de ingenuo respecto de la situación de nuestros bancos, ni tampoco de alarmista. A la hora de la verdad, en el juicio sobre estos temas las posiciones son muy distintas, y no es fácil que nos pongamos de acuerdo. Gracias por vuestra comprensión.

6 thoughts on “¿Es posible un «corralito» en España? (segunda edición)

  1. El Fiscal General del Estado ha abierto ya diligencias para investigar qué ha sucedido en las cajas de ahorro y si hay delitos.

  2. Salvar a los bancos porque «no hay más remedio», teniendo en cuenta su mala gestión y los errores, por no decir las estafas, de los que son responsables, es una cosa. Hacernos creer que los ciudadanos les tendríamos que dar las gracias, porque el rescate se hace «para salvarnos» no es ingenuo. Es un insulto a la inteligencia.

  3. De acuerdo en gran parte menos en esto:

    «Salvar a los bancos es salvar a los ciudadanos, porque los bancos guardan nuestros depósitos;»

    Hay un pequeño matiz. El Estado debe salvar los depósitos de los ciudadanos.

    Eso puede hacerse salvando a los bancos (lo que implica mantener por ejemplo el pago de dividendos a los accionistas de los bancos o el pago de los salarios e indemnizaciones de los directivos de los bancos).

    No soy experto en derecho mercantil ni en banca pero imagino que también podría hacerse liquidando la sociedad (el banco), incluida la subasta de todos sus bienes y poniendo los primeros de la cola a los ciudadanos con depósitos/ahorros. Si pese a la liquidación no queda dinero para pagar, pues se podrían embargar los bienes de los administradores de la sociedad por administración temeraria (eso incluiría quitarle los bienes a Rato u otros administradores), y se depuran responsabilidades penales de haberlas.

    «Artículo 133.1 de la Ley de Sociedad Anónimas: Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.»

    Si pese a ello no se recuperan los depósitos de los ahorradores, entonces podría recurrirse a la inyección de capital por parte del banco central directamente a esos ahorradores hasta cubrir los depósitos/ahorros.

    Si se demuestra que un ahorrador ha invertido su dinero en un producto de riesgo, inducido por engaños del comercial del banco (ejemplo «las preferentes» o incluso las acciones de Bankia) se va por la vía penal por estafa o publicidad engañosa y que respondan con su patrimonio personal aquellos que estafaron o autorizaron u ordenaron la publicidad engañosa.

    «Artículo 248 del código penal: Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.»

    Lo contrario, es decir el rescate la entidad y con ella de sus directivos, lo que transmite a la sociedad es una absoluta desconfianza del sistema económico y político en general, pues lo que la gente percibe, y con razón, es que a la hora de la verdad se premia a los hacen mal su trabajo o se endeudan en exceso y se castiga a los ciudadanos responsables y ahorradores.

    El mensaje que se transmite es absolutamente perjudicial para una sociedad capitalista.

    No olvidemos que aquí ha habido gente que ha hecho mucho dinero gracias a la especulación financiera y los productos tóxicos, dinero que, vía bonus, salarios generosos e indemnizaciones suculentas ahora forma parte de su patrimonio personal y que no parece que vayan a devolver, mientras que se pide al Estado (vía contención del gasto público y del recorte del Estado del bienestar) que salve a los pequeños ahorradores que son los menos culpables del asunto.

    1. Gracias. Estoy de acuerdo; no podía extenderme más en mi entrada, porque era ya demasiado larga.
      De todos modos, aquí nos encontramos con un dilema. Dejar caer la entidad y salvar a los accionistas es la acción más lógica, pero entraña lo que se llama «riesgo sistémico»: si ha caído una entidad, pueden caer otras, y entonces todas están bajo sospecha, y podemos acabar con todas en la quiebra. Por eso, los gobiernos suelen preferir salvarlas a todas, aunque sea más caro. Bueno, lo que hacen es entrar, arreglarlas (con dinero público, claro) y venderlas luego, totalmente o a trocitos; en algunos casos concretos, en el pasado, se ha cerrado alguna entidad (lo que equivale a cerrarla a trocitos: otra entidad se queda con sus créditos y activos, se venden los edificios, etc.).
      Estoy de acuerdo en lo de proceder contra los administradores que han echado a perder la entidad. Otra cosa es que esto sea efectivo ante un juez. El juez no aceptará, probablemente, el resultado final, las pérdidas de la entidad, porque esto no tiene por qué ser la consecuencia directa de la actuación de los administradores. Se puede probar falta de acierto en las decisiones, pero esto no es un delito.

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