Cómo regenerar la vida politica (II)

Vuelvo sobre el tema de mi entrada anterior con el mismo título: Cómo regenerar la vida política. Si hay actividades humanas que reciben el adjetivo de políticas, debe haber una ética política, un conjunto de reglas, prácticas o recomendaciones normativas sobre cómo actuar de manera correcta en esas actividades. Habrá, pues, una ética política personal, la de los agentes que actúan, no como personas privadas, sino por sus implicaciones para la política y para las organizaciones (partidos, lobbies, administraciones públicas, etc.); una ética de esas organizaciones políticas, y una ética de la sociedad política, nacional e internacional.

Ahora bien, no hay acuerdo acerca de en qué consiste esa “manera correcta” de actuar en política. Para muchos expertos (desde Maquiavelo y Max Weber) y políticos, esa manera correcta consiste en poseer, ejercer y controlar el poder: la acción política es autónoma respecto de la ética; lo que cuenta en ella es el cálculo relativo al éxito, en términos de poder. Esta manera de pensar, muy extendida hoy en día, aísla la política de la ética, bien porque la considera una actividad neutra, sin significación moral, bien porque elabora ella misma sus propias reglas morales, que serán cambiantes, no generalizables y, por supuesto, discutibles. En todo caso, la acción orientada al poder no tiene respuesta para las cuestiones sobre lo que es bueno o malo –salvo para los que detentan, controlan o desean ese poder.

Pero si esto es así, no tiene sentido preguntarnos por la regeneración de la vida política: si esta es autónoma, los problemas que se presenten serán siempre de naturaleza técnica y se podrán solucionar con medidas técnicas, que no implicarán ninguna regeneración. Pero hemos dicho antes que hay un clamor muy amplio sobre la necesidad de esa regeneración, debido a que la actividad política ha quedado reducida a una acción meramente estratégica, para acceder al poder y mantenerlo.

Por tanto, más allá de las discusiones de escuela, debe haber una ética política, de carácter normativo, que no puede ser definida por la misma política, ni dictada por los que tienen el poder, o los que lo desean. Una ética que imponga restricciones intrínsecas a las acciones (por ejemplo: no es lícito matar al inocente, ni mentir, ni traicionar), antes del cálculo de consecuencias (lo que validaría la tesis de que el fin justifica los medios), pero que tenga en cuenta no solo unos principios, sino también las circunstancias y las consecuencias. Una ética que tome como punto de partida la acción humana en la política, lo que es genuinamente político de la acción humana, lo que la ordena a la convivencia pública. Una ética que parta, como hemos dicho antes, primero de las personas que participan en la política –y hay muchas maneras distintas de esa participación, desde el ciudadano que se entera, reflexiona y vota, hasta el asesor, el político que toma decisiones, el administrador, el que lleva a cabo las relaciones públicas, el supervisor o controlador, el académico y el magistrado que juzga sobre esas acciones. Y que inspira, en segundo lugar, las administraciones e instituciones, que objetiva las actuaciones, más allá de las que lleva a cabo cada agente, y que impone un criterio coactivo, para evitar que alguien atente contra el orden de la sociedad.

Y todo esto, referido a una sociedad plural, en la que no hay un acuerdo sobre los fines: por tanto, una sociedad que deja un amplio margen de libertad a sus ciudadanos, para que cada uno busque sus propios fines, pero que establece unas metas colectivas, por mínimas que sean, y los principios en que se basa la vida común. Es verdad que el diálogo sobre principios puede ser muy difícil, pero es necesario, ya que nadie puede tomar decisiones sobre sus acciones si no conoce el criterio de verdad contenido en las mismas.

Ya está presentada mi tesis: la regeneración de la política es una regeneración ética, no técnica.