Yo diría que no ha empezado todavía. Me refiero a la reforma de las Administraciones Públicas en España. Expansión ofrecía el día 30 de noviembre una doble página, titulada «El ERE [expendiente de regulación de empleo: el instrumento para despedir a trabajadores de forma colectiva] pendiente de la política». Las cifras que da son llamativas: 17 parlamentos regionales, casi 4.000 empresas públicas que emplean a 154.000 trabajadores, partidos políticos que viven del erario público (alrededor de 300 millones de euros al año), un Senado sobredimensionado y sin funciones prácticas, las prebendas para la patronal y los sindicatos (los escándalos recientes no están teniendo repercusiones en esta partida), las duplicidades siguen sin frenarse… y más cosas que no cuento, porque el lector las conoce ya.
Oiga, todo esto es muy lógico. La famosa ley de Parkinson, que se divulgó cuando yo era todavía estudiante, contaba que el objetivo de un funcionario o político es crear una estructura debajo suyo que haga su trabajo imprescindible y su presupuesto creciente; no decía nada de la eficiencia y rentabilidad social de su trabajo. Cerrar un puesto de trabajo público es casi imposible: la señora Thatcher lo intentó, y dio marcha atrás ante la amenaza de una huelga de funcionarios: ¿se imaginan ustedes qué pasaría en España si durante, digamos, siete días ninguna oficina pública funcionase? Ande, haga un esfuerzo de imaginación, y se dará cuenta de por qué los políticos no quieren enfrentarse a la reforma de la Administración Pública. Quizás es que no quieren cortar la rama del árbol en la que están sentados.
Por eso vemos a los distintos gobiernos esforzarse desesperadamente por aumentar los ingresos, bajo el lema de que el gasto público ya no se puede recortar más.
Pero, de todos modos, el país tiene el reto de reformar su Administración Pública. No de recortar su sueldo un año más -esto es insostenible, e injusto-, sino de cambiar la manera de trabajar, incentivar y remunerar a sus funcionarios, partiendo del principio de que son necesarios -no todos, pero muchos sí-, de que tienen buena voluntad, capacitación y ganas de hacerlo bien -no todos, claro, porque, al final, la cultura de la organización acaba dominando a las personas-, y de que la gente entiende las razones profundas por las que esa reforma es necesaria, aunque, eso sí, cuando sospechamos que el rifle apunta a nuestro puesto de trabajo, pedimos que se prohiba la caza…
Estimado profesor:
Excelente.
Enlazando con el anterior comentario, ¿Tiene usted información de cuantas empresas públicas han cerrado en lo que va de crisis?. Es por establecer una comparación.
Y si va a haber otras entregas sobre este tema ¿Podría cuantificar lo que nos supondría esta reforma o, al menos, hacer una aproximación? Lo digo porque se oyen «por ahí» cifras mareantes que cuesta creer.
Yo también le agrdecería estos datos.
Excelente, profesor. Así es, y para retrasar lo inevitable las empresas y particulares haciendo un esfuerzo sobrehumano y obligado para mantenerlo .
Me podría por favor decir ¿cuántas empresas han desaparecido en España en lo que va de crisis, contando los autónomos? le estaría muy agradecida por ese dato.