Empresas ineficientes

Publiqué el 30 de abril en El Periódico un artículo titulado «¿Son eficientes las empresas?». Mi diagnóstico era que no todas, ni siempre. Lo cual no es de extrañar: la idea de una máquina perfecta, funcionando sin fallos día a día, está muy bien para las máquinas, pero no para los seres humanos.

En el artículo explicaba que los costes de la ineficiencia son importantes, y los pagamos entre todos, en forma de menor crecimiento de la productividad y, por tanto, de los salarios. Los factores causantes de las ineficiencias son muchos: fricciones en los mercados financieros, poder de mercado, desigual peso de los impuestos (un impuesto siempre tiene un efecto desanimador de algo, sea consumir, ahorrar, fumar o comprar una casa), costes administrativos y burocráticos, subsidios, fallos en los mecanismos de gobernanza… En el artículo me fijaba principalmente en dos aspectos de esa ineficiencia: el financiero y el laboral.

Un mercado crediticio ineficiente es un freno no solo para el crecimiento de la empresa, sino también para su supervivencia. La OECD publicó el año pasado un estudio sobre las empresas zombies (“muertos vivientes”), que definía como aquellas que, con diez o más años de vida –es decir, no son start ups- cuyos beneficios no cubren los intereses que pagan durante más de tres años. En el caso español, referido al año 2013, el estudio concluía que el 10% de empresas, que daban empleo al 12% de los trabajadores y empleaban el 15% del capital, eran zombies, y que esto congelaba el 15% del capital total de las empresas españolas. O sea, la desaparición de esas empresas favorecería el crecimiento de la productividad, de los salarios y de los beneficios, al permitir orientar los recursos financieros hacia usos más eficientes.

En el fondo, el problema financiero se remite a las reglas de limpieza del balance de los bancos ante créditos incobrables, al funcionamiento de los concursos y procesos de resolución de quiebras, a las medidas de protección del empleo en esas situaciones, etc.: o sea, los costes de recolocar el capital hacia usos más eficientes, y quién carga con esos costes. A menudo, mantener una empresa en vida, para evitar las pérdidas a los accionistas o a los acreedores, especialmente a los bancos, puede tener costes muy altos para todos.

El otro gran ámbito de eficiencia reducida es el laboral. Los costes de despido de los empleados son un freno a la recuperación de las empresas y a la recolocación de los trabajadores hacia empleos más eficientes. Por ejemplo, las empresas se resisten a superar el tamaño a partir del cual los requisitos de representación de los trabajadores o los costes de contratación son mayores, lo que supone un freno al crecimiento normal de las empresas y, por tanto, de la productividad. Y algo parecido ocurre con la dualidad de los contratos laborales: las empresas en pérdidas tendrían interés en despedir a sus trabajadores más caros, pero despiden a los menos caros, precisamente porque son más baratos. Y, claro, esto impone un coste al conjunto de la sociedad.

Antonio Argandoña es Profesor Emérito de Economía del IESE.