Publico hoy en El Periódico mi artículo mensual (aquí, para suscriptores), esta vez sobre la función de los economistas y otros científicos sociales como asesores de los gobiernos. Trato de aclarar ideas sobre el tema, porque, me parece, a menudo pensamos que claro, un eminente experto, con una larga carrera académica, muchos méritos y buena metodología de trabajo, seguro que hace sesudos informes, que los políticos deben tener en cuenta. Pues… no es así.
Como explico en el artículo, hay algunos supuestos incorrectos sobre todo esto. Los gobernantes no siempre buscan el bien común. Ni buscan a los mejores expertos para que les asesoren. Ni los expertos son neutrales (aunque algunos lo intentan). Ni los informes que hacen son claros, honestos y sin ambigüedades, porque, a menudo, las conclusiones de sus estudios no lo son.
La conclusión de lo anterior es que los políticos buscan asesores «de su cuerda», y los asesores procuran decir lo que los políticos esperan, porque, de otro modo, su informe se quedará en el cajón de los recuerdos. Y, aclaro, esto nos significa falta de ética científica. Un estudio, por muy bien hecho que esté, parte de unos supuestos, que muy pocas veces explicitamos, y que condicionan, a menudo sin quererlo ni saberlo, las conclusiones. Y lo que resulta del estudio puede dar lugar a distintas recomendaciones. El aumento del salario mínimo puede ser visto por algunos como una manera de bloquear contratos basuras que imponen las empresas para ganar más dinero, y por otros como una tragedia que dejará fuera del mercado de trabajo a muchos trabajadores.
Acabo el artículo recomendando diálogo y transparencia, cosa que no abunda ni en la política, ni en los medios de comunicación ni en las universidades. Como ya he dicho otras veces, los que asisten a determinados congresos son todos de la misma línea política e ideológica y, claro, no van a otros congresos porque ahí no les harán caso. Pero la consecuencia es que no fomentamos el verdadero diálogo, del que saldrá -esperamos- la verdad.
Antonio Argandoña es Profesor Emérito de Economía del IESE.
Muy buen artículo. Creo que la solución está en la transparencia. Para que no haya más casos Pujol ni paguen barbaridades a sus amigos.
Lo mejor que he leído sobre asesorar a gobiernos es esto: Es divertido y triste a la vez.
He leído el artículo primeramente en El País y ahora, en tu web, me decido a comentar.
Decir que estoy totalmente de acuerdo con la siguiente frase, y mi favorita: «los políticos buscan asesores “de su cuerda”, y los asesores procuran decir lo que los políticos esperan».
Bajo mi punto de vista un economista puede realizar la función de asesor político, teniendo siempre en cuenta ambos cargos y sin mezclarlos; me explico. Una persona no puede acceder a un cargo público con espectativas de lucrarse con sus demás negocios, no es ético.
Digamos lo que digamos los que de verdad están metidos en el asunto seguirán haciendo caso omiso a nuestras críticas, agacharán la cabeza, y al igual que cuando llueve, se pondrán su chubasquero y saldrán corriendo.
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La experiencia nos indica que, por ejemplo, en la polémica que se dio hace unos años en España sobre política hidrológica, la elección de los instrumentos dependía esencialmente del signo político del decisor: (derechas-trasvase), (izquierdas-depuración). Esto ha dado lugar a auténticos disparates económico-ambientales, por ejemplo, en la Cuenca del Llobregat. Tal vez deberíamos reconocer la existencia de problemas que, por su complejidad, no pueden analizarse exclusivamente desde un punto de vista económico de forma rigurosa. Por ejemplo, la unificación de Alemania se realizó sin considerar todas las consecuencias económicas directas o indirectas, sino esencialmente desde una perspectiva Política. Ahora se realizan multitud de estudios a favor y en contra de la independencia de Cataluña. El resultado, en todos los casos, puede adivinarse según la fuente de financiación del estudio. Nos encontramos ante un problema Político, y cualquier estudio económico, será necesariamente parcial.