Ese es el título de una entrada en el blog «El sónar» que leí hace unos días. Parece que el Ministerio de Justicia tenía 478.233 expedientes de nacionalidad acumulados, que aumentaba, además, al ritmo de 10.000 nuevos al mes. Para resolver el problema, el Ministerio firmó un convenio con el Colegio de Registradores, cuyo resultado ha sido la resolución de 315.032 de esos expedientes, con la expectativa de desatascar la situación antes de 2013. Quizás haya contribuido a ello la esperanza de que los Registradores se hagan cargo del Registro Civil, o el hecho de que no tienen trabajo, por la caída de las transacciones inmobiliarias. Y, además, lo han hecho no abriendo la mano: el porcentaje de solicitudes denegadas es cinco veces superior al del Ministerio en los últimos años.
Una golondrina no hace primavera, ya lo sé. Pero saco de esto algunas conclusiones. Una: hay soluciones para la reforma de las Administraciones públicas, tan necesaria, que no pasan por aumentar el número de funcionarios, sino más bien lo contrario. Dos: la tesis de que uno se puede fiar solo de los funcionarios de carrera no tiene mucho fundamento: si ponemos nuestra salud en manos de médicos públicos y privados (casi siempre son los mismos, a horas distintas y en lugares distintos), y la educación de nuestros hijos en maestros funcionarios o no, ¿por qué vamos a pensar que las Registradores no van a saber llevar a cabo una tarea administrativa como la citada antes, o que lo van a hacer con criterios sesgados por razones económicas o de otro tipo? El blog que cito concluye: «La idea de que solo las estructuras públicas sirven de verdad al ciudadano demuestra una vez más ser una creencia sin fundamento. El verdadero servicio público es el que resuelve los problemas del ciudadano con eficacia y fácil acceso, lo preste quien lo preste».
Totalmente de acuerdo profesor.
El de mi mujer ha sido uno de los 478.233 expedientes de nacionalidad acumulados, la administración ha tardado dos años y medio para volver a solicitar varios documentos que ya habíamos entregado pero que habían «caducado» por el tiempo transcurrido. Además, nos han dado un plazo de una semana para solucionar las «deficiencias». Es decir, nosotros les esperamos dos años y medio y la administración nos da un plazo de una semana. Está claro quién está al servicio de quién…
Creo que muchas labores realizadas por funcionarios de carrera podrían encargarse al sector privado, a empresas especializadas y con más medios que la administración, lógicamente a cambio de un beneficio. A esto en las empresas lo llamaríamos externalización.
Igual que una empresa externaliza servicios críticos como su logística, ¿por qué no pueden hacer lo mismo las administraciones? ¿por que determinadas personas se rasgan las vestiduras si se plantea la externalización de la gestión de un hospital público? creo que demasiadas personas en este país no se paran a pensar un minuto y simplemente aplican sin más el «manual» de su idelogía de cabecera. Demasiada ideología y poco sentido común.