La Ley de Educación: luces y sombras
En un mundo globalizado, nuestra principal (y en ocasiones la única) “baza” competitiva es el capital intelectual y humano de nuestros ciudadanos, siendo la educación uno de los factores esenciales para garantizarlo. La Administración, la sociedad civil, los profesionales de la educación, las familias y los propios alumnos deben asumir su responsabilidad para ser ese motor del cambio que nuestra sociedad necesita.
En Cataluña nos encontramos en la recta final de la aprobación parlamentaria de la ley de educación de Cataluña y toca hacer balance. Han pasado más de 5 años desde que PSC, ERC i ICV firmaron el Pacte del Tinell (14 de diciembre de 2003) donde se comprometían a llevar a cabo un conjunto de reformas educativas para crear una red única, pública y laica. En este periodo de tiempo el despacho de Vía Augusta ha sido ocupado por 4 “consellers” (Bargalló, Cid, del Pozo y Maragall).
Del consenso alcanzado en el Pacte Nacional d’Educació, se pasó a las más de 225.000 alegaciones de padres de toda la red concertada contra el Avantprojecte de llei catalana d’Educació. Finalmente se recobró el “seny”, y el debate parlamentario recondujo la situación a un escenario más estable. El resultado es la llei catalana d’Educació que después de superar su último escollo – el dictamen del Consell Consultiu – parece que se aprobará antes de las vacaciones. Incluso así, la LEC tardará años en desplegar todo su articulado mediante los decretos que apruebe el Ejecutivo (que – no olvidemos – puede cambiar).
Alcanzar un texto consensuado por la gran mayoría de fuerzas políticas, o como mínimo por aquellas que representan a 8 de cada 10 ciudadanos de Cataluña, es un gran éxito del sistema democrático. Sin embargo, el consenso a menudo conlleva que todos cedan algo de terreno para lograr alcanzar un punto de encuentro. Todos perdemos un poco para ganar mucho y sinceramente creo que esta ley, sin ser la “panacea”, fija las bases del cambio que nuestra sociedad necesita.
En primer lugar se gana en estabilidad. No podemos permitirnos el lujo de vernos inmersos en cambios educativos cada vez que hay un cambio político. Esta estabilidad es la que permitirá a los profesionales de la educación centrarse en el ámbito pedagógico.
Se reconoce la diversidad de los centros y el rechazo a la uniformidad como valor del sistema educativo.
Se reconoce el papel de la escuela concertada al definirla como un modelo de interés público, logrando de esta manera que la escuela concertada no sea subsidiaria, sino complementaria de la pública.
Se reconoce el papel fundamental de la familia. Sin su apoyo y compromiso la acción educativa de las escuelas no puede tener éxito.
Se da un paso hacia la gratuidad real para cubrir la insuficiencia del concierto educativo y apostar por su ampliación, tanto en su dotación como en las etapas en las que se pretende aplicar (P0 a P3 y Bachillerato). Se apuesta por un incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 6% del PIB.
Existe una clara intención de reforzar la escuela pública al dotar de autonomía a los colegios e institutos, reforzar el papel de los equipos directivos, posibilitar la carrera docente o implantar la cultura de la evaluación. Todos estos puntos, a pesar de ser una clara apuesta por la mejora educativa, exasperan al sindicato mayoritario en el sector público que intenta, huelga tras huelga, desestabilizar el ambiente educativo.
Persisten, sin embargo, algunos artículos (esa porción de terreno cedido) que desagradan, porque están demasiado abiertos a interpretaciones:
La persistencia de las “zonas educativas” que anteponen los baremos y la planificación a la libertad de elección de centro por parte de los padres; la coeducación como principio rector de nuestro sistema educativo, malinterpretándola como sinónimo de educación mixta frente a la diferenciada; o el % máximo de inmigración – un aspecto positivo – que puede convertirse en perverso si no se dota a los centros concertados de más recursos para acogerlos.
Falta también una buena memoria económica de aplicación de esta ley, así como un planteamiento abierto para dar la opción de la educación diferenciada en la escuela pública, que tan buenos resultados está demostrando en distintos países. En este sentido merece la pena escuchar a una experta sueca convocada para una audición sobre el tema en el Parlamento catalán. [Ver vídeo]
Habrá, pues, que estar pendiente del desarrollo de los decretos, para que se aplique bien la ley, respetando la libertad de todos.
