Un nuevo contrato social

Hace unos días asistí a una interesante reunión convocada por Respon.cat para tratar de las posibilidades y condiciones de un posible nuevo contrato social, que sirva para redefinir y concretar los grandes retos de nuestra sociedad, principalmente los referentes al medio ambiente y cambio climático. La mayoría de los asistentes éramos académicos. La pregunta central se dirigía al papel de las empresas en ese posible nuevo contrato social. Hubo, como es lógico, pesimistas y optimistas sobre la viabilidad de ese contrato. Pero ahora quiero comentar brevemente un aspecto concreto de aquella discusión.

La necesidad de ese pacto se deriva de los cambios enormes que ha experimentado la sociedad en los últimos decenios (y los que se presentarán en el futuro próximo), especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad de las empresas por las externalidades provocadas por sus decisiones que afectan al cambio climático, a los derechos de los trabajadores y consumidores, etc. Me pareció que algunos tenían en mente temas como la necesidad de la información no financiera de las empresas, la conveniencia de someterse a valoraciones objetivas por su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o la conveniencia de los rankings sobre esos indicadores.

Si eso es así, me parece que no conviene un nuevo contrato social -que, por otro lado, es muy poco probable que tenga lugar. Un contrato social es un acuerdo entre ciudadanos sobre prioridades y líneas rojas, no sobre detalles de comportamiento. Un ejemplo de ese tal contrato es el que surgió, más o menos espontáneamente, en España en la época de la transición democrática; los «acuerdos» eran muy genéricos: cada ciudadano, un voto; todos han de cumplir todas las leyes; todos han de pagar los impuestos legítimos; el Estado desarrollará los servicios social mínimos para atender las necesidades de los ciudadanos; queremos una economía y una sociedad abiertas y, concretamente, integradas en Europa…

Parece que la propuesta que tenían en mente algunos de los presentes en el debate era la de elaborar un listado de herramientas sobre lo que hay que hacer y cómo hay que controlarlo. Esto supone ignorar los enormes problemas reales que llevan consigo esos instrumentos. Pensemos, por ejemplo, en el intento de convertir la RSC en un número que defina, adecuadamente, los comportamientos de cada empresa en toda la gama de problemas de ASG (medioambiente, social y de gobernanza). No hay manera de que nos pongamos de acuerdo sobre ese tipo de instrumentos y, por tanto, cualquier posible contrato social debe volver a lo que «acordamos» en la transición democrática: cada ciudadano un voto; todos, también las empresas, tenemos responsabilidad de nuestros impactos sobre el medioambiente, etc. Vamos, me parece a mí…