Antonio Vives (aquí) abunda sobre un tema que traté hace unos días (aquí): la solicitud, formulada por los sindicatos, de reactivar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Antonio es mucho más concreto que yo, e incluye unas cuantas propuestas que vale la pena tener en cuenta, porque ayudan a entender cómo se ha de promover la RSE:
- Objetivo: corregir «la descoordinación en las administraciones públicas y el desarrollo aleatorio de instituciones relacionadas», para contribuir a elaborar «una estrategia que guíe las actividades e institituciones del gobierno central y ofrezca ideas a los gobiernos de las comunidades autónomas, para que esas actividades e instituciones sean armonizadas y consistentes entre sí».
- Crear «un grupo de trabajo que pueda ofrecer sugerencias al gobierno sobre política pública para potenciar y aprovechar mejor la contribución de la empresa al desarrollo económico y social», con el mínimo número de miembros, simple, con un mandato claro en tema y plazo y fuera de la órbita del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (para que no se polarice en temas laborales). «El objetivo del grupo no debe ser proponer nuevas leyes o nuevas regulaciones, lo que se ha demostrado que puede ser contrproducente y estimular a las empresas a cumplir con el mínimo exigido (y asegurar que ese mínimo es bajo)».
- «Se deben identificar los incentivos positivos y negativos, para que las empresas mejoren su contribución a la sociedad», pero no incentivos basados en subsidios o ayudas financieras.
Y concluye: «En resumen, creo que el CERSE no debe reactivarse como está».
Sinceramente Antonio, me parece que en este tema, como en otros muchos, lo políticamente correcto no deja espacio para la realidad que, en ciertos aspectos, es más profunda y rica y en otros mucho más sencilla de lo que parece. Algunos frases hechas que suscribiría mi abuela, como por ejemplo, «hay que predicar con el ejemplo» pueden servir para ilustrar la cuestión. Antes de volver a poner en marcha el CERSCE, se me ocurre que los sindicatos deberían empezar por: publicar los salarios de sus dirigentes; establecer limitaciones de años de mandato; organizar una elecciones más abiertas y transparentes, en vez de nombramientos sucesorios dignos de las monarquías más tradicionales; esplicar claramente en cuantos consejos de las cajas ha estado presentes en los últimos quince años, quienes y cuanto han cobrado en dietas, cual ha sido su cometido y que resultados ha dado; exponer cuales han sido los resultados efectivos conseguidos con la ingente cantidad de miles de millones de euros del erario público que han gestionado en formación ocupacional y de reciclaje; cuantas empresas han «ayudado» a cerrar con su posición y, sobre todo, en cuantas de ellas, después, han colaborado con su troceado y venta, lucrándose… y así, podría seguir con unas cuantas páginas más. Una vez hubieran predicado con el ejemplo, podrían constituir el CERSCE y dar «lecciones» sobre el tema. Y que conste que en este tema pienso lo mismo respecto al 99% de las empresas y de los políticos…
La Responsabilidad Social de las Organizaciones (privadas o públicas) estimo que es un tema o campo de problemas propio de la reflexión ética (que no es sino una forma de hacer filosofía) pues se trata ahí de explorar y discutir cómo las decisiones de los responsables de una organización deben tomarse en un horizonte o enfoque que no excluya la consideración de obligaciones morales respecto, por ejemplo, al propio personal, o al conjunto de «stakeholders» del sistema.
Ahora bien, la institucionalización, o la misma legislación estatal que podría establecer obligaciones jurídicas respecto a este tipo de decisiones es algo que plantea otros problemas que no parece sean ni siquiera tenidos en cuenta por quienes han presentado propuestas sobre esos organismos.
En la Antigüedad, por ejemplo, la Politica y la Ética eran vistas por Aristóteles practicametne como un mismo campo de reflexión. En la Escolástica se siguió manteniendo mucho tiempo el «ius sive iustum» (inclusivo, no excluyente como habría sido ius aut iustum). Pero desde el comienzo de la Modernidad el Derecho se disocia claramente de la Ética, aunque siga siendo problema nada claro es la relación entre ambas dimensiones de la vida social.
Aunque en evolución del pensamiento platónico sobre la Politica (desde la República, pasando por El Politico, hasta las Leyes), el pensador ateniense ya admitiera la imposibilidad de realizar una organización de la Polis conforme a las Ideas, los que en la práctica crean el Derecho en la forma en que todavía se lo comprende son los romanos. Estos más que independizar al Derecho de la Moral lo independizaron de la Religión en que veían integrada la base de toda obligación moral.
Lo que no se puede hacer es pasar simplemente por alto esta cuestión de las relaciones entre la Reponsabilidad Social como obligación moral y formas organizativas o jurídicas de institucionalizar, en una forma de derecho de instituciones, un organismo que vele por el cumplimiento «moral» de esas obligaciones.
Desde el punto de vista práctico lo que vemos en muchas empresas con departamentos dedicado a esos controles de lo moral más bien desaniman. Muchas veces creo que sólo se crea una fachada de decorado cinematográfico destinada al Marketing más duro de la entidad.
En mi opinión, la única forma de fomentar que los directivos atiendan a sus responsabilidades ante los Stakeholders (en la Administración, los ciudadanos) es mediante EDUCACION integrada en que la atención a disciplinas especiales de tipo organizativo, técnico etc. no excluya la participación en procesos de formación en la dimensión ética.