Que no sea tan mala como podría haber sido, según mi experiencia en estas lides, es para suspirar pero no debería ser motivo de celebración. Desde el inicio de los tiempos, empezando en la casi prehistórica Ley de Villar Palasí, la historia nos demuestra que hemos venido asistiendo a un progresivo deterioro de los derechos de los padres y de la autonomía de los Centros de Iniciativa Social. Nunca hacia adelante y siempre hacia atrás, entendiendo por atrás el acercamiento a un modelo de escuela única, pública y laica. No nos engañemos: se trata de un objetivo irrenunciable hacia el que nos dirigen con todos sus medios en un proceso, permanentemente abierto, de negociación en la que ellos nunca retroceden. Siempre avanzan. No tardaremos en asistir a frecuentes desencuentros en la elaboración y/o aplicación de los sucesivos reglamentos. No bajemos la guardia.
Paco Gay
No estoy contigo en la celebración de esta ley, no por lo que apuntas sino por lo que no se puede leer en ella. Los autores de la misma y los succesivos políticos que la deban llevar a buen fin, únicamente trabajan con la idea de arañar votos de nuestra sociedad, siendo tan poco éticos como se pueda ser sin perder votos.
Las infinitas interpretaciones que se puede hacer de esta ley, sin que sienten jurisprudencia, pueden llevar a todo tipo de injusticias (por un lado y por el otro) según sea el viento más favorable para el equipo de gobierno.
He trabajado en un centro piloto en el que se experimentaba la autonomia de centro. Vaya decepción! Espero que los recursos se empleen en cosas mejores, realmente provechosas y que se recupere el sentido docente de los centros y se implique más a Bienestar Social en los problemas familiares de los alumnos, aprovechando al profesorado a dar clase. Los profesores no deberian ser educadores de calle, cosa que se les exige desde el departamento de «educación». Este matiz, educación, es el que usan los políticos para «convencer» a algunos padres que no deben ocuparse de sus hijos y delegan este cometido a los profesores. Craso error!
Estoy más cerca de las tesis del sindicato mayoritario (80% del profesorado catalán) que no está de acuerdo con la ley porque la sufre diariamente y ve los defectos y incongruencias que implica, ya, su aplicación antes de su tramitación en el parlament.
No deseo extenderme más pero sí decir que, en cualquier empresa, la política de calidad y la mejora contínua dependen en gran medida del conocimiento del proceso de los obreros que trabajan en la fábrica o en el servicio a mejorar. Si el 80% de los trabajadores de la enseñanza no estan de acuerdo con la ley… que se puede esperar? puede ser buena porque algunos políticos lo dicen? El tiempo dará y quitará razones.
Sra. Núria:
Moltes gràcies.
Cordialment
Josep Carreras García
Secretari
Junta Catalana Partit Família i Vida
Hola Núria,
No conozco a fondo la ley, creo que te comenté que vivo en España hace un par de años. Pero lo que nunca me queda claro es como se puede conciliar la vida familiar y la laboral cuando en el trabajo tienes una cantidad de días de vacaciones y los niños en general triplican el número. el 1 de septiembre tendrían que estar todos en el cole…
Un abrazo
Verónica
Sra. Núria:
La libertad de enseñanza es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos del Niño y en nuestra propia Constitución.
Atentando contra este principio universal de libertad, la LEC sigue manteniendo las “zonas educativas” que anteponen los baremos y la planificación de la administración a la libertad de elección de centro por parte de los padres.
Para garantizar la libertad de enseñanza, proponemos la implantación del cheque escolar que permitiría a las familias escoger la escuela que quisieran, pública o de iniciativa social, con independencia de su situación socio-económica y su lugar de residencia.
El cheque escolar consiste simplemente en que el dinero que el Estado tiene previsto gastarse en cada ciudadano en edad escolar, lo entrega en forma de cheque a las familias que a su vez lo entrega al centro escolar de su elección y el Estado, posteriormente, abona al centro escolar.
El cheque escolar no es una teoría, sino que funciona con éxito en países como Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etc…
El mayor obstáculo histórico para su implantación ha sido la izquierda en general y su modelo de Enseñanza, piedra angular para el control de la sociedad desde el poder.
Le agradecemos su artículo acerca de la LEC.
Nos ponemos a su disposición.
Cordialmente.
Josep Carreras García
Secretari, Junta Catalana del Partit Família i Vida